El Gobierno de Mariano Rajoy se propone controlar ahora la justicia en España

Alberto Ruiz Gallardón, ministro español de Justicia.
Alberto Ruiz Gallardón, ministro español de Justicia.

¿Jueces pretendiendo juzgar a banqueros corruptos? ¿Jueces protegiendo a desahuciados por leyes injustas? ¿Jueces pretendiendo juzgar a un partido político o un sindicato por corrupción?

El Gobierno de Mariano Rajoy se propone controlar ahora la justicia en España

¿Jueces pretendiendo juzgar a banqueros corruptos? ¿Jueces protegiendo a desahuciados por leyes injustas? ¿Jueces pretendiendo juzgar a un partido político o un sindicato por corrupción? ¿Intolerable?

“Ave Mariano, morituri te salutant”. Cuando aún no nos habíamos recuperado de la abyecta Ley de seguridad ciudadana y la injusta en infame ley de tasas judiciales, el excelentísimo señor presidente del Gobierno de España, con su también excelentísimo ministro de “injusticia” Alberto Ruiz Gallardón, como mascarón de proa (¿a qué parezco el Nodo?) nos presentan el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya lectura, recomiendo a los lectores, la acompañen de la ingesta de una infusión de tila doble o de chupito de orujo, según costumbre y hábito del lector ad hoc, para poder digerir las insensateces que en ella se nos presenta por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para aprobar en la Cámara legislativa.

Una cosa está clara, la prioridad del Gobierno de España como la de cualquier régimen totalitario no es la economía, ni el paro, ni la pobreza infantil creciente, ni los dependientes desatendidos, ni la justicia social... No, lo prioritario es El Control. Controlar. Controlar a la ciudadanía que se rebela ante la Injusticia, controlar la información mediante la prensa, controlar a las fuerzas del orden, y sobre todo, y por encima de todo, han descubierto hace poco, que hay un enemigo feroz que es necesario anular en la medida de lo posible: el Poder Judicial.

Preguntas básicas

¿Jueces pretendiendo juzgar a banqueros corruptos? ¿Jueces protegiendo a desahuciados por leyes injustas? ¿Jueces pretendiendo juzgar a un partido político o un sindicato por corrupción? Intolerable.

Pero antes de nada, hemos de partir de una premisa básica, y es que el Poder judicial es el hermano pobre de los tres poderes del Estado, frente al Ejecutivo y al Legislativo, básicamente, porque hablar de Justicia no da votos. Esté quien esté en el Gobierno, la derecha o la izquierda, el Poder judicial siempre ha quedado relegado al cajón de lo “no prioritario”, como si ni fuera importante, como si de ello no dependiera el bienestar de la ciudadanía, o el buen funcionamiento del Estado, o la evitación de males mayores, como revueltas o lo que comúnmente llamamos “tomar la Justicia de su mano”. Craso error; el Poder Judicial, formado por profesionales que acceden a la carrera judicial mediante examen de convocatoria pública, es o debe ser por definición, el más imparcial, el más libre y objetivo de los poderes, el más garantista y protector de los derechos y libertades de la ciudadanía y debería ser, insisto en esto, ¡debiera ser!…¡ el menos politizado. Administran Justicia, juzgan, y hacen ejecutar lo juzgado.

Las modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judical del actual Ejecutivo tienen como doble finalidad: uno, alejar la Justicia de los ciudadanos, todavía más, mediante la eliminación de los partidos judiciales, dejando únicamente una sede en la capital de la provincia, y dos, controlar a los jueces. (Prescindan leer la exposición de motivos, créanme, la finalidad es ésta). Una de la novedades más impactantes es la de la Jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, que vienen a decir, que cada tres meses el TS publicará en el BOE la Jurisprudencia vinculante, o sea... de obligada aplicación para los tribunales de instancia con lo cual, de un plumazo, alteran las fuentes del derecho: la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, y le dan una especial significación a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que determinará lo jurídicamente aplicable en las materias que estime oportuno y serán de obligada aplicación por los jueces, so pena, en caso de manifiesta inaplicación… claro está ¿de prevaricación?. Y teniendo en cuenta la formación del Tribunal Supremo, cuyos miembros elige el Consejo General del Poder Judicial, consejo éste (presidente y 20 magistrados) elegidos por el Congreso y el Senado de la Nación, ¿qué tenemos? Ya sé que en este momento hemos llegado todos a la misma conclusión, pues sí, que la Jurisprudencia del TS vinculante la establecen magistrados nombrados indirectamente por las Cortes Generales. No me digan que no es inquietante (por ser benévola).

Fuera partidos judiciales

Otra gran novedad es el cambio de mapa jurisdiccional en España, en el que desaparecerán los partidos judiciales que tenemos, y solo quedarán tribunales de instancia con circunscripción provincial y con sede oficial en la capital, con lo cual, para que se hagan una idea, en la provincia de A Coruña, desaparecerán partidos como Santiago, Betanzos, Carballo, Corcubión, Noia o Santiago, nada más y nada menos. Y ante este panorama, tenemos a justiciables, es decir, ciudadanos con problemas, a los que, además de encontrarse ante la terrible realidad de necesitar acudir a un Juzgador para que dilucide su controversia, tiene que pagar un 21% de minuta a su procurador y abogado (por la subida del IVA), tiene que enfrentarse al pago de las tasas judiciales, y ahora, además, desplazarse fuera de su lugar de residencia a la capital de provincia, costes que además incrementarán la minuta de su abogado y procurador, además del coste del desplazamiento... Imagínense a un vecino de Corcubión teniendo que venir a A Coruña para un juicio a las 9,30 de la mañana, con 10 testigos, y que por incomparecencia de alguno relevante se suspenda. Inoperante. Injusto.

En lo sucesivo, sería conveniente que los ministros que elaboraran leyes tuvieran práctica en lo que están legislando, y si no la tienen, se tomaran la molestia de consultar con los agentes u operadores de la Justicia: jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios de Justicia, para elaborar leyes justas, prácticas y operativas, además de restrictivas de derechos y libertades. Pero claro, eso lo dejaremos para cuando los políticos sean trabajadores antes de dedicarse a la política a los 25 años, y eso, cuando hayan estudiado, claro.

Pero lo más triste y lamentable de todo esto no es la inoperancia de nuestros gobernantes, que también, lo peor de todo es la pasividad de los administrados, porque aunque nos anulen como pueblo, nos quiten nuestros derechos y nos privaticen la sanidad y la educación, aunque inyecten dinero a los bancos, no a las familias, y sus directivos se jubilen con millones de euros, y nuestros mayores sobrevivan a duras penas con pensiones infames, y mientras los dependientes y sus familias agonicen desprotegidos, solos y sin ayuda, mientras las mujeres maltratadas ya no denuncian porque están solas, se sienten solas y desamparadas y algunas acaban muertas, mientras anulan nuestro derecho a protestar, a reivindicar, a gritar que no estamos de acuerdo, y recibamos un golpe en la cara de un policía en vez de ser recibidos en un despacho por el que decide, mientras cercenan nuestros derechos laborales, convirtiéndonos en mansos obreros que lamen la bota del empresario que nos patea y nos obligan a dar las gracias por ¡trabajar! , mientras, en definitiva, nos roban la dignidad como pueblo y nos convierten en marionetas…en breve se celebrarán unos mundiales de fútbol, y si nuestra selección gana seremos un país grande, aunque nuestros niños rebusquen en las papeleras de los colegios para comer algo ese día. Porque este Gobierno lo sabe bien, lo aprendió bien hace 50 años, sus ministros parecen herederos de un régimen al que miran con nostalgia.

Al pueblo se le domina cercenando derechos, con miedo, enfrentándolos entre ellos territorialmente y, sobre todo con pan y circo. Lo peor es que de pan vamos escasos más de la mitad de la población… pero de circo, vamos sobrados todos. ¡Arriba el circo! ¡Arriba España! ¡Ave, Mariano!

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