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MUNDIARIO

Solo la despolitización del Poder Judicial devolverá las garantías democráticas

La politización en los Tribunales Supremo, Constitucional y de Cuentas y en otros puntos claves del Poder Judicial, a través de un Consejo del Poder Judicial sometido a dictados políticos, amenaza con desprestigiar la justicia.

Solo la despolitización del Poder Judicial devolverá las garantías democráticas
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

La politización en los Tribunales Supremo, Constitucional y de Cuentas y en otros puntos claves del Poder Judicial, a través de un Consejo del Poder Judicial sometido a dictados políticos, amenaza con desprestigiar la justicia.

La politización que el bipartidismo dinàstico ha impuesto en los Tribunales Supremo, Constitucional y de Cuentas y en otros puntos claves del Poder Judicial, a través de un Consejo General del Poder Judicial sometido a los dictados políticos de Moncloa y Ferraz, amenaza con desprestigiar la justicia democrática. A  pesar de que la mayoría de los jueces y magistrados atienden con indepedencia y dedicación una carga de trabajo totalmente inadecuada para la cortedad de sus medios materiales y técnicos, ningún Gobierno del Estado ha priorizado la administración de justicia.

La gran mayoría de los  jueces y magistrados en los níveles inferiores y medios (Juzgados unipersonales, Audiencias, Salas de lo Contencioso y de lo Social de los Tribunales Superiores autonómicos) son independientes de toda clase de presiones políticas. Su problema es la falta de horas en el día para atender el exceso de trabaljo (el Estado español tiene un 40% menos de jueces que la media europea) y  la carencia de medios materiales, humanos y técnicos para desarrollar de manera eficaz su cometido.

Sin embargo, cuando subimos en el escalafón profesional nos topamos con  la polítiquería del bipartidismo dinástico. Porque el Consejo General del Poder Judicial, diseñado  en la Constitución para preservar la judicatura de las inmisiones de los Ministros de Justicia, se convirtió con lel tiempo, en un órgano partidista que controla con mano de hierro los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Supremo y de otros altos cargos jurisdiccionales. Si a esto le añadimos el control que estos mismos partidos ejercen sobre el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional (hoy rehén de una mayoría mecánica que surge de la mera voluntad de Mariano Rajoy) podemos entender la degradación que vive nuestro sistema de garantías jurídicas en sus escalones más determinantes.

He ahí la agenda del Tribunal Constitucional, siempre dispuesto a resolver los problemas institucionales del Gobierno del Estado y lento a adoptar decisiones tan importantes como adecuar nuestra jurisprudencia a las resoluciones de los Tribunales Europeos de Justicia y de Derechos Humanos. O las resoluciones de la Sala del Penal del Tribunal Supremo, que sentaron precedentes como la "doctrina Parot" o la desproporción retributiva entre los reos de corrupción y los que sobrepasan levemente los límites del ejercicio de los derechos a la libre expresión o manifestación. Sin contar con la doctrina jurisprudencial de una Sala del Contencioso del Tribunal Supremo que confirmó la ruptura de las reglas del juego retributivas de las energías renovables, para facilitar la agenda pro grandes distribuidoras eléctricas del Gobierno del Estado.

Y he ahí como paso a paso (y a veces de  modo acelerado) va imponiéndose en la ciudadanía la idea de que la justicia no es independiente, cuando la mayor parte de sus servidores lucha continuamente para mantener su ecuanimidad y para atender correctamente  sus agendas inabarcables.