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La recentralización beneficia a las élites madrileñas y perjudica a la periferia

Rajoy desarrolla un implacable proceso de recentralización que entraña en sí misma una reforma constitucional encubierta, gracias a que cuenta con la parcialidad de un Constitucional hecho a medida.

La recentralización beneficia a las élites madrileñas y perjudica a la periferia
Mariano Rajoy. / Mundiario
Mariano Rajoy. / Mundiario

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Xoán Antón Pérez Lema

Xoán Antón Pérez Lema

El autor, XOÁN ANTÓN PÉREZ LEMA, socio-director de Pérez Lema Avogados e Consultores y secretario general de Acouga, es abogado y analista político en MUNDIARIO, TVG y Radio Galega. Profesor en escuelas jurídicas. Ex jefe de gabinete de Presidencia de la Xunta con Pablo G. Mariñas y ex secretario general de Relaciones Institucionales con Anxo Quintana. @mundiario

Rajoy desarrolla un implacable proceso de recentralización que entraña en sí mismo una reforma constitucional encubierta, gracias a que cuenta con la parcialidad de un Constitucional hecho a medida.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, desarrolla un implacable proceso de recentralización que entraña en sí mismo una reforma constitucional encubierta, gracias a que cuenta con la parcialidad de un Tribunal Constitucional que nombró el mismo PP. Este proceso beneficia a las oligarquías o élites madrileñas, en su lucha por hegemonizar la comunicación, las finanzas, las concesiones y las grandes obras públicas de España. Pierde toda la periferia, pero de las tres naciones pierde sobre todo Galicia, donde todo recorte de autogobierno se traduce en recorte de bienestar.

Una vez más se reunieron los gobiernos catalán y vasco (la primera vez fue en diciembre) para evaluar el implacable proceso de recentralización desarrollado por Rajoy desde que llegó al Gobierno del Estado. Y sus portavoces llegaron decir que el PP estaba destruyendo el autogobierno diseñado en los Estatutos de Autonomía.

Rajoy está culminando una silenciosa y tramposa reforma constitucional, blindada por la absoluta parcialidad del árbitro, ya que un partido que disfruta de mayoría absoluta en las dos Cámaras estatales nombra a su antojo al Tribunal Constitucional, como de hecho hizo el PP en esta legislatura.

En este contexto se inscribe la recentralización de contenidos y el empoderamento del castellano en la enseñanza de la contra-reforma educativa de la LOMCE. También el desmontaje de muchos de los estandares de calidad ambiental y control administrativo en beneficio de los consumidores de la Ley de unidad de mercado o la adopción de la licencia deportiva única contra del criterio de casi todo el mundo federativo. En el mismo sentido, he ahí el desapoderamiento de los ayuntamientos en beneficio de unas diputaciones concebidas como herramientas favorecedoras de la privatización en pro de grandes grupos empresariales estatales y de la igualación por abajo de los servicios públicos locales.

La recentralización tiene claros ganadores y perdedores. Ganan las elites madrileñas en su proceso de hegemonización de la intermediación financiera, de las concesiones de los servicios públicos y del espacio comunicacional del todo el Estado, como definió Suso de Toro en un reciente artículo. Y pierden la calidad de los servicios públicos, las empresas locales, principalmente  pymes y las posibilidades de espacios territoriales que intenten defender con políticas de cercanía los intereses de la ciudadanía y de los consumidores, con  el desarrollo sostenible y la salud ambiental.

De las tres naciones periféricas del Estado es Galicia la que más sufre este proceso. Mucho más que Euskadi o Catalunya, que poseen herramientas empresariales, políticos y sociales que no tienen los gallegos. Galicia representa sólo el 5% del PIB y el 6% de la población estatal y depende de unas bases económicas que para el Estado son prescindibles. Es por ello que, para Galicia, los recortes de su autogobierno se traduzcan de manera directa en pérdida de tejido empresarial y de bienestar para su ciudadanía.