Barack Obama y Raúl Castro juntos, pero sin llegar a un acuerdo sustancial

    La Cumbre de las Américas celebrada en Panamá terminó sin una declaración representativa del sentir del continente, poniendo en evidencia diferencias políticas y económicas de gran importancia.

Cada tres años en la Cumbre de las Américas, los jefes de estado y gobierno de todo el continente americano se reúnen para dialogar y discutir sobre asuntos comunes. Para América Latina y el Caribe, ello forma parte del arsenal de mecanismos multilaterales que junto con la Organización de Estados Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y otros foros, sirven de escenario para encauzar la integración regional. Para EEUU y muy posiblemente Canadá, la reunión hace las veces de visita obligada para dar la impresión de que todavía hay interés en tratar con los países del sur, sobre todo para EEUU.

La VII Cumbre de las Américas, recién celebrada en la Ciudad de Panamá, se caracterizó por la primera participación de Cuba y el breve pero histórico encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro. Pasado el impacto de ambos sucesos, toca hablar de algo igualmente importante: por segunda vez consecutiva no se emitió una declaración conjunta de principios.

¿Nostalgia?

Esto no siempre fue así. Dos décadas atrás, había un consenso en todo el continente alrededor de dos cosas: democracia liberal y economía de mercado. Según el politólogo Laurence Whitehead, aquellos puntos formaron parte incluso de un proyecto común esbozado en la primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994 a propuesta de EEUU. No se esperaba, dice Whitehead, que todos los países lograran acceder a aquellos objetivos a la misma vez, pero sí se asumió que podían servir de estándar para el continente. Hubo mucho triunfalismo detrás de ambos puntos, pues fueron los más simbólicos del final de la Guerra Fría y la tesis del “fin de la historia”. Traducido a América Latina, Forrest Colburn lo llamó “el fin de la política con P mayúscula” porque con la repentina falta de alternativas a la democracia liberal y la economía de mercado se pensó que ya no habría interés por el cambio social.

Pero aquel triunfalismo dio paso en la mayor parte del hemisferio – es decir, América Latina – a la cruda realidad de unas economías que no alcanzaron los niveles de crecimiento del estado desarrollista de antaño, no evitaron que las brechas socioeconómicas existentes se ensancharan y no animaron a los gobiernos a proveer bienes socioeconómicos básicos. Además, el énfasis en la representación como uno de los cimientos de la democracia liberal dio como resultado unos regímenes exentos de oportunidades para que los ciudadanos pudieran participar más allá de los procesos electorales. Hubo, pues, una oportunidad para reactivar el impulso por el cambio social. El resultado de ello fue el establecimiento en cadena de gobiernos pertenecientes a la llamada “nueva izquierda latinoamericana", con Brasil y Venezuela como casos ejemplares. Sus objetivos principales –eliminar las desigualdades y profundizar la democracia– se diferenciaron concluyentemente del paradigma liberal del “fin de la historia”.

Futuros para escoger

Con todo y la imperiosa necesidad de devolverle a ese liberalismo su promesa de igualdad, la llegada de la “nueva izquierda latinoamericana" tuvo una consecuencia no planeada: el continente americano ya no tiene un proyecto común. Más exactamente, no se ha planteado ni siquiera la necesidad de cambios superficiales en el consenso de 1994. En cambio, las Américas se debaten actualmente entre una multiplicidad de alternativas que no alcanzan a dominar decisivamente el discurso.

En cuanto a desarrollo económico, la primera opción es la misma de 1994, aún defendida apasionadamente por EEUU y materializada en los tratados de libre comercio que ese país ha suscrito con varios países y regiones del continente. El Brasil de Lula y Dilma, el Uruguay de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica y el Chile de los gobiernos socialistas de la Concertación se decidieron por una segunda opción: realizar gastos sociales generosos no previstos por el (neo)liberalismo económico, pero sin alejarse de este. Finalmente, Venezuela, Ecuador, la Nicaragua del sandinismo actual y Bolivia optaron por el “socialismo del siglo XXI”, el cual pretende subordinar el sector privado a metas redistributivas y a un rol mayor del estado en la economía. Cuba podría acceder a ese grupo una vez sus tímidas reformas económicas den fruto. Algunas de las islas-estados del Caribe angloparlante son miembros del ALBA, el bloque económico creado por Venezuela al que Haití quiere ingresar, mientras que la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner se decanta por el populismo económico igualmente característico de esta opción.

En cuanto a desarrollo político, Whitehead asegura que el consenso en favor de la democracia liberal dio paso al establecimiento de dos regímenes imperfectos y contrapuestos. La mayoría de los países socialistas del siglo XXI defienden la “alternativa bolivariana”, la cual se origina en el clamor por una redistribución equitativa de la riqueza pero actúa abiertamente en menosprecio de la democracia liberal, mientras que el trauma del 11-S ha motivado a EEUU a promocionar una democracia plenamente liberal excepto para ciudadanos o grupos considerados como amenazas a la seguridad interna de los países, por lo cual Whitehead le da el nombre de “democradura”. Si dejamos de lado el espectro del terrorismo y prestamos atención a la especificidad del caso cubano, tenemos líneas diferentes trazadas en la arena: el bloque bolivariano, las democracias liberales del resto del continente y una Cuba que insiste en mantener vivas las instituciones políticas de su Revolución, incluyendo el estado de partido único.

La política de las reservas

Como quiera que sea, Whitehead lo tiene muy claro: “a falta de una visión compartida, proyectos antagonistas y parciales pueden emerger y chocar entre sí”. En efecto, desde que Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela por primera vez en 1998, estos proyectos políticos y económicos se enfrentaron en más de una Cumbre.

La declaración final de la III Cumbre, celebrada en Quebec en 2001, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que “preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”. Venezuela se opuso a ese llamado porque “el ejercicio democrático abarca además la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de gobierno, con miras a la construcción diaria de un proceso dirigido al desarrollo integral de la sociedad. Por ello, el Gobierno de Venezuela hubiese preferido, y así se solicitó en esta Cumbre, que en el texto de la Declaración quedase reflejado expresamente el carácter participativo de la democracia”. Venezuela reiteró sus dudas sobre la democracia liberal a tiempo para las declaraciones finales de una cumbre especial celebrada en Monterrey en 2004 y de la IV Cumbre (Mar del Plata, 2005), pero los demás estados no se sumaron a ese escepticismo.

La Declaración de Quebec también pidió celeridad en las negociaciones para la puesta en vigor del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un sueño mimado por EEUU desde la Cumbre de Miami. El eventual fracaso de las negociaciones que supuestamente la harían entrar en vigor para la Cumbre de 2005 se debió especialmente a la resistencia de los países del Mercosur a la exigencia de EEUU de establecer controles de propiedad intelectual y a la negativa de ese país a abrir su mercado agrario a importaciones de países como Brasil, pero el ALCA recibió el rechazo inmediato de Hugo Chávez, quien engendró el ALBA para hacerle la competencia. Oficialmente, la reserva de Venezuela giró en torno a consultas dentro de su gobierno.

En la V Cumbre, celebrada en Puerto España (Trinidad y Tobago) en 2009, Venezuela no tuvo objeciones que merecieran notas al calce en la declaración final. Pero sí las hubo de parte de otros asistentes. La mayoría de los estados estuvo de acuerdo en alentar “el desarrollo sostenible, la producción y el uso de los biocombustibles tanto actuales como futuros, atentos a su impacto social, económico y ambiental”, pero Bolivia se mostró escéptica y planteó “una visión alternativa basada en el vivir bien y en armonía con la naturaleza, para desarrollar políticas públicas que apunten a la promoción de energías alternativas seguras que garanticen la preservación del planeta”. Lo de “vivir bien”, o sumak kawsay en quechua, ha sido presentado repetidamente como un modelo de desarrollo diferente al paradigma (neo)liberal y, debido a ello, es apoyado con ahínco por Bolivia y Ecuador, que lo añadió a la constitución política auspiciada por Rafael Correa.

Nada que hacer

Cuando se apagaron las luces de la VI Cumbre, celebrada en Cartagena en 2012, resultó obvio que hubo desacuerdos lo suficientemente significativos como para no permitir una declaración final. No fue solamente el que no hubo acuerdo entre EEUU y América Latina sobre cómo lidiar con el problema del narcotráfico, sino que tampoco lo hubo en cuanto a invitar a Cuba a la próxima Cumbre o no. Fieles a la agenda política de 1994, EEUU y Canadá se opusieron en redondo a la idea. El resto del hemisferio se unió en una voz por la inclusión de Cuba, pero los países del bloque bolivariano gritaron más alto, Rafael Correa no asistió, Daniel Ortega regresó a Nicaragua antes de tiempo para encabezar una manifestación pro-Cuba y los países del ALBA amenazaron con no asistir a la VII Cumbre si Cuba no era invitada. Aun así, el presidente anfitrión, Juan Manuel Santos, no consideró la falta de una declaración final como un fracaso porque se discutieron temas que antes nadie se atrevía a traer a colación.

Esa valentía no estuvo presente en la pasada Cumbre. De hecho, el país anfitrión exhortó a los países asistentes a dejar de lado los temas políticos polémicos y a concentrarse en los temas escogidos para la cita continental. El bloque bolivariano estuvo de plácemes entonces porque la declaración de Venezuela como amenaza a la seguridad nacional de EEUU, hecha durante los prolegómenos, le dio una oportunidad para defender su weltanschauung ante otra afrenta más. Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en la sesión plenaria son un hito: “¿Por qué se combate y se tilda de populista a los gobiernos de América del Sur que tienen los mayores logros en materia de derechos humanos? ¿Por qué apoyaban o apoyan a gobiernos que plantean políticas neoliberales y excluyen ciudadanos?” Al final, EEUU y Canadá no estuvieron de acuerdo con el resto del continente en cuatro puntos: la transferencia de tecnología sin restricciones a países económicamente rezagados, la fijación de responsabilidades comunes para enfrentar al cambio climático, la salud como derecho humano fundamental y un acceso más amplio a las tecnologías de la información. Por eso no hubo declaración final en la clausura de esta Cumbre.

El fondo del problema

Pero, ¿qué de los acuerdos que sí ha habido en otras áreas? Después de todo, en las declaraciones finales que se emitieron, bolivarianos y liberales han estado de acuerdo en todo lo demás que se ha dicho, desde la eliminación de la pobreza extrema hasta la erradicación del VIH/SIDA. Se han tendido puentes en medio de las diferencias, como dijo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, al final de esta Cumbre; en consecuencia, es razonable ser optimista en cuanto a la posibilidad de que el continente urda una visión fundamental compartida, es decir, a dónde se quiere llegar y qué camino se tomará. No obstante, también hay que ser realistas en cuanto a la 'probabilidad' en estos momentos de que ello ocurra.

Simplemente hablando, el continente está dividido alrededor de basamentos económicos y políticos demasiado básicos como para no agarrar al toro de la falta de consenso por los cuernos. Raúl Castro declaró en Panamá que la producción de contenidos en Internet debe ser democrática y participativa, pero se sobreentiende que el gobierno cubano jamás permitirá el acceso a cualquier contenido que critique demasiado a la Revolución o demande un cambio político en Cuba. Es igualmente poco probable que EEUU altere su economía, como Venezuela lo hizo, en aras de resolver su desigualdad socioeconómica creciente. Y claro está, cumplir con cualquier mandato para promover la participación ciudadana y gobernabilidad democrática está influenciado decisivamente por cómo se entiende la democracia en sí y cada bando tiene su propia definición del término. EEUU no hará nada más allá de las sugerencias para incentivar la participación ciudadana (uso de tecnologías, consultas con la sociedad civil) porque todavía prefiere sus instituciones representativas, mientras que el bloque bolivariano se irritará cada vez que la OEA, cumpliendo con uno de los mandatos emitidos al final de esta Cumbre, emita algún informe apuntando sobre algún problema con el estado de derecho en alguno de sus países. Y si países individuales logran algún progreso significativo, este será mercadeado como un éxito de determinado sistema político o económico, no como parte de un proyecto común.

El presidente Varela dijo en su discurso que el propósito de la Cumbre era “afirmar lo que nos une y no lo que divide”, pero en realidad la diversidad y la pluralidad que el mandatario reconoce como inevitables son armas de doble filo. Ya no se puede defender a la democracia liberal y la economía de mercado tal y como fueron presentados en 1994, pero tampoco se puede dar carpetazo al intento de volver a forjar un consenso con la excusa de aceptar la pluralidad como hecho consumado. Sin ese consenso, cualquier acción que se tome no tiene sentido. Ese es el fondo del problema causado, sin querer, por la llegada al poder de la “nueva izquierda” latinoamericana y sus efectos en el discurso subyacente a la Cumbre de las Américas.