El desafío soberanista llevó al bono español a su peor nivel desde el 27-S

Parlamento de Cataluña. / Twitter
Parlamento de Cataluña. / Twitter

La Fiscalía estudia acusar de conspiración para la sedición a los separatistas. El delito está castigado con más de dos años de cárcel que pueden llegar a 15 si la sedición se consuma.

El desafío soberanista llevó al bono español a su peor nivel desde el 27-S

La Fiscalía estudia acusar de conspiración para la sedición a los separatistas. El delito está castigado con más de dos años de cárcel que pueden llegar a 15 si la sedición se consuma.

El Parlamento de Cataluña ha aprobado romper con España y no acatar su legislación. Por 72 votos a favor y 63 en contra, aprobó este lunes la propuesta de resolución a favor del proceso de independencia impulsada por Junts Pel Sí y la CUP. La propuesta, basada en 9 puntos, proclama el inicio de la desconexión de Cataluña con el Estado así como su insubordinación a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Más allá de la política, el desafío soberanista llevó al bono español a su peor nivel desde el 27-S. La rentabilidad del título avanzó este lunes hasta el entorno del 2%, con la prima de riesgo en 130 puntos básicos, hecho que no sucedía precisamente desde las elecciones catalanas.

"Ni Cataluña se desconectará ni se producirá ninguna fractura", ha reaccionado el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien decidió pedir este mismo lunes un dictamen al Consejo de Estado que avale el recurso que presentará ante el Constitucional, para desactivar el desafío del Parlamento catalán. "Apoyamos el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno", dijo a su vez el líder del PSOE y la Oposición, Pedro Sánchez.

El ahora presidente en funciones, Artur Mas, quiere tapar el 3% con la independencia, según denuncian PP y Ciudadanos. Albiol y Arrimadas atribuyen la declaración de ruptura de Cataluña con España a los escándalos de corrupción.

Entre tanto, la Fiscalía estudia acusar de conspiración para la sedición a los separatistas. El delito está castigado con más de dos años de cárcel que pueden llegar a 15 si la sedición se consuma. La Fiscal General, Consuelo Madrigal, lo ha encargado a la Secretaría Técnica y tiene el apoyo del fiscal de Cataluña.

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