El juez del tren Alvia accidentado acusa a Adif de arriesgar miles de vidas

Ana Pastor
Ana Pastor, ministra de Fomento.

Llama a declarar al jefe de maquinistas que dio el aviso de peligro y a dos cargos que recibieron el correo. Cree que la menor seguridad fue por motivos comerciales.

El juez del tren Alvia accidentado acusa a Adif de arriesgar miles de vidas

Llama a declarar al jefe de maquinistas que dio el aviso de peligro y a dos cargos que recibieron el correo. Cree que la menor seguridad fue por motivos comerciales.

 

El juez Luis Aláez acusa al Adif de poner en riesgo miles de vidas en la curva de Angrois, cerca de Santiago de Compostela y llama a declarar como testigos al jefe de maquinistas que dio el aviso de peligro y a dos cargos que recibieron el correo. Cree que la rebaja en la seguridad del tramo se produjo “por motivos comerciales o productivos”.

Entre tanto, las asociaciones de víctimas del accidente ferroviario de Santiago claman nuevamente por una comisión política de investigación, y con toda la razón del mundo. Y más aún hoy en día, tras conocerse los avisos sobre la peligrosidad del tramo y carencia de seguridad que los propios maquinistas realizaron mucho antes de que ocurriese la tragedia.

Hay que aclarar que la “responsabilidad política” no es sinónimo de “responsabilidad penal”. La responsabilidad política consiste en las consecuencias derivadas de una toma de decisiones políticas, la penal es la consecuencia de haber cometido un delito. Son cuestiones distintas. La segunda se paga con la cárcel, y la primera se paga apartándote de la política y gestión pública.

Usando la simple y sencilla lógica, vamos a intentar desarrollar el por qué de las responsabilidades políticas en un hecho como este.

 

> Primero de todo, la pregunta clave: ¿Hubo decisiones políticas que afectaron a este accidente?

Desde luego que las hubo. La inauguración o puesta en marcha de cualquier trazado ferroviario es una decisión política, tomada en este caso por una administración estatal política como es el Ministerio de Fomento de España. Tales decisiones pueden estar basadas en datos técnicos y recomendadas por especialistas, sí, pero por muy técnica que sea la información que te faciliten para tomar la decisión de abrir o no esa línea, quien decide en última instancia es el titular del Ministerio de Fomento. Pudo decidir engañado o no, equivocado o no, pero su responsabilidad fue tomar la decisión. Y lo mismo que esa decisión te permite cubrirte de gloria en la inauguración, también debe pesarte cuando tristemente se comprueba que fue una decisión equivocada.

Del mismo modo, otra decisión política también ha sido mantener ese trazado ferroviario en las condiciones en las que estaba. Ya que constando las denuncias realizadas, es también responsabilidad del titular del Ministerio de Fomento garantizar la total seguridad del tramo durante su mandato, obligando a ADIF en su caso a instalar lo que haga falta para tal fin.

 

> Segunda cuestión: ¿En qué afectaron al accidente las decisiones políticas que se tomaron?

Bien. Para responder a esta cuestión tenemos que hacer un simple ejercicio de deducción: en primer lugar, se tomó la decisión política de abrir a la circulación un tramo ferroviario sin las medidas de seguridad necesarias. Y en segundo lugar: ¿qué pruebas hay de que no existían las medidas de seguridad necesarias? La prueba más trágica ha sido el propio accidente. Otra prueba de ello son las revelaciones de comunicados internos en la que los propios maquinistas cuestionaban la seguridad del tramo. Y otra prueba más, es que la propia Adif, en la página web que un día creó para promocionar este tramo, y que por cierto sigue colgada en la red (aprovechen para hacer un pantallazo antes de que lo cambien), anuncia textualmente que “La nueva línea incorporará los más avanzados sistemas de señalización y seguridad ferroviaria”. Y hasta hace unos días también hablaba de “Sistemas de conducción automática de trenes” (eso parece que ya lo han corregido), cuando desgraciadamente sabemos que la línea está carente de todo eso.

En tercer lugar: es evidente que de existir esas medidas de seguridad (que sí existían en otras líneas, como la Madrid-Barcelona de Alta Velocidad), o de que ese tramo no se abriese al tráfico sin antes instalar esas medidas, este accidente no se habría producido.

Luego, resulta evidentemente comprobado, que la decisión política de abrir este tramo sin las medidas necesarias de seguridad sí afectó directamente al accidente. Porque es igual de cierto que la misma decisión en sentido contrario lo hubiese evitado.

 

> Tercera cuestión: ¿Quienes son los responsables de estas “decisiones políticas”?

La respuesta es evidente. Los responsables de cualquier decisión política son los mayores altos cargos políticos que tengan que tomar esas decisiones. En consecuencia, teniendo la Presidencia del Gobierno delegadas las competencias y la toma de decisiones en los Ministerios, los responsables son el titular del Ministerio de Fomento a la hora de poner en marcha un trazado ferroviario sin las medidas de seguridad necesarias, y la titular del Ministerio de Fomento a la hora de mantener en funcionamiento un tramo ferroviario sin las medidas de seguridad necesarias. Es decir, con nombre y apellidos: José Blanco y Ana Pastor.

Después de eso ya se podría hablar de los altos cargos de Adif, por presuntamente engañar al Ministerio y al país en cuanto a la carencia de seguridad. Se podría hablar también de técnicos, altos cargos de Renfe, etc... Pero estos ya no son políticos, y sus responsabilidades, en ese caso, ya derivan ante la Justicia, no ante la opinión pública.

 

> Resumiendo. Cuando te pagan lo que te pagan por tener una cartera de un Ministerio público (y de cualquier gestor público), la responsabilidad va ligada al sueldo. Y si el sueldo es el más alto, la responsabilidad también lo es. Y si como político has tomado unas decisiones, para bien o para mal, como político debes ser consecuente con ellas, para bien o para mal.

Lo que no se puede ni debería permitir, y supone un daño enorme a un sistema democrático (que precisamente no está pasando por su mejor momento), es que hayas tomado unas decisiones como Ministro, que indirectamente han costado la vida de casi 80 personas, y que de premio te vayas a jubilarte al Europarlamento. Institución que en mi opinión no se le tiene todo el respeto que merece por parte de los partidos más grandes, que no hacen otra cosa que tomar aquello como un “hogar del político jubilado”, cuando realmente es ahora mismo la institución cuyas decisiones afectan más a nuestras vidas.

Y por supuesto tampoco se debería permitir que, si bajo tu mandato como Ministra de Fomento, tras un accidente en una infraestructura de tu competencia que no tenía las medidas necesarias de seguridad y causa casi 80 muertos, te comportes como si “en tu casa no hubiese pasado nada”, y te sigas dedicando a arreglar los descosidos que empresas privadas españolas tengan en Panamá.

Las responsabilidades políticas solo se pagan de un modo: dejando la política. No puedes lavarte las manos tras haber tomado una decisión política, y mucho menos si las manchas son de sangre.

 

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