El futuro del Rey y sus privilegios singulares, una de las cuestiones relevantes a resolver

El rey Juan Carlos I entrega al presidente del Gobierno el documento de abdicación. / Casa Real
El rey Juan Carlos I entrega al presidente del Gobierno el documento de abdicación. / Casa Real

¿Qué pasaría si el ex rey comete un delito contra la seguridad del tráfico? Cosa posible. El ex presidente de Francia Chirac fue condenado a dos años de cárcel como un ciudadano normal.

El futuro del Rey y sus privilegios singulares, una de las cuestiones relevantes a resolver

¿Qué va a ser de Juan Carlos de Borbón y sus privilegios cuando deje de ser Rey? Con este asunto se ha producido un cambio substantivo. Los dos grandes partidos dinásticos, PP y PSOE habían convenido que cuando escampara el asunto “Urdangarín” abordarían el “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona”, ampliando el concepto del pendiente “Estatuto del Príncipe de Asturias”, sobre el que desde hace años existe un estudio en el Congreso de los Diputados, firmado por el prestigioso catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral. Pero la situación ha dado un vuelco total y es ahora el ex rey y su consorte quienes van a precisar de un marco jurídico que los defina.

Existía el propósito de dotar al príncipe de Asturias de un fuero especial, con privilegios y excepciones cercanos a los de su padre. Lo cual no deja de ser curioso, cuando el sentido común parece aconsejar justamente lo contrario; es decir, revisar y reducir algunos privilegios y excepciones de que disfruta el Rey.

Veamos que pasa en una República cuando el jefe de Estado pierde el blindaje temporal que lo protege, según el caso: Sin ir más lejos el ex presidente francés Jacques Chirac fue condenado a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de confianza cometida durante la larga etapa en que fue alcalde de París (1977-1995). Se convirtió en el primer jefe del Estado francés en ser condenado por un tribunal ordinario. El único precedente similar era el del general Philippe Petain, que fue inculpado en 1945 por colaborar con los invasores nazis. Chirac fue presidente de la República entre 1995 y 2007, hubo de ser juzgado y condenado en ausencia porque según los médicos padecía “anosognosia”, una patología que aqueja a los pacientes neurológicos que no tienen percepción de sus problemas. Según el informe médico presentado por sus abogados, Chirac padecería “severos problemas de memoria” y cometería “importantes errores de juicio y razonamiento”. Pero, en razón de su edad, no fue a la cárcel.

 La sala 11 del Tribunal Correccional de París consideró probados los hechos sucedidos entre 1992 y 1995 y que Chirac incurrió en sendos delitos de malversación y abuso de confianza al contratar con dinero municipal al menos a 19 empleados fantasma y encargados de misión que en realidad no trabajaban para el ayuntamiento sino para el propio Chirac o para su partido, el RPR, agrupación posgaullista fundada por Chirac con la idea de aspirar a la presidencia republicana.

Un supuesto

¿Qué pasaría en España si, por ejemplo, el ex rey comete un delito contra la seguridad del tráfico? Cosa posible.

En España, la pervivencia de la inviolabilidad del Rey volvió a suscitar dudas a raíz de la posible ratificación por España del Estatuto del Tribunal Penal Internacional que prevé expresamente la responsabilidad de los Jefes de Estado, lo que podría chocar con la inviolabilidad que nuestra Carta Magna reserva al Monarca. El art. 27 del Estatuto de Roma señala que “el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de  Gobierno  (...)  en  ningún  caso  le  eximirá  de  responsabilidad  penal”.

En las Repúblicas, los presidentes que ejercen funciones ejecutivas más o menos importantes, pero las ejercen mal, pueden verse implicados en responsabilidad. Véase el caso de Francia, que introdujo en el Título VI de su Constitución el reconocimiento de “la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en las condiciones previstas en el Tratado”. La solución adoptada en algunos Estados con monarquía parlamentaria, como el caso de Noruega, fue el interpretar que tal inviolabilidad  regia  impide  a los tribunales nacionales procesar al Rey, pero no se lo impediría, en su caso, a la Corte Penal Internacional.

¿En qué cabeza cabe que por haber nacido en el seno de una determinada familia o, como en el caso de España, haber sido designado sucesor de manera personal por un individuo que se apropió personalmente del Estado, un sujeto y sus descendientes quedan al margen del orden jurídico común?

Obviamente, en un plano puramente teórico, ¿es sostenible que en el siglo XXI, el Rey pudiera matar, robar, asesinar o violar, por poner ejemplos límites, sin que eso se traduzca en responsabilidad, porque eso equivaldría a negar el propio Derecho Natural y la concepción integral del Ordenamiento Jurídico? Por ello se debe diferenciar el Rey, como órgano del Estado, y la persona física que en un momento dado ostenta esa posición. En España, esta situación genera otra, muy grave a nuestro entender, el vacío legal sobre ante quién habría que presentar una querella por delitos graves presuntamente cometidos por Don Juan Carlos de Borbón como persona privada, y no como Rey.

Estamos ante una de las cuestiones de mayor envergadura que nos crea la situación presente. La irresponsabilidad del ciudadano Juan Carlos de Borbón sigue siendo absoluta. ¿Y en el futuro? ¿Seguirá siendo capitán general de los Ejércitos? O sea, que habrá dos. ¿Y todo lo demás?

El futuro del Rey y sus privilegios singulares, una de las cuestiones relevantes a resolver
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