Las diputaciones reproducen la opacidad, el clientelismo y el abuso partidario

En España gestionan unos 7.000 millones de euros anuales, pero no explican de forma adecuada su verdadera funcionalidad en la arquitectura institucional. El autor analiza los silencios de las diputaciones.

Las diputaciones provinciales son residuos de un Estado unitario, tienen una representatividad democrática de segundo nivel y carecen de tributos propios (lo que afecta a su autonomía política y responsabilidad fiscal). Las diputaciones provinciales gestionan en España unos 7.000 millones de euros anuales, pero no explican de forma adecuada su verdadera funcionalidad en nuestra arquitectura institucional. Tampoco las diputaciones viven los debates que las elecciones locales generan, pese a que deben rendir cuentes y explicar sus proyectos futuros.

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) refuerza las diputaciones y debilita a los municipios menores de 20.000 habitantes (en Galicia, por ejemplo, son 292; el 93% del total). Su justificación teórica -dice la ley- es garantizar la eficiencia y la estabilidad financiera en la gestión de los servicios públicos municipales, pero ese argumento es una falacia. Porque se ignoran aspectos básicos de la eficiencia, provocando así más confusión, y porque la desorientación del ciudadano votante y contribuyente es ya excesiva.

Pero las diputaciones provinciales afloran comportamientos y decisiones políticas que no deberían ignorarse. Así, el futuro presidente de una diputación, persona de confianza en el partido, no se ocupa de anunciar los problemas provinciales que son de su competencia, ni explica las medidas necesarias para su corrección. Su cabeza está ocupada en otras cosas. Saben que su deber es maximizar beneficios y votos para el partido y ese es su afán prioritario. Así se reproduce el clientelismo estructural, el abuso partidario y la opacidad en la gestión.

Además, la herencia acumulada genera rutina y cultura mercantil (intercambio de favores por votos). Brotan así los nichos de empleo familiar, quiebra la cultura democrática y se multiplican las subvenciones, las concesiones y las obras que discriminan y privilegian. Y por eso decimos que eficiencia y diputación provincial es un cóctel imposible. No se ajusta la oferta a la demanda; no existe identidad entre financiadores y beneficiarios; no se considera el análisis coste-beneficio para afinar la gestión de los servicios.