Ningún gobierno se ha tomado en serio la lucha contra la economía sumergida

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

El dinero B está por todas partes: la economía sumergida se calcula en un 25 % del PIB en España, frente a solo un 12 % en Alemania. Ojalá el problema fuese solo la 'lista Falciani'.

Ningún gobierno se ha tomado en serio la lucha contra la economía sumergida

El dinero B está por todas partes: la economía sumergida se calcula en un 25 % del PIB en España, frente a solo un 12 % en Alemania. Ojalá el problema fuese solo la 'lista Falciani'.

Si algo está claro en España es que hay mucho dinero negro y que por esa misma razón existe mucho fraude fiscal. Ningún gobierno ha querido plantar cara a esa situación, salvo con la boca pequeña, del mismo modo que ningún gobierno ha aplicado a la mayoría de los contribuyentes el trato de favor concedido a determinadas personas ricas. Por sorprendente que parezca y por mucho que algunos se rasguen –a veces- las vestiduras, España es así.

La Audiencia de Madrid ha ordenado investigar ahora la supuesta amnistía de evasores fiscales que la Agencia Tributaria puso en marcha en mayo de 2010 y que permitió a cientos de ellos evitar condenas de cárcel, al permitirles regularizar su situación irregular. Son los evasores de la llamada ‘lista Falciani’, el último gran escándalo. En juego está si hubo o no una amnistía fiscal encubierta.

Una vez más, las reacciones políticas y judiciales han ido por detrás de los medios de comunicación, lo cual suma al debate otro componente no menos importante: el valor de preservar los derechos fundamentales y de las libertades públicas que consagra la Constitución, de modo que en España siga siendo posible comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. También pone en valor este caso el papel del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Si, como propugna Gestha, la economía sumergida tributase lo que le toca, el Gobierno podría prescindir de los recortes, siempre y cuando aquellos que mueven el llamado dinero B pagasen todos sus impuestos directos e indirectos, lo cual resulta tan deseable como improbable. En realidad, la economía sumergida tiene su parte ‘positiva’ y negativa. ‘Positiva’, porque muchos de los parados, tal vez la mitad, siguen teniendo ingresos para sobrevivir -tengamos en cuenta que la economía sumergida se calcula en un 25 % del PIB en España frente a solo un 12 % en Alemania-, y negativa, porque significa un fraude en la parte de los ingresos: esos trabajadores no pagan ni Seguridad Social ni impuestos, pero a veces si generan gastos, porque algunos continúan recibiendo el seguro de desempleo cuando tienen ‘trabajo’.

En juego están miles de millones de euros, año tras año. Gestha, una asociación compuesta por técnicos de Hacienda, sostiene que es posible ingresar más de 63.300 millones adicionales cada año. Esta cantidad sería suficiente, por ejemplo, para reducir el fatídico déficit público del 8,9 % de 2011 hasta un nivel inferior al 3 % que exigía Europa para 2013 y que, evidentemente, no se cumplió.

Muchas de las propuestas del colectivo de funcionarios de Hacienda podrían aplicarse para poder relajar las políticas de ajuste y la adopción de medidas contrarias al crecimiento. Del mismo modo, España también podría ingresar más si luchase, de verdad, contra la economía sumergida -su nivel dobla el de la media europea-, si elevase la fiscalidad de las grandes empresas y de las grandes fortunas, y si aplicase una tasa a las transacciones financieras.

¿Por qué apenas se trabaja en esa dirección? Se supone que el Gobierno debería explicarlo y que la Oposición debería saber preguntárselo. Pero más allá de noticias puntuales –como el escándalo de la ‘lista Falciani’-. el problema de fondo sigue estando ahí, como si fuese algo irresoluble; justo lo contrario de lo que sucede en los países más desarrollados, con independencia de si gobierna la izquierda o la derecha. @J_L_Gomez

Datos básicos sobre la economía sumergida
La economía sumergida es una de las grandes asignaturas pendientes de todos los gobiernos en España: tras las elecciones, llegan con grandes propósitos para combatirla y se van con ridículos resultados. Nada menos que el 24,6 por ciento del Producto Interior Bruto, unos 253.000 millones de euros, están fuera del radar da Hacienda, según el último informe de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha). Hay datos alternativos a los de Gestha pero ninguno radicalmente distinto.
La economía en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, año en el que la tasa de economía sumergida se situaba en el 17,8% del PIB. Según Gestha, se disparó en 2009, el año más duro de la recesión, cuando el dinero oculto aumentó en más de 27.000 millones, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos, precisa el informe de los técnicos de Hacienda. La clave de fondo: el ladrillo. La consecuencia: menos ingresos públicos.

 

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