Los escándalos de la Familia Real obligaron a PP y PSOE a retrasar la Ley de la Corona

De haber sido diligentes, otro podría ser el panorama de la infanta, en cuanto al proceso a que quiere someterla el juez, y el Gobierno, con sus medios, hacer “cuestión de Estado” el impedirlo.

Desde hacía tiempo, prestigiosos constitucionalistas mantenían abierto un debate sobre la necesidad de dotar o no de un Estatuto al entonces Príncipe de Asturias, y por elevación, de aprobar un Estatuto o Ley de la Familia Real. Pero los sucesivos escándalos, tanto del monarca cesante como de su entorno familiar, aconsejaron no abordar este asunto en un clima desfavorable, en el que el PP y el PSOE mantenían posiciones cercanas. Así que se optó por ir colando pequeñas reformas, como el aforamiento de la reina o la consorte del Príncipe de Asturias. De haber sido más diligentes, otro podría ser el panorama de la infanta Cristina, en cuanto al proceso a que quiere someterla el juez Castro, y el Gobierno, con sus medios, hacer “cuestión de Estado” el impedirlo.

La abdicación de Juan Carlos I cambió por completo el tablero, y, como vemos, con urgente precipitación, se trata de blindarlo ante posibles responsabilidades tantos penales como civiles, lo que, por lo que respecta especialmente a esto último parece sencillamente un desafuero. Si cualquier español tiene un accidente de tráfico con Juan Carlos conductor, no podría, por lo que se pretende, mantener un pleito civil contra él si fuera responsable del accidente.

Felipe de Borbón no disfrutaba de ningún fuero especial y no parecía tener otra función que representar a su padre en determinados actos, acudir a donde el gobierno le indicara o recorrer España tratando de crearse una imagen que le ayudara a consolidar en su día la Corona de la que era heredero. Los constitucionalistas de solvencia democrática consideraron disparatado dotar a Felipe de los mismos privilegios que a su padre, pero por esas paradojas de la historia, lo que el Gobierno pretende es que el padre conserve parte del blindaje que traspasó al hijo.

Hasta ahí aún podría entenderse, pero la cosa va más allá y se extiende a la familia.

Cabe recordar que está pendiente de desarrollar un “Estatuto de la Familia Real” o “Ley de la Corona”. De estar ahora vigentes ¿habrían impedido la imputación de la Infanta Cristina o, al menos, otorgarle determinados privilegios procesales, como el declarar escrito o incluso no hacerlo? ¿A saber?

En todo este asunto, no puede extrañar la postura del PSOE, partido resueltamente dinástico, que ya en la reforma del Código Penal de 1995 reforzó la protección penal del Rey y su familia, incluyendo entre los sujetos de protección especial a sus antepasados o sucesores (sin decir hasta dónde), lo que a juicio de los historiadores es “puro dadaísmo”

Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al referirse al posible Estatuto de la Familia Real, dijo:

 “El asunto debe tratase con mucha tranquilidad y prudencia para buscar un acuerdo entre todos los partidos porque merece una reflexión pausada y no al socaire de una u otra noticia: el Gobierno tiene la obligación de llevar con prudencia, con sensatez y con discreción todo lo que atañe a la regulación de la Corona o del sucesor de la Corona”.

Pero el PSOE fue mucho más claro y directo que el PP a la hora de proteger a al Rey y su entorno. Para Elena Valenciano, sólo era preciso “elegir el momento adecuado para modernizar la monarquía”. Pero ese momento no parece llegar.

Pero quedan muchas cuestiones que regular. Zapatero, durante su mandato, dejó claro que el PSOE no consideraba “prioritario”  regular el acceso de los miembros de dicha familia a las empresas privadas, sus relaciones con entidades financieras y la propia transparencia y control parlamentario, como ocurre en otras monarquías, de los gastos de Palacio. Los gastos reales, no las cuentas parciales que se presentan aquí, sin incluir esenciales partidas del costo de la monarquía de otros Ministerios.

Pero este controvertido asunto no está muerto, sino hibernado, a la espera del momento adecuado para abordarlo: Desde hace tiempo, el PP y el PSOE estuvieron de acuerdo en redactar un texto que debe regular capítulos referidos al estatuto jurídico, funciones y fuero de la familia real, y, entre otras cosas, aclarar quiénes la componen. En diciembre de 2011 se incluía a los Reyes, a los príncipes de Asturias y a sus hijas, Leonor y Sofía. Apenas veinticuatro horas más tarde, un comunicado de la Casa del Rey se desdecía de todo lo anterior e incluía a las Infantas y sus hijos así como a Iñaki Urdangarín.

A este asunto se la han dado muchas vueltas que a veces se pierde la perspectiva, sobre todo en cuestiones de protocolo, sobre quién es la familia real y donde empieza o termina la familia del Rey. ¿Nos quedamos con Felipe, Letizia, las infantas y los reyes cesantes…?