Las políticas públicas que se aplican en España empobrecen a la mayoría

No corrigen las limitaciones y efectos negativos de la economía (desigualdad, clientelismo, nepotismo, corrupción…), que tanto daño hacen a la función social del espacio público.

Las políticas públicas que se aplican en España son lamentables. Porque empobrecen a la gran mayoría de la población, embrutecen a los gobiernos y explotan fiscalmente al ciudadano más débil (asalariados, parados, jubilados…), reforzando sin límites el privilegio y la ostentación (grandes fortunas, empresas multinacionales..). Estamos ante políticas que provocan desigualdad, exclusión y deterioro en la calidad democrática. Por eso interesa conocer el diseño y la ejecución presupuestaria, así como sus efectos y su control. No se corrigen las limitaciones y efectos negativos de la economía (desigualdad, clientelismo, nepotismo, corrupción…), que tanto daño hacen a la función social del espacio público. 

En todo caso, el presupuesto público no es ya un mecanismo diseñado para que las personas del común mejoren su existencia. Apelar a la austeridad en el gasto para evitar déficits es ya discurso cínico e interesado. El truco consiste en reducir el ingreso, aumentar la deuda, engordar los mercados financieros y concentrar beneficios a través de la especulación y del amparo constitucional. Porque existen ingresos (rentas del capital) que apenas se relacionan con la hacienda pública. Son ingresos que se eluden, desgravan o defraudan con insoportable facilidad. Por eso el déficit, la deuda y los menores ingresos públicos configuran un negocio diseñado y legitimado sin rubor como forma de hacer política. Las cifras son incontestables. En el período 2008-2015 solo la Administración General del Estado debe pagar (o sea, los contribuyentes pagamos) 224.376 millones de euros, en concepto de intereses, por una deuda pública acumulada que sigue creciendo cada año.  

Otro ejemplo son las subvenciones clientelares. Considerando las entregadas por diversas consellerías de la comunidad autónoma gallega a todos sus municipios, en el período 2004-2012, se llega a las siguientes conclusiones. Su cuantía total suma 1.853 millones de euros, que repartió el gobierno del PP durante cuatro años de mayoría absoluta (2004, 2010, 2011, 2012), por la coalición PSOE-BNG en sus tres años de gobierno mayoritario (2006, 2007, 2008), así como por estas dos opciones al gobernar, de forma parcial, el mismo ejercicio (2005, 2009) por razones electorales.  

Pues bien, al desconocer los criterios y ponderaciones que fundamentan el reparto de estas subvenciones, comparamos su cuantía real -expresada en euros per cápita- con una subvención igualitaria y referencial expresada en euros per cápita. Los resultados obtenidos son contundentes y se resumen en los apartados siguientes: a) la afinidad política explica, casi en su totalidad, la distribución de subvenciones; b) cuando existen cambios de gobierno en la comunidad autónoma, se producen también cambios significativos en las elecciones municipales siguientes, probablemente para mantener la influencia y la subvención; c) los municipios beneficiados no justifican la rentabilidad social de la subvención recibida, ni el Parlamento gallego parece interesado en estos menesteres; d) la distribución de subvenciones autonómicas a los municipios (período 2004-2012), genera conocimiento y reflexión. Así, mientras el PP y BNG lucen mayor sensibilidad por la relación clientelar, el PSOE estuvo desorientado y fue perdedor en este proceso redistributivo, calificando a los municipios restantes como invisibles o de nula consideración.