El perfil del político que cruza la puerta giratoria: consejero en una empresa energética

Pese a que se han aprobado leyes que dificultan el trasvase de políticos al sector privado, resultan más que frecuentes, en especial en el sector de la energía, las puertas giratorias.

Yolanda Barcina, expresidenta de la comunidad foral de Navarra y doctorada en farmacia por la Universidad de Navarra, recientemente ha sido nombrada consejera de Movistar, un nuevo caso de puerta giratoria. Una de escenas memorables de la historia del cine en la que aparece una puerta giratoria la podemos ver en El Padrino, cuando Michael Corleone, con los objetivos de liderar la mafia en EE UU tras la muerte de su padre y vengar la muerte de su hermano Sonny, desata una razia contra cuatro de las familias rivales. En ella, Willi Cicci, uno de los matones a sueldo de la familia, asesina a a Ottilio Cuneo, jefe de la familia Cuneo, que queda atrapado en una puerta giratoria y es asesinado por él de varios balazos en el pecho.

Pero las puertas giratorias a las que pretendemos referirnos, sin tan funestas consecuencias, son las que los anglosajones denominan “revolving door” y que no son otra cosa que la representación metafórica de los flujos de ida y vuelta que se producen de las personas con posiciones políticas relevantes al sector privado o de éste al sector público, con un evidente beneficio mutuo, pero que se ve limitado a los políticos y a las empresas del sector privado que les acogen y donde, más que la capacidad empresarial, se valoran los contactos y la influencia que el político puede aportar.

Se trata de una práctica que es común en los países desarrollados, pese a la existencia de legislación que trata de impedirlo, como es el caso de Francia, donde su Código Penal impone hasta dos años de cárcel y treinta mil de sanción a quien no cumpla con el periodo de gracia de tres años desde su cese en el cargo político. En España primero fue el artículo 8 de la Ley 5/2006 de “Regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado” el  que limitó a  dos años  el período de incompatibilidades para el desempeño de servicios en el sector privado relacionados directamente con las competencias del cargo desempeñado, reformada por Ley 3/2015 “Reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado”, la que, quizás por la incidencia de algún caso de relevancia mediática, en su artículo 15 extiende la prohibición a “tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario”.

Limitación de derechos o protección de la “res publica”

Si tenemos en cuenta que, con carácter general, la retribución de los altos cargos en el sector público se compara muy desfavorablemente con la de sus homólogos en el sector privado, podría concluirse que un peaje de dos años de período de incompatibilidad atentaría contra sus derechos y penalizaría el objetivo de contar con responsables de las máximas capacidades, convirtiendo en poco atrayente su desempeño, salvo para determinados casos de políticos vocacionales. Legislar al respecto implicaría una presunción de culpabilidad que atentaría contra el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 24 de la constitución española.

Sin embargo, la propia existencia de normativa legal al respecto, que además fue desarrollada por los dos partidos políticos con responsabilidades de gobierno desde 2006, evidencia que existe la necesidad de corregir comportamientos indeseados. De no existir la percepción del problema no se habría legislado, máxime cuando en las instancias que impulsaron dichas normas, se encuentran los propios destinarios de las mismas.

Una visión sectorial de las “puertas giratorias”

Existe una página web www.puertasgiratorias.org, que contiene un inventario de políticos que ocupan setenta y seis puestos en consejos de administración de grandes empresas. Son todos los que están, pero no están todos los que son. De hecho fácilmente pudimos ampliar la lista hasta setenta y nueve personas distintas, sin repeticiones. Por su afiliación, PP y PSOE concentran el 88% del total, lógico pues fueron los que desde 1982 ocuparon el gobierno del Estado. De ellos el 46% del total pertenecen al PP y el 42% al PSOE, pero también encontramos representantes de CDC, IU, PNV, la desaparecida UCD o UPN.

Por sectores se encuentran representados  el aeronáutico, la biotecnología y farmacia, la construcción, la consultoría, la energía, las finanzas, las telecomunicaciones y el transporte. También según este criterio existe una evidente concentración. Así el sector de la energía ocupa al 51% de los políticos que han cruzado las puertas giratorias y las finanzas a otro 18%.

Atendiendo a la clasificación por empresas, de un total de cuarenta que han fichado a políticos para su alta dirección, tan solo seis de ellas ocupan al menos a cuatro políticos, es el caso de Enagás, Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica, Banco Santander y Bankia. Estas seis empresas concentran al 43% de políticos que cruzaron la puerta, cuatro de ellas del sector de la energía que, a su vez, ocupa al 33% del total de políticos recolados en grandes empresas.

En función del cargo desempeñado, el puesto de consejero ocupa al 57% del total, seguido del de presidente, con un 16%. Se dice que en España la incidencia del fenómeno es mayor que en otros países de la UE y que tres de cada diez ministros dejan la política al cesar en sus cargos para pasar a desarrollar actividades en el sector privado. No solo ministros, también expresidentes del gobierno, de comunidades autónomas, consejeros autonómicos y secretarios de estado han cruzado la puerta…

De la ética a la estética

Decía Aristóteles que una acción es éticamente correcta si hacerla fuera propio de una persona virtuosa. No parecen muy virtuosos muchos de los políticos que ocupan asientos en los consejos de administración de las grandes empresas españolas, en el sentido de poseer virtudes para ello. Desde el punto de visto de la estética, su comportamiento no es bello, es más, resulta en cierto modo grotesco, dado que se podría concluir que la ocupación en el sector público es un medio para lograr una posición en el privado que de no mediar ese período no se lograría.

La electricidad española para los hogares es la cuarta más cara de toda Europa. Tan solo Dinamarca, Alemania e Irlanda, países con un PIB per capita muy superior, pagan más por lo mismo. Quizás algo tenga que ver que el 51% de los políticos se sienten en los consejos de administración de empresas del sector de la energía.