Si son insostenibles las universidades españolas, mal va el estado de la nación

Los problemas son otros y también lo es esta manera de quitárselos de encima, como si pertenecieran a gente de otra categoría social. Estén atentos a la huelga de estudiantes.

Insostenibilidad/sostenibilidad son términos primordialmente ligados a las cuestiones medioambientales y, en particular, a las que conlleva todo lo relacionado con el problemático cambio climático. Curiosamente, son los muy reacios a admitir la existencia de tal problema y, por ende, a modificar hábitos de gasto excesivo de recursos de primer orden, quienes con más profusión emplean términos como éste para justificar políticas que no les interesan como no sea para reafirmarse en convicciones prejuiciadas. Ejemplo de ello es lo manifestado por la señora Gomendio hace dos días, especialmente dedicado a la Universidad española.

No parece, sin embargo, que el término “sostenibilidad”  sea el más adecuado para referirse a lo que necesita nuestro sistema universitario, especialmente el público. Ya no es pequeño problema que hable de esta manera quien nunca ha tenido problema alguno para circular por estos niveles de estudios, incluidos los más selectos de Inglaterra; ni para situarse en la vida profesional supuestamente a partir de tales saberes aprendidos en tales lugares. Sobre este tipo de problemas medioambientales del sistema educativo quienes más saben son quienes no han tenido tales facilidades y, desde antes de nacer, han tenido que moverse en un circuito de difícil sostenibilidad. De entrada, el punto de vista es radicalmente distinto. Y da la casualidad que son gran mayoría quienes en esta España de todos han tenido que apañarse como han podido para hacer estudios universitarios; incluso, a costa de que otros miembros de la familia pusieran tiempo y disponibilidad extra para que alguien alcanzara esa posibilidad.

También suena a excesivamente arrogante el concepto de gratuidad empleado. No es de buena ley sugerir el gratis total, cuando todos sabemos que la Universidad –como cuanto patrocina el Estado- cuesta dinero y que nada es gratis. ¿Acaso nos paga esta gente los impuestos a los demás? ¿Es la distribución de esos recursos públicos una prerrogativa suya que ha de tener en cuenta tan sólo los intereses de unos pocos? ¿Acaso la res publica ha de entenderse como en el Antiguo Régimen? ¿Es que no ha compensado sobradamente a este país que el acceso a la Universidad fuera más fácil a quienes por sus orígenes familiares lo tenían difícil si no imposible? ¿No ha contribuido esa Universidad más accesible a que cambiaran múltiples aspectos de nuestra vida individual y colectiva, mejorándolos sensiblemente? ¿Va a ser más justo el sistema si ahora volvemos a reducir el flujo de expectativas de la mayoría de la gente para el futuro de sus hijos? Una lectura de Galbraith o, tal vez, del ahora tan publicitado Thomas Piketty podría ser de gran provecho para admitir otras más humildes perspectivas de análisis de lo que conviene a nuestro sistema educativo. Y de paso, no olvidar que determinados gastos sociales son la mejor inversión y el modo de redistribución más justo. Y, anteriormente, que el Estado no es patrimonio de nadie en exclusiva.

Las manifestaciones de la Sra. Gomendio vienen a culminar una secuencia expresiva al hilo de las actuaciones del Ministerio (público) que paga sus servicios en el segundo puesto del escalafón educativo en esta legislatura. Es como si viniera a decir que –sin prestar oídos ni atención al camino por donde circulaba ni a ninguna de las personas y colectivos que se ha llevado por delante con su conducción de los diversos asuntos- su trayectoria siguiera siendo impecable o que hubiera hecho una gran labor hasta el presente. Debe esperar que se lo agradezcamos cuando ni su política de becas, ni la de tasas universitarias, ni la LOMCE y sus secuelas, ni lo último que se les ha ocurrido respecto a Grados y Másteres –el cambio de compás del 4x1 a 3x2- le es ajeno. Y no pasa de creencia , sin embargo, que vaya a ser extraordinariamente sostenible el nuevo modelo que trata de imponer con tales medidas –tan favorable a lo absolutamente individual y privado- frente a las múltiples reticencias y objeciones que le han contrapuesto cuantos tienen algo que ver con una educación democratizadora. No pasa de escondite fullero este alegato a favor de su “sostenibilidad”.

Con este ritmo de gestión política se va a cargar uno de los aspectos en que más sobresalía nuestro sistema: la distribución de la equidad. La deriva antiigualitaria del actual equipo ministerial la han denunciado instancias de diverso alcance, desde la OCDE misma, diversas ONGs, el propio Consejo Escolar del Estado, sindicatos y asociaciones de todo tipo y, ahora mismo, lo volverán a denunciar con sus manifestaciones públicas los estudiantes convocantes de huelga para el 25  y 26 de este mes. Gomendio seguramente permanecerá impasible, junto a su ministro, frente a este otro clamor en pro de lo público y de todos, uno más en un largo rosario difícilmente alcanzable en otra legislatura. Esto de que unos pocos no tengan necesidad de hacer esfuerzo alguno como no sea el de mantenerse en la posición inicial de partida, es muy llevadero, y sostenible, claro, a condición de mantener lejos de la carrera de vivir a posibles competidores por los puestos de cabecera. Pero tiene el inconveniente de que, ni siquiera en una electoralista imagen para arrastrar el voto conservador es sostenible esto de la insostenibilidad de dar educación de alta calidad a la mayoría de los ciudadanos. Alguien debiera advertir a esta gente tan afanada en demostrar su diferencia de los demás que de este modo no se propicia una buena imagen del estado de la nación, mírese como se mire. Más parece otro pequeño terremoto para la sana convivencia democrática.