El PP se adelanta al poner en marcha el previsto blindaje de la Familia Real

Los Reyes con Urdangarin y su mujer.
Los Reyes con Urdangarin y su mujer.

Lo hace antes de que sustancie el caso Urdangarín. El PSOE estaba de acuerdo, pero esperaba el momento oportuno para que la sociedad española lo aceptase.

El PP se adelanta al poner en marcha el previsto blindaje de la Familia Real

Lo hace antes de que sustancie el caso Urdangarín. El PSOE estaba de acuerdo, pero esperaba el momento oportuno para que la sociedad española lo aceptase.

Una de las consecuencias de la serie de avatares que vive la familia real y el conjunto de la institución monárquica, a medio plazo,  preveía que, cuando las circunstancias lo permitieran –es decir, cuando el “caso Urdangarín” se hubiera  substanciado- se pondría en marcha el desarrollo del llamado “Estatuto de la Familia Real”. Lo importante eran sus efectos, ya sea un Estatuto o una Ley de la Corona, en el futuro, ya que de estar ahora vigentes lo que se pretende establecer, habrían impedido la imputación de la Infanta Cristina o, al menos, otorgarle determinados privilegios procesales, como el declarar escrito o incluso o hacerlo. El PSOE está de acuerdo, incluso parece que en este asunto rebasa en entusiasmo a la derecha.

En todo este asunto, no puede extrañar la postura del PSOE, partido resueltamente dinástico, que ya en la reforma del Código Penal de 1995 reforzó la protección penal del Rey y su familia, incluyendo entre los sujetos de protección especial a sus antepasados o sucesores (sin decir hasta dónde), lo que a juicio de los historiadores es “puro dadaísmo”.

Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al referirse al posible Estatuto de la Familia Real, centrado esencialmente en el Príncipe, decía que el asunto debe tratarse “con mucha tranquilidad y prudencia para buscar un acuerdo entre todos los partidos porque merece una reflexión pausada y no al socaire de una u otra noticia. El Grupo Parlamentario de UPyD quiere provocar el debate en el Parlamento sobre la regulación de todos los aspectos de la Monarquía que la Constitución dejó sin concretar al dejar la tarea de aprobar leyes para llenar los vacíos a los Gobiernos y a las Cortes. El refrendo de los actos del Rey tendría que estar bajo el control del Parlamento y del Gobierno, o de uno o de otro. También habría que aclarar el alcance de la “inviolabilidad” del Monarca y si afecta a todas sus actividades incluidas las exclusivamente personales.

Abiertamente partidario de proteger a la Casa Real, el PSOE es mucho más claro que la derecha. “Sólo hace falta elegir el momento apropiado” dice Elena Valenciano, número 2 del partido, quien bautizó la reforma como “Estatuto de la Casa del Rey””. Lo más increíble es la explicación: “Se hará cuando sea posible para modernizar la monarquía”. Parece claro que en la Zarzuela, con la colaboración de los partidos dinásticos, no quieren que los actuales acontecimientos vuelvan a ser posibles. Y no porque los miembros de la familia real vayan a ser ejemplares, sino que sean como sean y hagan lo que hagan, sea imposible o complicado aplicarles la ley común.

Más urgente que una nueva carta de privilegios para los miembros de la Familia Real, parece –cosa que el PSOE calificó ya en la pasada legislatura de “No prioritario”, regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías, de los gastos de Palacio.

Pero este controvertido asunto no estaba muerto, sino hibernado, a la espera del momento adecuado para abordarlo. La Derecha mueve ficha. Esto ha empezado.

Entusiastas de la causa monárquica han llegado al extremo de reclamar para Felipe de Borbón privilegios que solamente corresponden a su padre el Rey, como la falta de responsabilidad por sus actos (asunto éste polémico en los tiempos modernos y que colisiona con el derecho común en una sociedad democrática donde nadie puede ser irresponsable ante la ley).  Se ha sugerido que debe redactarse un texto que delimite el contenido de sus funciones hoy únicamente referidas a esperar el momento de suceder a su padre y sin otra condición, ya cumplida, de haber jurado la Constitución y no elegir cónyuge contra la voluntad del Rey o de las Cortes. Felipe de Borbón no disfruta de ningún fuero especial y no parece tener otra función que representar a su padre en determinados actos, acudir a donde el gobierno le indique o recorrer España tratando de crearse una imagen que le ayude a consolidar en su día la Corona de la que es heredero.

Torres del Moral, escribe: “Son el nexo entre Rey y Heredero y la certeza moral de que, en normalidad de circunstancias, el Príncipe de Asturias va a ser el próximo Rey los que invitan a considerar la conveniencia de cubrir con la inviolabilidad regia Su posición institucional de Heredero. Se trataría de una prerrogativa regia anticipada, un privilegio del que se beneficiaría, dada la inmediatez de su posición sucesoria, desde antes de ocupar el Trono, como una garantía más para la plena funcionalidad de la monarquía parlamentaria”. Cuando Felipe acude a alguna misión en el exterior, generalmente, a las tomas de posesión de países hispanoamericanos, el Gobierno dispone todo lo relativo al viaje y a la representación del Estado que, para este caso, ostenta. Torres del Moral dice que el Gobierno podría pedirle cuentas de cómo ha cumplido la misión y añade: “Por eso soy partidario de un Estatuto que especifique que Don Felipe, en su tarea pública, actúa como portavoz del Rey, y por tanto tendrá también refrendo del Gobierno y se investirá de inviolabilidad y no responsabilidad”.

La  sociedad española difícilmente entendería que los privilegios del Rey se extendieran a su heredero, puesto que entrarían en contradicción con la propia figura del monarca, a quien corresponde, dada la singularidad de su cargo, conforme a la Constitución, el fuero especial de que disfruta. Antes al contrario, Felipe sea rey, si eso ocurre, podría llegar el momento de revisar –como se propone hacer Noruega- determinados privilegios escasamente compatibles con una sociedad moderna, donde todos los ciudadanos han de ser iguales ante la ley y ser plenamente responsables de todos sus actos, públicos o privados.

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