La obra política de Adolfo Suárez y las cuestiones que quedaron pendientes

¿Por qué los jóvenes de hoy no asumen la Transición?, se pregunta este periodista y profesor universitario, buen conocedor de la reciente historia de España.

Se ha vuelto a hablar mucho estos días de la llamada “Transición” y de los méritos del fallecido Adolfo Suárez de haber conseguido la transformación del “Franquismo” en una democracia parlamentaria, de la ejemplaridad de proceso, etcétera. Y eso es cierto y nadie lo niega. Pero desde una perspectiva histórica se puede añadir algo más, examinar todos los elementos en presencia y extraer conclusiones. Por lo pronto, ahora que tanto se reniega del régimen anterior y se quieren borrar todos los símbolos de su existencia, no deja de ser curiosa paradoja que olvidemos su más presente consecuencia, la “re instauración” de la Monarquía, sin permitir a los españoles pronunciarse sobre otras opciones. Y no se puede sostener que el asunto se resolvió en el refrendo de la Constitución de 1978, porque no había dos opciones y la confirmación del sucesor del Caudillo a título de Rey iba dentro del lote con el Estado de las Autonomías, asunto éste que ha resultado un disparate, económicamente insostenible y que hipoteca el futuro de varias generaciones.

Se dice que Suárez tiene el mérito de haber llevado a cabo “lo único posible” y que supo ejecutar los deseos del Rey, pese a la oposición amenazadora de los cuarteles. Y eso es cierto. O sea, que hemos de resignarnos. ¿O no? Santiago Carrillo afirmó, al justificar la aceptación de la Monarquía, que si las fuerzas democráticas no pactan con la Corona su plena aceptación, ésta habría pactado con los militares, su principal sostén –antes y ahora- la continuidad del “Franquismo”, lo que habría retrasado el retorno de la democracia…y el fin de la Monarquía, obviamente. ¿Valió la pena? Vista la deriva de la institución la cosa da que pensar.

Todo el proceso de construcción jurídica del Franquismo, la imposibilidad, no ya de toda oposición legal, sino de mera controversia pública sobre la misma; el proceso posterior de la “Reforma”, una vez desaparecido el providencial caudillo, se arma con un doble fin: primero, asegurar aquel régimen en estado puro para su continuidad futura, según las previsiones sucesorias; segundo, modificar adecuadamente aquellas estructuras para consolidar una de sus consecuencias decisivas: que la persona elegida para suceder al general Franco a título de Rey pudiera serlo sin discusión. Y para ello, lo que era permanente e inalterable por su propia naturaleza (los Principios del Movimiento Nacional) se transforman en la medida que fuera necesario.

Es evidente que resultaría un argumento simplista colegir que la forma en que el Franquismo logra transformarse en una monarquía parlamentaria, tan alabado, sin cuestionar o poder discutir previamente, -como tan repetidamente reclamaba la oposición democrática, figuras representativas del propio entorno del “pretendiente” el Conde de Barcelona y miles de ciudadanos- la cuestión previa República-Monarquía, fue sólo obra de los reformistas procedentes del interior del Régimen, sin el concurso o la cesión del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista y de otros grupos

Por el contrario, la reforma incorporaba como elemento esencial la aceptación de la validez y legitimidad del hecho monárquico que además simbolizaba con toda nitidez la pretensión de continuidad formal. Y aunque después la mayoría de la oposición acabara revelándose como accidentalista, en aquel tiempo era formal y expresamente republicana. Rechazó, por tanto, a la Monarquía como hecho consumado. El día 18 de septiembre de 1976, Coordinación Democrática (organismo de la oposición formado por la Junta Democrática y la Plataforma Democrática) hace público un documento por el que rechaza la reforma y dice: “La exigencia de la oposición de negociar el proceso de transformación democrática del Estado no ha sido atendida desde el poder. Se ha intentado crear una imagen ficticia al hablar de contactos con determinadas fuerzas políticas y sindicales de la oposición, como si de estos contactos unilaterales y meramente informativos se hubiera derivado algún tipo de compromiso”.

Las dos razones de más peso alegadas son que no se puede convocar al pueblo para que haga uso de soberanía mientras no se le devuelva previamente el ejercicio pleno de sus libertades y mientras no existan serias garantías de que el uso pacífico de estas libertades no serán reprimidas por las fuerzas de Orden Público. Se reclama además la apertura de un proceso constituyente que determine las instituciones democráticas del Estado.

Suárez administró inteligentemente el proceso de la Reforma, empezando por tratar de forma desigual, según conviniera a unos y otros, como la demuestra que, pese a ser un partido ilegal, se autoriza al PSOE su XXVII congreso en un hotel de Madrid. Las conclusiones del mismo son radicales, radicales verbalmente; contrastadas con la moderada postura de Felipe González, al que arropan los grandes líderes de la socialdemocracia europea. Pero en el lugar alquilado para el congreso, un hotel madrileño, las voces que predominan en medio del entusiasmo general serán: “¡España, mañana, será republicana!”. Va a ser otra música y otra letra la que desde el Gobierno se ponga en marcha, a fin de que el pueblo español responda como una ordenada masa coral sobre la partitura dispuesta.

El proceso jurídico de la transformación del Franquismo en la Monarquía parlamentaria contó con un instrumento especialmente diseñado para evitar que los medios de comunicación y, por lo tanto el público en general, pudieran discutir en libertad sobre otras alternativas el modo en que se resolvió la conversión realmente curiosa. Es decir, que se pusieron los medios jurídicos para impedir que se llevara a cabo la propia alternativa de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la alternativa República o Monarquía.

Una pieza esencial junto a las sucesivas leyes de la Reforma, fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, es evidente que los ciudadanos que no asistieron a la forma en la que el Franquismo logró la continuidad del sucesor del dictadora  título de Rey, jefe de una monarquía electiva, consideran hoy que no es un tema cerrado por la Constitución de 1978 y reclaman que les permitan dar la respuesta que se hurtó a sus padres con la complicidad o el silencio de los medios, y una Ley de Prensa reformada para evitar que pudiera plantearse el debate de las cuestiones esenciales sobre el futuro de la nación, la articulación del Estado y el papel de las fuerzas armadas, vigilante guardador de la voluntad del dictador.

El temor a que los españoles se manifiesten está tan presente que, y menos en los momentos actuales, nadie se atreve a plantear un proceso de reforma de la Constitución con respecto a la incongruente preferencia del hombre sobre la mujer a la hora de heredar el trono (tal y como se estableció en la Ley de Sucesión del Franquismo), a través de los propios mecanismos previstos en aquélla, porque tal consulta a la nación podría desembocar en consecuencias imprevisibles.