La pensión como negocio constituye un nuevo eje del discurso político en España

Ya no se compensan los deterioros de la inflación, la pensión crece al 0,25% y pierde poder adquisitivo. También aumenta la edad para comenzar a recibirlas y los años cotizados para cobrarlas.

Dañar el Estado Social y por tanto el sistema público de pensiones, es ya objetivo político incuestionable. La doctrina neoliberal es contumaz, reiterativa, implacable. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE afloran los quebrantos y debilidades que, en su opinión, afectan a las pensiones públicas. Decae la tasa de natalidad, envejece la población, aumenta la esperanza de vida, se precariza el empleo, mengua el salario y las cotizaciones son insuficientes. Pero luego se defienden las pensiones privadas para que los afectados puedan ser felices. O sea, la pensión pública en España genera déficit, pero las medidas correctoras utilizan al gasto e ignoran el ingreso. Ahora ya no se compensan los deterioros de la inflación, la pensión crece al 0,25% y pierde poder adquisitivo. También aumenta la edad para comenzar a recibirlas y los años cotizados para cobrarlas. Un modelo que  defiende con pasión Montoro, el Gobernador del Banco de España y los Bancos privados.   

Los problemas demográficos existen (baja natalidad, envejecimiento, relación entre cotizantes y pensión, etc.), pero la realidad también se explica por la reforma laboral, la desfiscalización y el fraude tributario. Todos son factores relevantes. Las cifras de la presión fiscal son elocuentes. La media en la UE es 46% del PIB; en España esa cifra es 37%. Los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Dinamarca) superan el 50%, mientras Alemania se mueve en el entorno del 45%. Los nueve puntos de diferencia entre España y la UE equivalen a 90.000 millones de euros por año. Con la mitad de esos recursos se podría levantar otra vez el Estado de Bienestar. Nuestra Constitución exige que todos debemos contribuir según la capacidad que corresponda (artículo 31), pero las políticas antifraude ignoran el mandato, quiebran la justicia fiscal, entretienen a los inspectores y solo las sufren los “robagallinas”.   

El Gobierno estimó que en este ejercicio (2015) los ingresos por cotizaciones sociales crecerán el 7% con respecto a los ingresos del año anterior. Pero en el primer semestre las cotizaciones crecieron solo el 1,3%. La economía crece al 3%, pero las cotizaciones siguen anoréxicas. Y en el proyecto de presupuestos 2016 se estima que los ingresos de la Seguridad Social crecerán todavía más (el 8%), al incluir el descenso en las prestaciones por desempleo. El engaño o la fantasía gubernamental es infinita. Porque si el déficit aparece, como es previsible, se acudirá otra vez al Fondo de Reserva, la pensión privada será otra vez la salvadora del sistema y el discurso apocalíptico dominará la escena.

Jugar con el pan de nueve millones de pensionistas, no solo es apuesta económica arriesgada. Desde el plano político, las consecuencias institucionales pueden ser demoledoras, exigiendo además, desde el humanismo solidario, mayor fraternidad, decencia y menor sufrimiento.