España podría pasar de una situación de malestar contenido a una reacción social explosiva

Campus Party Europa 2010 via Compfight

ALFREDO BERMÚDEZ FERNÁNDEZ

La situación económica de España ha llegado a un punto crítico en el que se puede producir una crisis social sistémica. Podríamos pasar de una situación de gran malestar contenido a una reacción explosiva de la sociedad.

Tanto silencio es sospechoso. Ello solo puede deberse o bien a que la sociedad ha caído en un desánimo de gran calado o bien a que algo se está preparando y las fuerzas se están reservando para el momento oportuno. Me inclino, de momento, por la primera posibilidad, el desánimo es patente. Y en esto llega Alberto Ruiz Gallardón, el que fue alcalde de Madrid y dejó un déficit de proporciones siderales y, como Ministro de Justicia, consigue que se apruebe una Ley de Tasas (Ley 10/2012, de 20 de noviembre) cuya finalidad es, según él, conseguir una justicia muy ágil y reducir el déficit que genera el abuso de la Administración de Justicia. Si Gallardón no hubiese gastado más de lo debido ahora probablemente los ciudadanos y las empresas podrían acceder sin tantas trabas económicas a la Administración de Justicia.

Un problema de trámites

Si lo que pretende el Gobierno con esa ley de tasas es agilizar la Justicia, lo que tiene que hacer es coger la Ley de Enjuiciamiento Civil, la que regula el proceso, es decir los trámites que se han de seguir hasta que se dicte sentencia, y reducir dichos trámites al mínimo, al menos en las reclamaciones económicas. Para ello solo tiene que fijarse en la jurisdicción que en España funciona con mayor rapidez, que es la de los Juzgados de lo Social. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción social se presenta una demanda, se cita a juicio al demandado, se celebra este y se dicta sentencia, sea cual sea la cuantía. Esto no ocurre en la jurisdicción civil, donde si la cuantía del pleito excede de seis mil euros, es necesaria una demanda, una contestación a la demanda por escrito, una vista para celebrar la audiencia previa y otra para el juicio, y en el medio unos cuantos plazos que hacen imposible que la sentencia se dicte en el término de dos meses como ocurre en la jurisdicción social.

Si quieren agilizar la Justicia, sobre todo en temas relacionados con deudas, ya saben cual es el camino, podar gran parte de los trámites del proceso civil. Esto crearía en las empresas y los ciudadanos confianza en la eficacia de la Administración de Justicia y no la Ley de Tasas, porque el pago de éstas no agiliza la Justicia mientras que la eliminación de trámites sí.

Una disculpa perfecta

Reducir los trámites de los procesos civiles y mercantiles sobre reclamación de cantidades sí es una reforma estructural que ayudaría a superar la crisis económica. ¿Por qué no se hace? Pues porque en realidad la agilización de la justicia ha sido la disculpa perfecta para recaudar más y solucionar el problema de déficit que nos dejaron, entre otros, el señor Gallardón.

Ahora la mayoría de los jueces convocan huelga para el día 20 de febrero, en parte por las tasas judiciales, que según afirman han reducido el número de litigios en un 25%, lo que demuestra que sí impiden el acceso a la Justicia, al menos, a una parte de la sociedad, la clase media, porque los que tienen derecho a la justicia gratuita siguen pleiteando y los ricos también.

Solución al colapso

Es manifiestamente injusto que la pretendida solución al colapso de la Administración de Justicia se haga recaer sobre una clase social determinada y sobre la pequeña empresa.

La injusticia es tan patente que Gallardón ha anunciado que va a revisar las cuantías de las tasas y los conceptos a los que se aplica. Rectificar es de sabios y si el Ministro de Justicia además de rebajar la cuantía de las tasas hace una limpieza de trámites procesales estará contribuyendo a superar la crisis económica al permitir que el dinero fluya y la confianza en la Justicia aumente.