El déficit del Fondo de Garantía Salarial, otro agujero de la crisis económica

El desembolso que el FOGASA realiza para cubrir las nóminas impagadas y los despidos es enorme. Los contribuyentes afrontan incluso el coste de la gestión empresarial fraudulenta.

Una de las causas principales del déficit público, durante el período más crítico de la crisis, fue la activación de los denominados “estabilizadores automáticos”, que son aquellas partidas de los presupuestos del Estado con impacto tanto en los ingresos como en los gastos y que no requieren de decisiones del Gobierno ni de cambios legislativos para su modificación. En época de crisis contribuyen al aumento del déficit, mientras que en fases de crecimiento lo permiten disminuir, sin intervención de los responsables económicos. Su principal impacto en la reciente crisis se percibe en los costes de las prestaciones por desempleo, que pasaron de veinte a treinta mil millones de euros anuales, como consecuencia de haber pasado de 1,8 a 6,2 millones de parados.

Teóricamente el coste del desempleo debería poder afrontarse con el 7,05% que en concepto de desempleo sufragan empresas y trabajadores en sus bases de cotización a la Seguridad Social. Pero en una economía como la española, cuya tasa de desempleo más que duplica la media de la zona euro (10,90% en la actualidad), resulta totalmente insuficiente, por lo que somos principalmente los ciudadanos a través del pago de impuestos quienes sufragamos su coste.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

La crisis ha tenido un fuerte impacto en la destrucción de empleo, unos cuatro millones de nuevos parados, debido al cierre de empresas o a la reducción de personal para disminuir capacidad y adaptarse a una demanda a la baja. Esta realidad esconde otro sobrecoste para las arcas públicas y para los ciudadanos, pues en la crisis fueron decenas de miles las empresas con nóminas y liquidaciones por despido impagadas a sus trabajadores que el FOGASA tuvo que atender.

En el periodo 2009 – 2013 (todavía no se han publicado los datos completos del ejercicio 2014), fueron 375.245 las empresas a las que el que el FOGASA tuvo que asistir para el abono de salarios e indemnizaciones impagados por despido a un número de 1.148.675 trabajadores y por una cuantía total de 6.524.440.041,72 euros, de los que 2.148.679.190,57 euros lo fueron en concepto de salarios y otros 4.375.760.851,15 euros en concepto de indemnizaciones por despido.

Recordemos que el objetivo del FOGASA es dar cobertura al pago de salario e indemnizaciones a los trabajadores que no lo han recibido de las empresas para las que trabajan. En el caso de salarios impagados la cantidad máxima es el doble del salario    mínimo interprofesional (S.M.I.) diario, con un máximo de ciento veinte días y la cantidad máxima equivalente en la actualidad es de 6.042 euros.  Para el pago de indemnizaciones la cantidad máxima a abonar es una anualidad, calculada sobre la base de treinta días por año trabajado y también sin que el salario diario pueda exceder del doble del S.M.I., siendo el límite la cifra de 18.377,75 euros.

Visto el destino de los más de 6.500 millones de euros, conviene recordar que el FOGASA se financia, como las prestaciones por desempleo, con parte de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de las empresa, a razón de un pírrico 0,20% de las bases de cotización, pero ante su manifiesta insuficiencia deben ser complementadas con las transferencias que se fijan en los Presupuestos Generales del Estado y las aportaciones previstas en la ley y recogidas en el BOE.

El coste del FOGASA no es recuperable

Según se deduce de sus memorias, hasta el 31 de diciembre de 2014 el FOGASA atendió expedientes de 33.111 empresas en concurso de acreedores, con un número de trabajadores afectados de 473.615 y un coste entre salarios e indemnizaciones impagadas de 3.766.145.689,04 euros, un 58% del total abonado. Sabemos que aproximadamente un 95% de las empresas en concurso terminan en liquidación, en la cual, por el deterioro de activos, prácticamente nada se recupera. Por lo tanto podemos estimar cuando menos en unos 3.500 millones de euros la pérdida de recursos públicos por este concepto.

Pero la realidad es todavía más grave, entre 2009 y 2013 la diferencia entre ingresos y gastos del FOGASA arroja un resultado negativo de 4.245 millones de euros y si tenemos en cuenta que la media de resolución de los expedientes alcanza los dieciocho meses, es muy probable que todavía en 2015 dicho déficit se agrave y, como consecuencia, el déficit acumulado desde 2009 hasta la actualidad ronde los 5.000 millones de euros.

En definitiva, a las enormes cantidades de recursos destinadas a la cobertura del desempleo generado por la crisis, debemos añadir la nada despreciable cifra de 5.000 millones de euros necesarios para la cobertura del déficit generado por el FOGASA. No es discutible en absoluto el destino de dichos fondos, pero no debemos olvidar que han sido generados por impagos de las empresas que empleaban a los trabajadores.

Si el marco conceptual de la contabilidad persigue que las cuentas anuales de las sociedades muestren la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados, resulta sorprendente que no reflejen los compromisos acumulados con sus trabajadores y que sea en situaciones de liquidación cuando afloren las deudas derivadas de las indemnizaciones por despido que, finalmente, deben abonarse con cargo al contribuyente.

Debería obligarse a dotar una provisión por al menos una parte de este concepto que fuese nutriéndose con cargo a los beneficios anuales y, como complemento, elevar la contribución empresarial al FOGASA como mínimo al doble de la actual. De otro modo los ciudadanos seguiremos pagando ya no las consecuencias indeseadas de la crisis, sino también la mala gestión e incluso la gestión fraudulenta de empresarios sin escrúpulos. Pongamos el ejemplo de Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en la cárcel y que fue presidente de la CEOE, quien tan solo en Viajes Marsans despidió a más de 1.400 empleados, en gran parte, con cargo a nuestros bolsillos.