El Gobierno hace cuestión de Estado evitar el procesamiento de la infanta Cristina

Los expertos advierten el riesgo de condena, ante las pruebas en contra, si el auto del juez Castro se confirma. Un nevo análisis de este experto en asuntos de la realeza.

Es conocido entre quienes saben de los entresijos de la Justicia en España, que en los años finales del franquismo el ministro de Justicia llamara a los jueces o alguno de los jueces que tenían que conocer determinados asuntos,  indicándoles claramente las preferencias del Gobierno sobre el modo de resolverlo. Era un comentario, no directamente una presión. Pero el mensaje se entendía.

Hoy la cosa se resuelve de manera transparente y nada sutil: los fiscales y los abogados del Estado cambian su papel; el primero se reduce a un mero observador de que se cumplan –como debe ser- todas las garantías procesales para el imputado; el segundo, deja de defender a la sociedad en su conjunto para integrarse en el equipo de defensores, al que asimismo se suma el fiscal.

Hablando de este asunto con un magistrado jubilado, a propósito del procesamiento de Cristina de Borbón, me decía que cualquier penalista tiene que reconocer, objetivamente, que el auto del juez Castro es técnicamente impecable. El razonamiento que conduce a sus conclusiones está hilvanado con toda coherencia y por el sentido común, siendo la propia actitud de la infanta en el acto de deposición al que fue llamada una evidencia en su contra, pues una persona de su inteligencia no puede tratar de escabullirse de sus responsabilidades de modo tan pueril.

Y añade mi amigo dos reflexiones definitivas: el viejo aserto de que alegar el desconocimiento de la Ley lo elude el deber de cumplirla, especialmente en una persona de determinado nivel cultural (aunque esgriman en su descargo que desconocía el origen ilícito de los fondos que con tantos desparpajo manejaba. De todos modos, el fiscal ya echó una mano, indicando que si no sabía la procedencia del dinero no es culpable del uso que le dio), y sobre todo una cuestión definitiva: El problema al que se enfrenta el Gobierno no es ya el procesamiento ni el juicio oral sucesivo, sino la condena.

Es decir, que para cualquier juez, el despliegue de las pruebas que provocan el procesamiento y los hechos son de tan contundencia que resultaría imposible que no recayera condena por los hechos conocidos a Cristina de Borbón. Y el problema no es que la monarquía, y con ella el recientemente proclamado Rey, tuvieran que soportar el lance de ver a Cristina procesada y en el banquillo, eso podría asumirse a la larga; el problema es el resultado, ergo, la condena.

Por lo tanto, el PP asume como cuestión de Estado el parar el proceso en esta fase; es decir, evitar el procesamiento, aunque para ello haya que convertir lo blanco en negro.

¿Y qué va a hacer los tres jueces que deben resolver los recursos contra el procesamiento? De entrada, proclamemos que queremos creer en su independencia. Pero el asunto sigue siendo cuestión que afecta a una institución esencial del Estado. Una forma de salvar la cara y lo que se pueda del prestigio y la independencia de la Justicia sería admitir los recursos por dos votos contra uno, y no procesar a la infanta.

El magistrado discrepante emitiría un voto particular extenso y razonado que sería como un guiño a la sociedad y una muestra de apoyo al juez Castro. Vendría decir “lo que piensan los españoles y el juez Castro razona es cierto y la infanta tendría que sentarse en el banquillo, pero en este trance, hay que sacrificar lo justo a cambio de lo conveniente”.

Ya veremos si el instinto y la experiencia de mi amigo funcionan. De todos modos, cabe preguntarse de qué modo va a influir la decisión que se tome, en cuanto a la estimación de las pruebas contra Cristina de Borbón, en el caso de los otros justiciables. Todavía no esperan muchas, grandes y variadas sorpresas.