¿Ejerce el Gobierno una estrategia de desprestigio hacia maestros y profesores?

Se acumulan estos días situaciones en que los responsables del Gobierno no tienen reparo en hablar y actuar contra el quehacer profesional del profesorado.

La Dra. Gomendio es el mejor exponente. Prosigue el modelo que, desde los años 90 empezara a cultivar Esperanza Aguirre y, de continuo, aprovecha para proclamar sus inmutables convicciones. Si las hemerotecas y algunos debates de TV son testigos del corpus teórico y práctico de que suele hacer gala, en Brasil, acaba de exponerlo de nuevo, como se puede ver en:

http://www.elmundo.es/espana/2014/04/30/5360a80822601d58128b456b.html.

Ante los desvaríos de la Sra. Rousseff –que está contratando excedentes españoles de probada calidad investigadora-, ha querido testimoniar cuáles deban ser los buenos caminos de la gestión educativa. Su lectura del Informe PIAAC-2013 (OCDE), que tan reiteradamente ha exhibido en España, le ha vuelto a servir para dibujar una situación de ineficiencia que la LOMCE –asegura-  revertirá, pues con ella  se “moderniza el sistema educativo, que deje de ser puramente memorístico…”, y tendremos “una formación profesional más moderna”. Lo más nuevo de sus preocupaciones, de todos modos, es que, según acaba de confesar, en España el mucho dinero invertido en educación no se ha invertido bien: esos recursos “se han desviado a reducir la ratio alumno-profesor y a mejorar el salario de los profesores”. Craso error: ahí está el PIAAC para demostrar lo malos que han sido los profesores españoles, que no han mejorado “la adquisición de competencias” de los alumnos. Según esta señora -en otro tiempo investigadora de primates y ahora impertérrita portavoz privilegiada de los designios del MECD-, lo que están haciendo es lo mejor para el sistema educativo español. Reducir profesores –ya van fuera más de 60.000-, bajar el presupuesto educativo hasta el 3,9% del PIB –según se han comprometido-, y mantener la bajada del poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza junto con otras medidas terapéuticas para el saludable adelgazamiento  del sistema, sentará muy bien a la red pública, la más afectada por el austericidio. De gran utilidad para un futuro más intervenido del conocimiento en España, esta piedra filosofal del bueno, bonito y barato que predica esta secretaria de Estado –y no se sabe si también la investigadora Gomendio- hace recordar lo que D. Ramón Menéndez Pidal, desconfiado de que los cargos aumentaran el capital intelectual de las personas, escribía en 1963: “Muy bueno sería que quienes nos dedicamos al trabajo científico intentásemos de vez en cuando superar nuestra inutilidad y pereza” (Ver: ORTÍ BORDÁS, J. M. [Coord], Con la misma esperanza, Madrid, SEU, pg. 363).

Don Luis Peral, por su parte, también proclamaba el día 28 algo muy similar en una jornada sobre “Educación en la agenda política europea”. El acto tenía lugar en la Sala Ernest Lluch del Congreso de Diputados. En el contexto de las inminentes elecciones europeas, el exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid y actualmente senador tenía a su lado un panel de participantes poco adicto a sus tesis y, contraviniendo la idea de la convocatoria para mostrar en qué podían estar todos de acuerdo respecto a las directivas de Bruselas, optó por atrincherarse en su radical discrepancia. Es probable que hubiera meditado ese día sobre la máxima 615 de Camino (Madrid, Rialp, 1939) –la que habla de virilizar la voluntad y que sea “como un espolón de acero”, porque “sólo teniendo una fuerte voluntad sabrás no tenerla para obedecer”. Dejando de lado las que Escrivá dedicó a la “discreción, virtud de pocos”, vino a repetir, de hecho, la misma argumentación de la Dra. Gomendio, pero con una pretenciosa elevación conceptual: la culpa de todos los males de la educación española la tiene la “izquierda política y educativa”, una especie taxonómica que ha hecho creer a los españoles que el de la educación era “coto reservado de la izquierda”.  A este Peral, empeñado en su misión apologética de que aquí estaba la LOMCE para poner coto a tamaño desmán –que alejaba la  res publica educativa de la compra y venta-, poco le importó que la inversión europea media sobrepasara el 5% del PIB o que los países de nuestro entorno más convencidos de que la de la educación es la mejor inversión, derrocharan incluso hasta el 7%. Donde esté una bonita teoría, no ha de prestarse atención a la frustrante tozudez de los hechos, incluidos los que uno ha protagonizado. Tampoco han de hacerse comparaciones odiosas, porque habría que concluir que Villar Palasí y la teresiana Ángeles Galino –responsables en 1970 de la LGE- seguramente pertenecían a esa secta conspiranoica de la “izquierda educativa”, pues su ley fue bastante más avanzada en muchos aspectos que la tan pregonada LOMCE de ahora. Bien es verdad que la teoría de Peral tiene precedente en Alicia Delibes, protegida de Esperanza Aguirre en compañía de Regino García-Badell. Para la actual viceconsejera de Fígar, la mentada LGE estaba en la onda perversa de la revolución del 68 (La gran estafa, Madrid, Unison, 2006). Una lindeza -como otras muchas,  muy apreciadas en FAES y Libertaddigital- de intransigente neoconverso, como débito por el digitalizado alejamiento del polvillo de la tiza; una laudatio de lealtad al neoliberal elitismo español, empeñado en que la extensión democrática de la educación no es competitiva (Ver: http://troikaparty.eu/es/troikamarkt-uni-en-venta/).

Las concordancias y fidelidades hermenéuticas a las exigencias de la fe en la LOMCE han tenido su culmen en la convocatoria que el MECD había cursado para este martes pasado, día 29, a los sindicatos. Sin demasiada sorpresa para estos, una vez más no se trataba de oírles y dialogar respecto al posible Estatuto docente y, en particular, respecto a su primer capítulo, relativo la selección de los funcionarios de carrera docente. El MECD trató ese día de imponer un articulado en que, desmintiendo el compromiso alcanzado a finales de noviembre de 2013, no sólo no presentaba una propuesta completa del anhelado Estatuto, sino que priorizaba un asunto que no había sido tratado ni acordado. Tampoco tenía en cuenta ninguna de las cuestiones que han sido alteradas desde las negociaciones estatutarias abiertas en 2007. La LOMCE misma y los recortes sufridos desde 2008 –y, sobre todo, desde 2012-, con todas sus consecuencias en las plantillas y demás características del trabajo docente público, aparecieron en esta reunión como asuntos vitandos e innegociables. La situación existente en este momento -como la de un comienzo de partido con el marcador a cero- era la que había que tomar como referencia. Nada, pues, de recuperar empleos perdidos. Nada de hablar de tasas de reposición. Nada de modificar las precarias situaciones laborales actuales. Nada, tampoco, de los debates surgidos en torno a la deficiente configuración que tienen la formación inicial, MIR y permanente de los candidatos a profesores y maestros. A este afán por dar por sentada una realidad claramente deficitaria y menguante para una escuela pública de calidad, se añadía ahora, además, en la propuesta ministerial una mayor exigencia en el sistema selectivo de ingreso en el trabajo docente. Con curioso silencio respecto a la docencia en la red privada y concertada –cuyas exigencias han gozado siempre de bula especial en nuestra historia educativa-, los aspirantes a la pública deberán acreditar –según el MECD-  “suficiente competencia digital, apropiada para la práctica docente” (Artc. 20.3). Igualmente, “deberán realizar una prueba de idioma extranjero en la que se acredite un adecuado nivel de dominio de destrezas orales y escritas en el idioma correspondiente” (artc. 20.4). Siendo teóricamente de interés estas obligaciones –en buena medida ya implícitas en las propias condiciones que imponen las formalidades de grados y másteres existentes-, lo que no es de justicia es que no sólo sea poco valorada la experiencia acreditada por los maestros y profesores que en estos últimos veinte años han estado enseñando, sino que, a contrapelo de lo que les han exigido en sucesivas convocatorias a que han tenido que presentarse periódicamente, les sean impuestos ahora de golpe tales requisitos.

Mal va a desarrollarse, a medio plazo, la indiscutible tesis de que una reforma no es seria si no cuenta con un profesorado motivado y bien cualificado profesionalmente. Y mal síntoma, en corto, que la audiencia-consulta sobre el capítulo segundo de este anunciado Estatuto docente no pinte bien. Su convocatoria ha quedado fijada para finales de mayo, sin que hubiera acuerdo sobre los asuntos de este capítulo primero: todos los sindicatos se han retirado de la pasada reunión sin dar su aquiescencia a la redacción y contenidos propuestos por el MECD, convencidos mayoritariamente del poco valor y desprestigio a que el equipo de Wert está sometiendo al profesorado de la enseñanza pública.  Aparte de una peor situación que ya se ha generado para los alumnos desde 2012, destacan –una vez más- el ninguneo especial a los profesores y maestros interinos existentes.  También ponen el acento en que los demás –según los criterios que marca la LOMCE y que este Estatuto no mejorará-, tendrán de sobra con ser meros transmisores de estándares de conocimiento medibles e instrumentables, más preocupados de evaluaciones externas en matemáticas, lengua e inglés que de lo que puedan aprender integralmente las nuevas generaciones; y si todo tiene apariencia de selecta modernidad tecnocrática, mejor. Observando el conjunto estratégico resultante de las decisiones de esta “derecha pedagógica” actuante, bien podría evocarse al Doctor Angélico cuando decía que omissio et commissio non differunt specie, ya que, aunque parezcan asuntos distintos –LOMCE y Estatuto-, “al mismo fin se ordenan y del mismo motivo proceden” (Summa Theologica, Iª IIª, Q. LXXII, 6º).