Guatemala frente a la corrupción y la oportunidad de consolidar su democracia

La renuncia del Presidente de Guatemala puede señalar un éxito evidente para el estado de derecho en ese país y en América Latina, si es que se hacen todas las cosas bien.           

En noviembre pasado, el editor de MUNDIARIO me pidió que escribiera algo sobre la corrupción en España desde mi punto de vista de extranjero. Dije entonces, entre otras cosas, que noticias sobre corrupción política no me quitan el sueño, pero también que la considero inaceptable por tratarse de funcionarios públicos que se creen estar por encima de unas leyes que el resto de nosotros tiene que cumplir y por tratarse de un despilfarro de dinero que puede ser mejor utilizado para beneficio del pueblo y no de unos pocos. Por supuesto, la corrupción política no se limita al caso Nóos o a la monarquía.

Hoy nos enteramos con cierto estupor de un esquema de corrupción alrededor de impuestos aduaneros en Guatemala. Lo que causa ese cierto estupor, incluso para mí, es que el escandalo haya tocado tan de cerca al gobierno guatemalteco hasta el punto de provocar el encarcelamiento preventivo de la vicepresidenta, la renuncia de más de 12 ministros (algunos de los cuales abandonaron el país) y la causa para el arresto del Presidente Otto Pérez Molina, el cual renunció al cargo horas después de que la causa se hiciera pública, pero no antes de que el Congreso de Guatemala despejara la ruta para su enjuiciamiento revocándole su inmunidad. No hay vacío de poder, pues un jefe de estado provisional ha asumido el mando, pero esta crisis no tiene precedente alguno. Ni en Guatemala ni en América Latina.

Hay que reconocer que este suceso es un hito positivo en la reputación, poco rutilante, del estado de derecho latinoamericano, y hay que reconocerlo así porque los latinoamericanos mismos, según las encuestas de opinión, no creen que la justicia en sus países persigue y castiga a los culpables con la asiduidad debida. Aun con los procesos practicados al presidente peruano Alberto Fujimori y a los militares argentinos por violaciones a los derechos humanos durante sus respectivos mandatos, o con las causas que se abrieron en Brasil alrededor del escándalo mensalão, la mayor parte de los países de la región no confía en su sistema judicial. En Guatemala, según el Barómetro de la Américas de la Universidad de Vanderbilt (EEUU), el nivel de confianza en el sistema judicial solamente llega a poco menos del 44%, mientras que los tribunales mismos reciben la confianza de solamente un 42% de los ciudadanos. Y son precisamente ese sistema judicial y esos tribunales los que se aprestan a juzgar a Pérez Molina por corrupción. Por eso, de lo que ocurra en el futuro juicio contra el mandatario dimisionario dependerá el que el apoyo ciudadano a la democracia guatemalteca, el cual registró en 2013 un aumento muy modesto, según Latinobarómetro, siga aumentando sostenidamente. Claro está, la democracia es más que el estado de derecho, de modo que una paloma no hace verano. Sin embargo, si los ciudadanos juzgan la democracia en base al desempeño de sus instituciones en vez de fijarse en la existencia o no de esas instituciones, como lo hacen los politólogos, un proceso judicial íntegro y equilibrado que resulte en la fijación justa y exacta de responsabilidades será un paso de gran avance hacia una definitiva consolidación de la democracia en un país que atestiguó golpes de estado, dictaduras militares, guerrillas, conflicto civil abierto y hasta el genocidio de su población indígena.

Una pregunta obligada es si lo ocurrido en Guatemala tendrá efecto en lo que ocurra en Brasil alrededor del escándalo Lava Jato, sobre todo en cuanto a la suerte de Dilma Rousseff. La mandataria ya era la comidilla de las protestas callejeras desde las masivas manifestaciones de 2013 y ya estaba perdiendo popularidad debido a que la economía brasileña se está estancando, pero también se ha mencionado la posibilidad de enjuiciarla. Los opositores de Rousseff en el Congreso brasileño podrían tomar el caso guatemalteco como un ejemplo a seguir, pero en este caso las cosas no son tan fáciles. De hecho, según escribe Shannon K. O’Neill para un blog del Consejo sobre Relaciones Exteriores, un prestigioso “think tank” basado en EEUU, el “impeachment” procede solamente en crímenes cometidos durante el ejercicio de la presidencia y el escándalo en cuestión ocurrió antes de que Rousseff fuera electa, además de que casi todos los jueces constitucionales que intervendrían en el proceso fueron nombrados por la propia Rousseff o por su mentor Lula (quien ya ha sido implicado). Pero el coro de voces en la calle que pide la dimisión de Rousseff a gritos no cesa, como tampoco cesó en Guatemala previo a la renuncia de Pérez Molina.

A propósito, merece destacarse igualmente el que la causa contra Pérez Molina y su gobierno fuera presentada por una ONG. Ese es otro punto en favor de la consolidación de la democracia en Guatemala porque otro elemento que caracteriza a la democracia como régimen es la existencia de entidades y grupos externos al gobierno, sin conexión alguna con este, dispuestos a imponerle una rendición estricta de cuentas – es decir, la sociedad civil. Pero siempre existe la posibilidad de que un poder como éste se preste al abuso por parte de grupos o personas con motivos que no son los de demandar el funcionamiento correcto de las instituciones. Ese es el planteamiento que Pérez Molina hace en su defensa, acusando incluso a intereses extranjeros (aún desconocidos) de intervenir en los hechos. De ahí varias cosas: primero, la necesidad de un juicio justo e imparcial que determine quién realmente hizo qué cosa; y segundo, el admitir la otra posibilidad: el que Pérez Molina salga exonerado. Si hubo un proceso judicial llevado a cabo con todas las de la ley, el respeto ciudadano a ese fallo – aun dentro de una justificada oposición a éste – también ayudará a consolidar el estado de derecho en Guatemala.

Finalmente, los sucesos de Guatemala se llevan a cabo unos años después de que Latinobarómetro 2013 revelara que los guatemaltecos no consideran a la corrupción como un problema verdaderamente acuciante en su país en comparación con la seguridad ciudadana. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos piensan de esa manera. El problema, sin embargo, es que, según los encuestadores, “[l]a transparencia primera que se necesita para combatir la corrupción es el reconocimiento de su existencia”, pues lo contrario debilita cualquier esfuerzo en ese sentido. Si la caída de Pérez Molina ayuda a los guatemaltecos a lograr esa transparencia de una vez por todas, el esfuerzo de la ONG que destapó los hechos no será en vano. Y luego de haber creado conciencia, hay que ir más allá. Se necesitan cosas como, por ejemplo, una prensa libre e independiente que lleve a cabo su función de cuarto poder, el que hayan cauces eficaces para que los ciudadanos puedan pedirle cuentas al gobierno y voluntad política para hacer cumplir la ley. Pero sobre todo, hace falta un rechazo inequívoco a la cultura de amiguismo y discreción que todavía campea por su respeto en América Latina y es el terreno fértil para todo esquema de corrupción. América Latina no merece nada menos.