La ley marca prescripciones de delitos que la política no puede aceptar nunca

Sede del PP en Madrid, donde hubo caja B.
Sede del PP en Madrid, donde hubo caja B.

Caja B en el PP. No se puede admitir que un partido haya hecho trampas electorales durante más de 18 años, porque los resultados están contaminados y aquellos legislativos invalidados de pleno derecho.

La ley marca prescripciones de delitos que la política no puede aceptar nunca

Caja B en el PP. No se puede admitir que un partido haya hecho trampas electorales durante más de 18 años, porque los resultados están contaminados y aquellos legislativos invalidados de pleno derecho.

Al Capone se deshizo de sus rivales y siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas, siendo juzgado y condenado por no declarar dinero a Hacienda, no por sus fechorías y fue enviado a la prisión de Alcatraz donde pasó 9 años. Los esfuerzos de Eliot Ness y su equipo se centraron en poner al descubierto la trama mafiosa de Capone, sin embargo la evasión de impuestos fue el arma clave y sólo por ello pudo ser condenado, no por sus crímenes.

El juez Pablo Ruz dio por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas y considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja B entre 1990 y 2008 con la que sufragó campañas electorales, repartió sobre-sueldos a dirigentes y pagó las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblemática sede central de la calle Génova, 13, en Madrid. En un auto de 190 páginas, el magistrado afirma que “existen sólidos y fundados indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años, de “forma sistemática”, de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”. Ruz estima que deben ser  juzgadas seis personas: los ex tesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente, Cristóbal Páez y los responsables de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de sede madrileña, abonada, según el sumario, con 1,55 millones de euros en dinero negro. Debemos tener en cuenta, es vital, que “los papeles de Bárcenas” sólo son un caso separado de la matriz Gürtel, la investigación iniciada en 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada ante la Audiencia Nacional como una trama de corrupción política vinculada al Partido Popular, que operaba principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia, pero con derivaciones en toda España. Hasta aquí la exposición de unos hechos que han sido asumidos por el magistrado, la fiscalía y acusaciones particulares.

Hay empresarios, cooperadores necesarios, que como el humo desaparecieron en el aire: Luis Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr), José Luis Sánchez Domínguez (Sando) y Manuel Contreras (Azvi), con aportaciones superiores a 3,18 millones de euros ingresados, directamente, en la caja B.¡Pelillos a la mar…!, aquí no ha pasado nada ya que no quedó suficientemente probado el trasvase de esos fondos ni una relación directa con las contrataciones de obras adjudicadas a las empresas donantes a una entidad, el Partido Popular, que únicamente pretende ejercer de Cáritas y establecer comedores sociales en la planta baja de Génova.

Sede del PP en Madrid.

 

Registros de sedes de Unifica y del PP, informes demoledores de Hacienda y el Tribunal de Cuentas, más de 81 testigos e imputados, rotundos informes policiales, pruebas periciales caligráficas e informáticas, cinco informes de la Intervención General de la Administración del Estado…y además, por si no fuera suficiente, Ruz deja abierta una investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, custodiados en la propia sede del partido.

Desde aquel fallido caso Naseiro, el Partido Popular ha venido realizando actividades de carácter delictivo mediante la utilización de los medios del Estado, para financiarse de manera ilegal y copar, de forma ventajosa y fraudulenta, las instituciones estatales, autonómicas y municipales. Esto permitió mantener una organización delictiva, con ánimo de lucro personal y corporativo. Un personaje central, Mariano Rajoy Brey, que tomó el relevo de José María Aznar -jefe jerárquico de Naseiro y Álvaro Lapuerta- mantiene las actividades ilegales del partido hasta el presente.

La ley marca prescripciones de delitos que la política no puede aceptar nunca. No se puede admitir que un partido haya hecho trampas electorales durante más de 18 años porque los resultados están contaminados y aquellos legislativos invalidados de pleno derecho. Sus decisiones serían nulas y el resultante deberá ser declarado Estado fallido a todos los efectos. Un corrupto no puede dirigir un país, de igual modo que un conductor ebrio no puede pilotar un autobús escolar.

Ilegalizar al Partido Popular debiera ser el primer Pacto Social transversal que los poderes democráticos tendrán que adoptar, con la exclusión explícita de los contaminados., hoy en el Gobierno, creando un  Ente constituyente provisional, que siente  las bases para unas Elecciones Generales limpias por primera vez en 20 años, libres de ventajistas, capaces de  afrontar el futuro de un país dañado, con la mirada puesta en  un pasado que nunca debimos admitir.

La ley marca prescripciones de delitos que la política no puede aceptar nunca
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