¿Qué hay que hacer para que la justicia funcione contra la corrupción en España?

Con el actual marco legislativo  no se puede afirmar que exista impunidad para todos aquellos  que se corrompen o que corrompen. Sin embargo, es cierto que hay lentitud en la respuesta judicial  en el ámbito  represivo de estas conductas execrables. Por eso mismo,  lo más importante a la hora de pensar en medidas eficaces  contra la corrupción no pueda ser otra que  agilizar y dotar de mayor rapidez a nuestros órganos jurisdiccionales, antes  que tratar el problema  sobre la óptica de un  aumento o una  innovación en las penas y las sanciones establecidas en la legislación penal.

La lectura más preocupante de la sentencia en el llamado 'caso Malaya' son  los  pasajes de la misma que ponen de manifiesto la  atenuación de la gravedad de los delitos aferrándose los procesados a irregularidades y dilaciones en  la propia administración de justicia.  Sin  duda que  no se pueden consentir   situaciones de indefensión material en que, a veces, parece quedar el sometido a un procedimiento penal en estas infracciones.  Pero,  la respuesta judicial llega tarde y mal   cuando se refiere a delitos de corrupción muy complejos con gran dispersión de las responsabilidades de los encausados.

Con nuestra vigente ley de enjuiciamiento criminal, cuya  estructura de funcionamiento  de finales del siglo XIX, la respuesta judicial se demora años  porque hay que esperar a que esté sustanciada todo en el mismo procedimiento, precisamente  por mor del vetusto  principio que predica la llamada "incontinencia de la causa".  De esta manera, las investigaciones judiciales  se eternizan y se produce un indeseable efecto de estrangulamiento de todo el proceso.

La  lentitud del trabajo en tribunales afecta la vida cotidiana de quienes esperan justicia y demora -y, lo que es más grave- puede  anular o minusvalorar las  investigaciones por corrupción. Por eso, para  agilizar nuestro  sistema “arcaico” sólo hace falta  decisión política. La organización de nuestra  justicia no puede seguir asentada  en las bases de la  irracionalidad  y escapando  al sentido común de la gente. Hay causas que demoran  años en investigarse y otro tanto en llegar a juicio. Muchas casos de corrupción prescriben y los tribunales colapsan por acumulación de expedientes. 

Una de las medidas que propongo para que pueda funcionar la justicia contra la corrupción   sería así  que se puedan ir enjuiciando  "por separado"   los distintos hechos delictivos y de que de esta manera pudieran irse dictándo las correspondientes  sentencias  según se vaya juzgando cada delito. El  proceso ganaría  mucha más rapidez y los ciudadanos verían una respuesta  judicial a  tiempo  Hay que racionalizar el trabajo judicial. No es cuestión de más medios –que también– sino de utilizar mejor los existentes.

Si este tipo de delitos son  complicados de investigar para los jueces y los fiscales, y hay que tender a la máxima especialización jurisdiccional y economía de los medios, ¿por qué no   concentrar  estas causas en una  Audiencia Nacional bien dotada?