Delincuencia económico-financiera y corrupción, un fenómeno dinámico

Manifestación contra la corrupción y el enchufismo en España.
Manifestación contra la corrupción y el enchufismo en España.

Cuarta entrega en MUNDIARIO de la propuesta de Plan de Actuación de la Fiscalía de Galicia, al considerarla un referente en España. Seguirá otra entrega hasta completar la obra.

Delincuencia económico-financiera y corrupción, un fenómeno dinámico

Cuarta entrega en MUNDIARIO de la propuesta de Plan de Actuación de la Fiscalía de Galicia, al considerarla un referente en España. Seguirá otra entrega hasta completar la obra.

Las propuestas del Fiscal Jefe de Galicia tienen una proyección amplia y universal. Constituyen un repertorio que va mas allá de la actuación convencional y clásica de una Fiscalía, que convierten a esta institución en un referente innovador y privilegiado de la sociedad para la defensa de sus intereses sociales indisponibles. MUNDIARIO inició el jueves 22 de enero la publicación de la propuesta de Plan de Actuación de la Fiscalía de Galicia, al considerarla un referente en España.

> En esta cuarta entrega se incluyen los capítulos Secciones de investigación especializadas, Los tribunales y el territorio. Contribución al debate sobre la reforma del mapa judicial, Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, y Mediación intrajudicial.

Secciones de investigación especializadas

Objetivo

La definición de una nueva estructura especializada, a modo de moderno Departamento de Investigación y Acción Penal, constituye una necesidad imperiosa para el combate de los fenómenos corruptivos y de la criminalidad económico-financiera y altamente organizada, que al actuar con sofisticados medios, impone al Ministerio Fiscal un nuevo Modelo de Organización a través de la creación de Secciones Especializadas de Investigación.

La creación de esta Nueva Estructura persigue un objetivo evidente: mejorar la eficacia de la coordinación y de la investigación, contribuir a una mayor celeridad y eficiencia de la investigación, apostar por una mayor especialización y permitir una mayor cooperación entre distintas entidades.

En consecuencia, y porque la aprobación de esta nueva estructura es importante y necesaria, se avanzan en este informe una serie de propuestas sobre este modelo organizativo para una mejor planificación, operatividad, aprovechamiento y utilización de los recursos disponibles.

Teniendo en cuenta que la provincia de Pontevedra tiene un importante volumen de asuntos relacionados con el narcotráfico, con el blanqueo de dinero, con la delincuencia económica y la corrupción, el Fiscal Superior, en la última Junta de Fiscales Superiores, ha propuesto la creación de una Sección de investigación especializada en esta provincia.

Situación actual: la criminalidad compleja y su caracterización

1) La delincuencia económico-financiera y la corrupción, al evolucionar en su forma de cometerse, configuran en la actualidad un fenómeno marcadamente dinámico. Es decir, la práctica de este tipo de delito está constituida por un conjunto de conductas en movimiento constante, llevadas a cabo de una forma velada y bajo la apariencia de una pretendida legalidad.

Además, la mayor parte de las veces, sus verdaderos autores no tienen contacto visible con la materialidad del acto delictivo ya que, normalmente, tan solo son identificados y perseguidos aquellos que tienen un vínculo directo con el hecho y que, generalmente, constituyen el elemento personal más frágil y descartable de toda la organización.

En la base de esta organización se encuentran estructuras organizativas propias de verdaderas empresas que utilizan medios rápidos, creativos y mutables para procurar la obtención de ventajas y lucros ilícitos.

2) Para combatir este género de criminalidad, con elevado grado de com- plejidad y sofisticación de conductas, se impone una investigación penal que se convierta también en un fenómeno dinámico, ya que de no ser así se corre el riesgo de fracasar en el descubrimiento de los elementos del delito y a sus autores reales.

El fenómeno viene acentuarse por falta de una metodología adecuada en el tratamiento de esta criminalidad compleja por parte de la justicia penal, que implica adoptar una actitud no tradicional (distinta de la aplicada a la delincuencia clásica) ante la investigación penal, en la obtención de pruebas y en el desarrollo del proceso, y por el déficit de condenas en esta especie de criminalidad.

3) La imposibilidad de contener estas conductas delictivas solo con la utilización de los medios convencionales, determina la adopción de técnicas especiales de investigación tales como el control de cuentas bancarias, la interceptación de comunicaciones, la captación y registro de imágenes o el adecuado tratamiento de las denuncias anónimas - que revelen datos objetivos para su comprobación-, además de la protección de denunciantes, es decir de medios de obtención de prueba particularmente dirigidos para este tipo de delincuencia diligente y activa. Esta prueba se produce, en la mayoría de los casos, sobre bases documentales y periciales, y, raras veces, a través de la prueba personal.

Solo a través de estas técnicas, incluso también a través de la rigurosa observancia de la reserva de las investigaciones, es posible detectar y concretar datos e informaciones que permitan confirmar y reprimir las actividades delictivas disimuladas en medio del ejercicio de actividades lícitas.

4) Sin embargo, a pesar de que sea esencial la recogida e intercambio de informaciones y cruce de datos, su obtención, de por sí, no basta para esclarecer el delito y determinar su autoría.

La buena marcha de la investigación depende también, fundamentalmente, de la capacidad de análisis y comprensión de las informaciones obtenidas, exigiendo la colaboración de entidades con conocimientos especializados que, a través de exámenes y pericias, cooperen los las autoridades judiciales y fiscales.

Pensar que estas autoridades judiciales y fiscales y los órganos de la policía judicial, aunque acrediten la necesaria especialización, podrán superar todos los obstáculos que surjan en las investigaciones de la criminalidad económico-financiera y de la corrupción con sus infracciones conexas es ingenuo y temerario.

En este campo es, pues, fundamental una relectura de la investigación criminal y de los medios que efectivamente le son facilitados.

5) El Ministerio Fiscal y la policía judicial precisan de más medios y de más apoyo por parte del Estado para que puedan cumplir eficazmente, en el más corto espacio de tiempo posible, con sus obligaciones. Dar medios a la investigación penal de estas conductas relacionadas con la criminalidad altamente organizada, con la corrupción y con la delincuencia económica-financiera constituyen, así, un imperativo para reforzar el Estado de Derecho.

6) Como es sabido, la investigación del delito económico-financiero está revestida, en general, de mayor complejidad. Esto es así por la gran can- tidad de documentación aprehendida que tiene que ser estudiada y ana- lizada, por la necesidad de realización de pericias muy especializadas y que se demoran en el tiempo, por la necesidad de obtener cooperación a nivel de distintas entidades (Banco de España, CNMV, Agencia Tributaria, Intervención del Estado, Tribunal de Cuentas), expedición de comisiones rogatorias, quiebra del secreto bancario en el extranjero, realización de buscas y otras diligencias de prueba a realizar fuera de España.

7) Un concepto de criminalidad compleja nos lo proporciona el artículo 113 del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, al caracterizarla con las siguientes connotaciones:

    Extraordinario volumen Extraordinaria complejidad técnica 

    Elevado número de imputados

    Dificultades derivadas de la excesiva duración de la instrucción

    Aconsejable instrucción colegiada.

8) Hablamos de una macro delincuencia sin fronteras y de una co- rrupción sistémica, endémica, viscosa (con intereses poderosos instala- dos), organizada, mutante e innovadora, que utiliza las nuevas tecnolo- gías de la información, que utiliza medios sofisticados de ejecución y de conductas opacas. Igualmente utiliza varios filtros para garantizarse la impunidad (empresas pantalla, abuso de paraísos fiscales o de régimen offshore con circuitos financieros anónimos y rápidos), carácter velado e indirecto de las conductas pactos de silencio, secreto bancario y fiscal. (delitos sin víctima, o enemigo sin rostro)

Acciones necesarias

> Investigación    penal    y    gestión    eficiente    del    proceso.

Necesidad de un nuevo modelo de investigación criminal.

1) La investigación debe ser eficaz y eficiente. Eficaz es alcanzar el ob- jeto pretendido. Eficiente es alcanzar un objetivo definido, de la mejor manera posible.

Eficiente, es por tanto una investigación planificada, organizada y a ser posible temporizada, como medio para reunir, en el más corto espacio de tiempo, toda la prueba de la existencia de un delito y de quién son sus autores.

2) Multidisciplinariedad. Para una investigación penal dinámica de la cri- minalidad compleja es precisa la utilización de métodos multidisciplinares y de interacción entre los conocimientos especializados de diversas entidades. Esta complejidad exige, desde luego, una necesaria asesoría técnica especializada que va más allá de las competencias especializa- das de los fiscales responsables de la investigación pre-procesal o que deben de impulsar el proceso ya judicializado.

3) Se considera por tanto, trascendental la creación de Secciones Especia- lizadas en las Fiscalías que lo precisen, así como también la necesidad de establecer protocolos de colaboración pericial con estas entidades especializadas (Banco de España, CNMV, Agencia Tributaria, Intervención del Estado, Seguridad Social, organismos autonómicos como el Instituto de Medicina Legal) en el sentido de garantizar que estas entidades pro- porcionaran a estas Secciones Especializadas de la Fiscalía los medios y apoyos necesarios, incluso con dedicación exclusiva de alguno/s de sus expertos, para permitirle dar una respuesta más eficaz y con celeridad en las investigaciones que tenga a su cargo en el ámbito de las pericias eco- nómicas y financieras.

Mejorar los mecanismos de acceso a la información institucional y a las bases de datos de estas entidades, permitiendo el cruce de la información, con disponibilidad constante de peritos y técnicos de diversas áreas, privilegiando el trabajo en grupo, permitirá una orientación táctica y operativa bien definida.

4) Ciertamente, es verdad que había colaboración, prestada en casos con- cretos con todas las vicisitudes y dificultades inherentes a la disponibilidad de recursos. Lo que se necesita ahora es la fijación de un marco de cola- boración estable y continua que permita que algunos recursos personales de estas entidades se adscriban a la Sección Especializada de la Fisca- lía, lo mismo que se demanda de las unidades policiales especializadas (Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera). Institucionalizando protocolariamente esta forma de relacionarse entre las autoridades encar- gadas de la investigación penal, podrán crearse las condiciones para una justicia más rápida que pueda dar respuesta, en tiempo razonable, a la sofisticación de la criminalidad económica, de la criminalidad organizada y de la corrupción.

5) La relevancia del conocimiento científico y la importante contribución que los exámenes y pericias asumen en la investigación penal y, consiguientemente en el combate a esta criminalidad económico-financiera compleja, debe dejar despejado que el coste de estos exámenes, pericias, informes o relatorías nunca constituirá obstáculo para la investigación criminal.  La contención de estos gastos a que estamos obligados no podrá nunca po- ner en causa en causa las investigaciones necesarias para el combate de la criminalidad económico-financiera y de la corrupción, ya que somos conscientes, no sólo de su alto desvalor, con lo que estas prácticas delictivas cuestan más dinero al Estado, y a la sociedad en general, que el coste que representa aportar los medios necesarios para ese combate.

6) Es esencial la utilización de medios especiales de prueba –tales como agente encubierto, entregas controladas , interceptaciones telefónicas, control cuentas bancarias y técnicas especiales de investigación- por lo que para evitar nulidades de actuaciones, la investigación policial debe estar dirigida proactivamente por el fiscal investigador que velará por el respeto de las garantías procesales. En esta investigación deberán ser definidas las prioridades para evitar la dispersión del núcleo delictivo principal.

7) Celeridad: Deben ser también destacadas las debilidades del sistema ju- dicial tradicional a la hora de gestionar este tipo de delincuencia compleja. Este sistema provoca un fatal distanciamiento temporal entre la Investigación/Acusación y el enjuiciamiento del delito. Este distanciamiento invia- biliza la eficaz obtención de la prueba y como tal debilita dramáticamente (por dilaciones indebidas) la capacidad de respuesta de los tribunales. Hoy en día, el delito económico/corrupción y el sistema penal presentan características antagónicas: la criminalidad económica es rápida, informal, creativa, mutante y global. El sistema penal es lento, formal, burocrático. Hay un desfase a superar, bajo pena de impunidad total. Organizar investigaciones quirúrgicas, bien dirigidas, delimitadas y rápidas a fin de evitar el megaproceso con sus efectos negativos y a veces devastadores para su enjuiciamiento en tiempo-útil.

8) Métodos de Trabajo: métodos de trabajo pro activos, anti burocráticos, rápidos, multidisciplinares y con cooperación, en estrecha ligazón entre policías y ministerio fiscal para evitar la eternización de los procesos pena- les y su prescripción. La dualidad Ministerio Fiscal y Policía Judicial debe transformarse en un factor de eficacia y de avance de la investigación. La garantía judicial no puede transformarse en un obstáculo en la obtención de las pruebas en tiempo útil, lo que no es indiferente al ministerio fiscal. Debe buscarse una nueva dinámica de relación MF-Policía Judicial, que no viene en los libros, pero que nace sobre el terreno, en la lucha con- tra esta criminalidad. La dependencia funcional deberá desenvolverse en un marco de coordinación, confianza, desburocratización, simplificación y cooperación, esenciales para el buen funcionamiento del sistema.

La utilización de medios específicos de prueba -métodos encubiertos, quiebra del secreto bancario, interceptaciones telefónicas recogida y cruce de información en tiempo real- suponen el desarrollo de técnicas pro- pias de una policía moderna, bien pertrechada técnicamente con posibilidad de autonomía táctica y estratégica. Estas condiciones son decisivas para el éxito de este tipo de investigaciones complejas. Solo de este modo puede combatirse el delito económico, la consolidación de los resultados depende de la comprensión y perfeccionamiento de este modelo. Enten- diendo, de una vez por todas que, la eficacia y el respeto por las garantías del proceso son valores armonizables y no inconciliables.

En definitiva, se hace necesaria una articulación entre Ministerio Público, Policía Judicial y otras entidades coadyuvantes en la investigación (sean o no órganos de la policía judicial), con el fin de planificar la necesidad, la conveniencia y la oportunidad de las diligencias de investigación que deban ser realizadas.

Secciones de Investigación y líneas orientadoras de acción. Estructura

1) En función del número de procesos y su caracterización podrán esta- blecerse uno o más equipos especializados. Así, podría establecerse un modelo basado en la creación de 2 equipos especializados: a) Equipo de criminalidad económica-financiera; b) Equipo de delitos relacionados con el blanqueo de capitales.

2) En el ámbito de la criminalidad económico-financiera se incluirían: deli- tos contra la hacienda pública, fraude de subvenciones, delito contable, estafas-masa,  contrabando, delitos relacionados con la corrupción (co- hecho; malversación; tráfico de influencias; negociaciones prohibidas...; delitos económico-financieros, cometidos de forma organizada, utilizando medios informáticos; delitos en el sector financiero y delitos relacionados con la contratación pública y de carácter societario).

3) En el ámbito del blanqueo de capitales se incluirían todos aquellos su- puestos en los que el delito precedente sea el narcotráfico o cualquier otro.

4) En función del número de fiscales adscritos a esta nueva estructura po- dría preverse la figura del Fiscal Director/Coordinador.

5) La Sección Especializada deberá estar dotada de personal administrati- vo propio y de herramientas informáticas adecuadas para sistematizar la información recibida.

6) Podrá encargar pericias especializadas externas (contables, financieras, económicas y bancarias) cuando la investigación lo requiera.

7) Cooperación estrecha con otras entidades (CNMV, Banco de España, Intervención General, Agencia Tributaria). Posibilidad de Protocolos con estas entidades. Policía Judicial especializada  en nuevas tecnologías e incluso CGPJ para disponibilidad de sus Bases de Datos. (PNJ)

Principio de oportunidad

En  la  eficiencia  del  control  de  la  criminalidad  económico-financiera pesa el condicionamiento del principio de legalidad, con consagración constitucional y legal (art. 6.1 EOMF). Este principio, siendo una invocación loable, del propósito de no consentir preferencias subjetivas en la tarea de la investigación de los delitos, y, como tal presuponer un propósito de igualdad de los ciudadanos ante la ley, se vuelve inoperante en condiciones concretas de escasez de medios y de recursos humanos.

De acuerdo con tal principio, el Ministerio Fiscal está obligado a deducir acusación por todas las infracciones de que tenga noticia, y de cuyos presupuestos –fácticos y jurídicos- sustantivos y procesales haya recogido indicios suficientes.

El principio de legalidad constituye, no un bloqueo, pero si un condicionante de la mayor eficiencia del sistema de investigación penal, fundamentalmente en sede de criminalidad económico-financiera; si se piensa que en un proceso determinado se hace necesario esclarecer de forma tan exhaustiva la práctica de centenas de conducta de baja intensidad penal y situarlas en el mismo plano que las conductas más graves y relevantes penalmente.

Actuando sin criterios de priorización, el resultado será una investigación dilatada en el tiempo, un mega-proceso ingobernable, un dispendio de esfuerzos y de recursos para obtener resultados insatisfactorios y también deficitarios para el resultado final del proceso (absoluciones o penas considerablemente atenuadas por la apreciación de dilaciones indebidas).

Una idea de oportunidad reglada no es incompatible, como inadvertidamente puede suponerse, con el principio de legalidad penal, si son garantizadas –p.ej., a través de instrucciones genéricas del Fiscal General del Estado, criterios uniformes, generales, y abstractos que vinculasen de forma tendencialmente idéntica a todo el Ministerio Fiscal.

Una valoración selectiva de las conductas penalmente más densas y más severamente castigadas debería poder realizarse en tales situaciones, cuanto más teniendo en cuenta la reducidísima consecuencia en términos de condena –cuando esta se produce- de las penas parciales diminutas aplicadas a los delitos de baja densidad penal, en los casos de tratamiento conjunto.

Introducir el principio de oportunidad: Con requisitos y criterios de aplicación bien delimitados   que permita una mayor adecuación del sistema a los medios disponibles, aunque con las debidas salvaguardas para que no sea utilizado con otros fines menos propios, concretamente en su uso como tentativa para paralizar una investigación comprometida.

    Con los medios disponibles, no es posible investigar como buenos resulta- dos todos los casos.

    Las opciones son:

    O se opta por investigar todos simultáneamente los casos, troceando recursos (resultando una investigación poco sólida y de escasa calidad en casi todos).

    O se establecen prioridades concentran los recursos en los casos más sólidos, con mayores posibilidades de ser llevados a juicio, de mayor relevancia pública y donde la defraudación tiene mayor montante.

    La lucha contra el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción pueden constituir un fracaso si no se apela al principio de oportunidad en el proceso penal, como única forma, (con control y responsabilidad) de responder con eficacia a los delitos complejos con los medios existentes y para evitar su conversión en “mega-procesos”, procedimientos gigantescos e ingobernables, que caricaturizan el proceso penal por el tiempo que demoran y la ineficacia que encierran.

Los tribunales y el territorio. Contribución al debate sobre la reforma del mapa judicial

Objetivo

El diseño de un nuevo mapa judicial es una reforma compleja y debe tener como objetivos, mejorar la independencia, la eficacia y eficiencia del sistema judicial y el acceso de los ciudadanos a este servicio público y a otras instancias de resolución de litigios.

Aparte de la función instrumental, de resolución de litigios, los tribunales cumplen funciones simbólicas de mantenimiento del sistema social, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir sobre su distribución territorial.

Una racionalización de los medios de gestión de la justicia provoca una concentración y una tecnificación de la misma sin tener en cuenta las alteraciones  demográficas  y  económicas.  No  obstante,  la  reflexión  sobre una nueva organización judicial deberá, también, tener en cuenta nuevas estrategias destinadas a desenvolver nuevas formas espaciales y transversales, fundamentalmente, histórico-geográficas y culturales, eventualmente diferentes de las administrativas. La palabra clave para desenvolver un nuevo proceso de reforma de la organización judicial sería el pragmatismo social y económico.

El debate en España relativo a la organización judicial ha sido bastante limitado. Los estudios empíricos son inexistentes y las reflexiones teóricas se reducen a poner sobre la mesa cuestiones puramente estadísticas, limitadas a opinar sobre reformas puntuales. Se observa también en el debate la proliferación de distintos mapas: el judicial, el administrativo, el comarcal, el de las áreas metropolitanas o sobre la reducción de ayuntamientos, con planteamientos unidireccionales y sin encaje global entre ellos, lo que dificulta un planteamiento general sobre cómo debe ser la ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma y sus cabeceras de servicios públicos.

La organización territorial no debe ser extraña al modo de cómo los tribunales se organizan internamente. La definición de instrumentos de apoyo a la decisión judicial y de gestión, dentro de la NOJ, serán imprescindibles para la mejora de la productividad y porque también solo de esta forma, el juez estará más liberado para dedicar su actividad a la función de juzgar.

En las comparecencias, ante la Comisión de Justicia del Parlamento Autonómico, realizadas con ocasión de la presentación de la Memoria Anual, el Fiscal Superior ha venido dedicando un apartado a la necesidad de esta nueva geografía de la justicia adaptada a las dinámicas sociales del siglo XXI.

Estas dinámicas sociales van a ser muy poco respetuosas con las divisiones administrativas tradicionales del territorio, por lo que su adecuación a las nuevas realidades, resultantes de la mejora de las vías de comunicación, constituye un imperativo social.

Situación actual: nuevo modelo territorial

Pretende el Gobierno proceder a una reforma de la organización judicial mediante la presentación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

En su Exposición de Motivos se concreta la introducción del Tribunal Provincial de Instancia como nuevo órgano judicial de primer grado, como medio de superación de los partidos judiciales tradicionales. Si bien, su distribución concreta deberá esperar a una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, se anticipa que, en Galicia, sólo quedarían 4 de los 45 partidos judiciales actualmente existentes. Se considera, así, que las capitales de provincia deben constituir una centralidad de todos los servicios judiciales, lo que supone la total desaparición de la llamada justicia de proximidad.

La creación de un único Tribunal Provincial de Instancia en cada provincia, significa que España pasará a tener, como regla general, “1 Provincia = 1 Centralidad Administrativa = 1 Tribunal Provincial de Instancia, con las excepciones de Ceuta y Melilla y la previsión, en primer lugar, de la posibilidad   de que el Tribunal Provincial de instancia tenga otras sedes, además de la oficial, en alguna otra población de la provincia que reúna una serie de requisitos de población, carga de trabajo o la distancia a la capital, y, de igual forma, se tendrá en cuenta tanto el carácter uniprovincial de algunas Comunidades Autónomas como el hecho insular o las especiales características geográficas de una zona. En segundo lugar, se prevé que las Comunidades Autónomas puedan realizar una propuesta relativa a las sedes de los Tribunales provinciales de Instancia de su territorio, para de esta forma conjugar la implantación del modelo con las peculiaridades propias de cada Comunidad.

Actuaciones necesarias

Parecer sobre la reforma

Reconociendo la necesidad e importancia de la reorganización de un mapa judicial, que se encuentra desfasado de la realidad territorial actual y de sus dinámicas sociales, para permitir que el Sistema Judicial pueda disponer de una mejor capacidad de respuesta, mejor calidad, mayor celeridad, simplicidad, accesibilidad y eficiencia, no podemos, sin embargo, compartir la conclusión, que parece derivarse, de la eliminación completa de los partidos judiciales tradicionales, integrantes de la justicia de proximidad.

En efecto, el Anteproyecto viene a confrontar dos modelos de organización territorial de la justicia: el modelo de concentración de los servicios judiciales en la capital de provincia (nueva circunscripción judicial de referencia) y el modelo que representa la justicia de proximidad.

Aplicado a Galicia el modelo de concentración, sin excepciones, significaría la pérdida de sus partidos judiciales en ciudades como Vigo, Santiago o Ferrol, sin que las infraestructuras centralizadas en sus respectivas capitales de provincia sean capaces de absorber, en el momento actual, todos los servicios judiciales que se extinguirían tanto en estas ciudades como en las distintas instancias locales constituidas en partido judicial.

Se valora, en la reforma, la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una jurisdicción especializada, en todo el territorio nacional, a partir de la creación de Unidades o Secciones Especializadas en el Tribunal Provincial de Instancia (cuando haya un volumen de procesos que lo justifique) y se plantea si este modelo de concentración puede convivir o compatibilizarse con la conservación de determinados partidos judiciales (con estructuras territoriales o comarcales más amplias y dimensionadas que las actuales) que, en consideración a su importancia, al desperdicio de recursos que implicaría su eliminación, las dificultades de comunicación o a la distancia existente con la capital provincial, pudieran conservar competencias genéricas no atribuidas a la instancia judicial provincial central.

En nuestro caso, esa jurisdicción especializada, deberá existir también en las siete grandes ciudades de Galicia (las 4 capitales provinciales y las ciudades de Vigo, Santiago y Ferrol) para asegurar las legítimas expectativas de todos sus ciudadanos y del movimiento económico, laboral y empresarial de su dimensión metropolitana.

Las siete grandes ciudades se convertirían también, de este modo, en Instancias Judiciales Centrales con las mismas competencias y servicios judiciales que en el Anteproyecto se dispone para las capitales de provincia.

Atendiendo a la dispersión territorial y la existencia en Galicia de dos “países judiciales” dentro de un mismo país (representados por el litoral y las comarcas del interior, con asimetrías en su desarrollo económico, comunicación y población), sería posible mantener determinadas circunscripciones judiciales de proximidad en función de los siguientes indicadores

    La población, atendiendo al número de habitantes de la respectiva circunscripción y la perspectiva de su crecimiento;

    El volumen de procesal de la circunscripción judicial;

    Los medios de comunicación existentes;

    La situación geográfica de la circunscripción;

    El coste que representa la extinción, creación o reorganización de un partido judicial;

    El mejor funcionamiento del servicio judicial desde el punto de vista de su gestión;

    La descentralización con vistas a la “protección” de las pequeñas ciuda- des o núcleos importantes de población.

    Los edificios disponibles para la instalación o mantenimiento de los ser- vicios judiciales.

La combinación de uno o varios de estos indicadores o criterios podría permitir la aplicación de las excepciones previstas en el Anteproyecto para el mantenimiento de un partido judicial.

Es decir, estos criterios objetivos a tener en cuenta en la reforma del mapa judicial no pueden ser solamente criterios internos basados en la actividad jurisdiccional, sino que han de ser tenidos en cuenta también criterios “exógenos” relacionados con las características poblacionales y con el contexto social y económico de determinada comarca.

Por ello, en la nueva delimitación del territorio judicial se considera imprescindible la colaboración de nuevos saberes, concretamente, de los especialistas en ordenación del territorio y de expertos en política urbana (expertos en geografía humana, economistas, ingenieros, sociólogos, estadísticos….) a los efectos de delimitar adecuadamente “la escala óptima” de un Tribunal Provincial de Instancia o de un partido judicial reestructurado y también para evitar la profusión de diferentes “mapas” de servicios públicos prestados por distintas administraciones sin una adecuada articulación entre sí.

Una Comisión constituida por estos expertos podría formular propuestas de reforma del mapa judicial, empleando instrumentos y análisis propios para definir límites territoriales adaptados a las nuevas demandas sociales del siglo XXI, introduciendo racionalidad y rigor en el debate con perspectiva de interés general ajenas a los postulados meramente localistas.

La dimensión de los tribunales y su eficiencia

Si bien existen estudios que concluyen que los tribunales de mayor dimensión son más productivos que los tribunales de menor dimensión, puede resultar verdaderamente desproporcionado concentrar un gran volumen de asuntos (como los que generan las provincias de A Coruña y Pontevedra) en un solo Tribunal Provincial de Instancia, por lo que la escala óptima para resolver eficientemente los litigios se encuentra en los tribunales de dimensión media que presentan mejores ventajas organizativas respecto a las de un tribunal excesivamente sobredimensionado.

La experiencia demuestra que los grandes tribunales no son eficientes debido a las dificultades de organización interna, en tanto que los pequeños tribunales son vulnerables a los cambios que se puedan producir ya sea en el volumen de trabajo ya sea en los recursos humanos.

Los estudios realizados en el ámbito internacional demuestran que los tribunales deben tener una dimensión suficiente que permita una buena organización interna; soportar variaciones de volumen de trabajo (o sea, gestionar casos de gran dimensión y complejos sin interrupción de otras actividades); especializar en determinadas materias a una sección del tribunal; y tener una estructura que le permita flexibilidad en la gestión de sus recursos humanos de modo que los procesos no queden interrumpidos en caso de imposibilidad, temporal o permanente, de un juez.

La posibilidad de Tribunales de Instancia en ciudades como Vigo, Santiago o Ferrol, para atender las necesidades judiciales de su respectiva área metropolitana evitaría  el  sobredimensionamiento  del Tribunal  Provincial  de  Instancia  (v.g. de A Coruña), evitando su conversión en un único “mega-tribunal” y permitiría además la racionalización de la oferta judicial y del equilibrio en la distribución de procesos por cada unidad jurisdiccional tanto de competencia genérica como especializada.

Sería cuestión a plantearse también, si localidades como Lalín o A Estrada, pertenecientes a la provincia de Pontevedra, pero mucho más cercanas a Santiago de Compostela (como consecuencia de la mejoras comunicativas) no deberían depender del Tribunal de Instancia que pudiera crearse en esta última ciudad a los efectos de obtener las ventajas derivadas de una jurisdicción especializada proveniente de la mayor concentración y especialización de la oferta judicial en las ciudades más próximas a estas instancias locales. Una organización basada en estas características tiene su precedente (no traumático) en el área sanitaria donde ha demostrado su eficiencia en la prestación de este servicio público para toda el área de influencia próxima a Compostela.

La necesidad de concentración para una justicia de calidad y eficiente basada en la especialización

La necesidad de ampliar la extensión territorial de los tribunales con competencia especializada (familia, mercantil, menores, violencia de género, criminalidad compleja, enjuiciamiento, ejecución de penas…) viene asociada a que tales recursos especializados deben estar concentrados, sin que ello implique necesariamente la pérdida de proximidad y de oferta a toda la ciudadanía, al poder ofrecerse un servicio descentralizado a partir de las Secciones especializadas del Tribunal de Instancia que también prestarán servicio a las instancias locales.

La defensa del modelo de concentración en la organización territorial de la justicia se basa en dos ideas principales: la racionalización de medios y la especialización de los tribunales. Por razones de eficacia, pero también de calidad de la justicia, se considera que los modelos organizados con recursos especializados de manera territorialmente dispersa deben ser abandonados.

Las ventajas de la especialización jurisdiccional están sobre todo en la mayor capacidad que se adquiere en la organización del tiempo y de los procesos (por el aumento de similitud), la menor dispersión en la actividad de estudio y tratamiento de los casos y el mayor aprovechamiento de la experiencia acumulada en las áreas jurisdiccionales de mayor vocación y mejor formación, por parte de cada profesional de las unidades especializadas. Por otro lado, facilita la gestión de los tribunales.

La especialización permite además establecer de forma más nítida indicadores de servicio adecuado para cada juez y, en función de ellos, igualar las cargas de trabajo de forma más justa y eficaz. Permite identificar más fácilmente los defectos de funcionamiento de un tribunal y decidir los medios de corrección o de los medios suplementarios de refuerzo para normalizar el servicio. La experiencia de las últimas décadas demuestra con claridad que la especialización es, en sí misma, un valor a alcanzar, pues, por regla general, permite un aumento significativo en la calidad y celeridad de la repuesta judicial.

La creación de Tribunales del Instancia en las siete ciudades de Galicia favorecería una adecuada ponderación entre la proximidad de aquellos servicios a los ciudadanos y la concentración de la oferta especializada. En este punto, la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación (videoconferencia) pueden funcionar como instrumento potenciador de aproximación entre los tribunales y las poblaciones.

En un segundo nivel, surgen los aglomerados urbanos de pequeña y media dimensión que, convenientemente reagrupados y ampliando su base territorial, pueden albergar órganos judiciales con competencia genérica. Así, por poner un ejemplo, en materia penal las instancias especializadas de los Tribunales de Instancia se encargarían de la investigación de la criminalidad grave y compleja, en tanto que la pequeña criminalidad se mantendría en las estructuras de proximidad. En materia civil estas instancias locales podrían conocer, por ejemplo, acciones declarativas de valor igual o inferior a 50.000 euros.

A partir de la creación de Juzgados de Instancia en las siete ciudades de Galicia, y con arreglo a lo anteriormente señalado, cabría distinguir entre una estructura judicial organizada en torno a estas instancias centrales, localizadas y con sede en cada una de ellas, y las instancias locales, resultantes de la reorganización de los partidos judiciales tradicionales, integrantes de la justicia de proximidad.

Las instancias centrales tendrían competencia para todo el área geográfica correspondiente a su territorio de dimensión metropolitana, desdoblándose en salas civiles, penales, contencioso-administrativas y sociales que tendrían las competencias previstas, en el Anteproyecto de LOPJ, para las unidades judiciales y secciones especializadas.

Las instancias locales, integrantes de la justicia de proximidad, tramitarían y juzgarían las causas no atribuidas a la instancia central, pudiendo desdoblarse en secciones civiles y penales de competencia genérica y tratamiento de la pequeña criminalidad.

Conclusiones

1) La reforma del mapa judicial no resuelve por sí sola, todos los problemas a los que se enfrenta el sistema judicial, globalmente considerado. Pero si se integra en una estrategia más amplia de reforma, no sólo puede contri- buir de forma decisiva a su mejora sino incluso ser una avanzadilla de ese proceso estratégico de reforma.

2) A la espera de la futura Ley de Demarcación y Planta Judicial estimamos imprescindible, en el momento actual, el mantenimiento de los siguientes criterios generales:

3) Compatibilidad y complementariedad de los modelos de “concentración”

y de “justicia de proximidad”;

4) Concentración de la oferta jurisdiccional especializada en los Tribunales de Instancia que se demandan para las siete ciudades gallegas, lo que permitirá obtener los beneficios derivados de una justicia especializada y de calidad, al alcance de todos los ciudadanos, en el tratamiento de de- terminadas áreas o materias;

5) Reestructuración de los partidos judiciales tradicionales, reagrupándolos y redimensionándolos sobre una base territorial más amplia, para conse- guir las ventajas y beneficios derivados de una mayor escala territorial;

6) Atribución de competencias genéricas, (civiles y penales) para actos liti- giosos de pequeña intensidad,  a las instancias locales municipales o de proximidad, resultantes de la nueva reorganización y redimensionamiento de los partidos judiciales tradicionales;

7) Creación de una Comisión de Expertos en ordenación del territorio, con el objetivo de elaborar una ponencia técnica que pueda formular propues- tas de integración y coordinación del “mapa judicial” con otros mapas po- lítico- administrativos existentes en el territorio, evitando la profusión de diferentes “mapas” territoriales y potenciando una mejor articulación entre la organización judicial y los diferentes órganos de la administración au- tonómica y local.

Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual

Objetivo

El 18 de enero de 2010 se firmaba con el Presidente de la Xunta de Galicia el primer “Protocolo de Actuación Institucional sobre adopción de medidas de Prevención, Investigación y Tratamiento de las mujeres Víctimas de  Trata  con fines de Explotación Sexual” que se viene aplicando, en nuestra Comunidad Autónoma, a todos aquellos casos en que se detectó a una persona extranjera en situación de vulnerabilidad como consecuencia del ejercicio de la actividad de alterne y/o prostitución.

De esta manera, una vez identificada la víctima de tráfico ilícito, se pone en funcionamiento automáticamente dicho Protocolo. La Brigada de Extranjería remite, en todos los casos, a la Fiscalía un acta de información que sirve para incoar las Diligencias de Investigación Penal y permitir actuar de forma temprana en la protección de esta víctima.

Una vez dado este paso, se procede a entrevistar a la presunta víctima en las condiciones más idóneas para favorecer su testimonio en el clima de mayor confianza posible que, con frecuencia es la sede de la ONG, que colabora en la aplicación del Protocolo, además de la entrevista que se realiza por la Brigada de Extranjería.

Si de estas entrevistas se llega a la conclusión de la existencia de una situación de  trata  de  seres  humanos,  con  elementos  suficientes  para  fundamentar una denuncia, se da traslado al juzgado de instrucción para que incoe las correspondientes diligencias penales contra los traficantes y explotadores.

Situación actual

En aplicación del Protocolo las Fuerzas de Seguridad del Estado investigan los casos de Trata de Mujeres, resultando que el 80% de las mujeres que se prostituyen en nuestra comunidad, lo hacen en Clubes de carretera, en tanto el 20% restante lo hacen en pisos  privados: en establecimientos tipo “sauna de masaje”, en sus propias viviendas o como acompañantes de lujo. La modalidad de prostitución en la calle es más escasa.

En cuanto al perfil de los traficantes: los de nacionalidad española suelen ser varones, sin perjuicio de ser auxiliados por mujeres que ejercen labores de control; suelen regentar más de un Club; registran escaso patrimonio a su nombre -ocultándose generalmente bajo una forma societaria en la que tampoco aparecen como administradores, pues este cargo lo suelen ostentar los encargados de los locales y los porteros-. A pesar de estar dados de alta en el Registro Mercantil no cumplen con sus obligaciones contables ni tributarias. Sus locales suelen estar dados de alta como locales de hostelería o cafetería en la Secretaria General de Turismo autonómica.

El estereotipo de traficante extranjero que actúa en Galicia es diverso. Los hay rumanos, colombianos, uruguayos, chinos, portugueses, algún caso de albanés e nigerianos. Los nigerianos suelen trasladar a las mujeres que captan por diversas zonas de España, obligándolas a residir en un Club o en un piso determinado donde las tienen controladas por otros compatriotas. Son objeto de coacciones con ritos de vudú y amenazan a sus familias de origen.

El perfil de víctima también cambia según la nacionalidad.  Brasil, Colombia y República Dominicana son los países de procedencia de la mayor parte de las mujeres explotadas. La procedencia europea se ejemplifica en Rumania con el mayor número de mujeres explotadas. Generalmente son mujeres con poca conciencia de sus derechos en el país de residencia y, en el caso de las mujeres africanas, fácilmente manipulables.

Prácticamente todas las mujeres nigerianas intentan la legalización solicitando el asilo, suelen portar documentación falsa o de otra persona y, entre este colectivo, existe un amplio tráfico de documentos lo que hace que los documentos que portan sean muy poco fiables.

Es también muy frecuente que la mujer nigeriana-víctima abone la deuda a un compatriota a quien ni tan siquiera conoce y que se convierte en su controlador mediato. En los últimos años en Galicia se observa un incremento de trata de mujeres paraguayas.

Acciones necesarias

El 28 de marzo de 2012, se firmó un nuevo Protocolo con la finalidad de actualizar los contenidos a la nueva reforma del Código Penal (artículo 177 bis y 188) que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y a la legislación de Extranjería realizada por LO. 10/2011, de 27 de julio y el RD 557/2011, de 20 de abril.

Estas reformas legales se producen para hacer frente al delito de prostitución coactiva que afecta prácticamente en su totalidad a las mujeres extranjeras que, en muchas ocasiones no solo residen en España de forma irregular sino que también son víctimas cualificadas de la trata de seres humanos por lo que se hacen acreedoras del sistema legal de protección que se recoge en el presente Protocolo.

El Protocolo autonómico, impulsado por la Fiscalía Superior, pretende así favorecer la denuncia de las víctimas aplicando los nuevos recursos legales que contemplan tanto la Ley como el Reglamento de Extranjería (BOE 30/04/2011) y que se refieren a:

    Coordinación de las actuaciones entre todos los intervinientes;

    Identificación de las potenciales víctimas no comunitarias de trata de seres humanos que se encuentren en situaciones de tráfico sexual;

    Espacio de seguridad con periodo de restablecimiento y reflexión (de al menos treinta días y, en todo caso, suficiente para que la víctima pueda restable- cerse y decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal);

    Apoyo con recursos sociales y por organizaciones de la sociedad civil (concre- tamente psicológico, médico y jurídico), incluida la autorización de residencia y trabajo en un nuevo proyecto de vida autónoma;

    Exención de responsabilidad, en el marco de un estatuto especial para las víctimas, que sea sensible a los contornos particulares de estas situaciones.

Mediación intrajudicial

Objetivo

Desde su inicio en la jurisdicción de Santiago de Compostela, en marzo de 2009, como consecuencia del impulso y gestiones realizadas por la Fiscalía Superior ante las autoridades de la Xunta de Galicia, a petición de los fiscales de dicha Fiscalía de Área, la mediación intrajudicial ha recibido un notable impulso y ha constituido un éxito evidente. Este éxito es constatable a pesar de la situación de crises económica que ha afectado a los presupuestos de la Xunta de Galicia y de no haber coincidido esta circunstancia su éxito sería aún mayor.

Desde el primer momento fueron observadas sus importantes ventajas que, en la experiencia de los profesionales del servicio de mediación intrajudicial se concretaron en los siguientes aspectos:

    Los asuntos que terminan con acuerdo no acceden a la segunda instancia evitando el colapso de esta.

    Se evitan las aclaraciones o correcciones de sentencias: los acuerdos de mediación son hechos a medida de las partes, claros, pormenorizados e ajustados a sus circunstancias.

    Permiten disminuir el número de incidentes en ejecución de sentencias e incluso las propias ejecución de sentencias a través de su cumplimiento voluntario.

    Evita gastos judiciales inherentes a la celebración de vista: citaciones tes- tigos, gastos periciales, envío de oficios y todo lo relacionado con la prác- tica de las pruebas.

    Las partes aprovechan la mediación para plantear una solución global a su conflicto. (atrasos pago de pensiones, modificación de medidas, liquida- ción de gananciales).

    También contemplan los acuerdos de mediación circunstancias de futuro para evitar nuevos pleitos.

    Ahorro para los ciudadanos y para las administraciones públicas y mayor satisfacción para todos.

Situación actual

La mediación intrajudicial se ha extendido prácticamente, con la firma de los co- rrespondientes convenios entre las distintas administraciones públicas, a todas las ciudades de Galicia: Santiago, Ourense, Vigo, Lugo y Pontevedra.

El Servicio de Mediación Intrajudicial de Ourense, es fruto del Convenio de Colaboración entre la Consellería de Traballo e Benestar, la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, el Ministerio Fiscal, el Colegio Oficial de Psicología de Galicia y el Colegio Oficial de Abogados de Ourense para la implantación experimental de un programa de mediación, firmado el 03 de agosto de 2010.

El Convenio para la jurisdicción de Vigo se firmó el 2 de agosto de 2012 y para la jurisdicción de Lugo entró en vigor el 9 de octubre de 2013.

La jurisdicción de Pontevedra dispondrá de servicio de mediación intrajudicial a partir de la firma del correspondiente Convenio (18/07/2014).

Cumplidos 5 años desde el inicio de la actividad, es preciso hacer un balance de la implantación del servicio de mediación intrajudicial y al mismo tiempo señalar las disfunciones que se están produciendo en su funcionamiento en la jurisdicción de Santiago de Compostela, donde su eficacia es mayor.

En esta ciudad, el servicio comenzó a funcionar el (10/03/2009) y desenvuelve su labor en las mañanas de los martes y de los viernes, en horario de 8 a 15 horas, tal como se recoge en el Convenio. El horario sigue a ser el mismo que cuando era proyecto piloto pese a que el número de derivaciones fue creciendo año a año (incluso se duplicó algunos años respecto del anterior) y pese a ser un servicio plenamente implantado, aceptado, demandado y valorado por los usuarios y profesionales implicados y que demostró su eficacia a lo largo de estos años en los 321 expedientes que se tramitaron (durante varios semestres alcanzó el primer puesto en número de acuerdos en España, situándose 30 puntos por encima de la media nacional según las estadísticas publicadas por el CGPJ). Su funcionamiento está plenamente consolidado e integrado en el juzgado de familia e incluso fue exportado a otras ciudades de nuestra Comu- nidad Autónoma.

Como consecuencia de su exitosa implantación el trabajo en la mediación in- trajudicial ha ido creciendo, hasta producirse una sobrecarga en el mismo y una absoluta saturación del horario presencial del equipo, lo que hace que esta situación sea difícilmente sostenible, circunstancia que ya ha sido puesta en conocimiento de la Administración autonómica a efectos de proveer más recur- sos para evitar el colapso del servicio.

Acciones necesarias

En estos momentos, en los que se está impulsando la mediación como medio complementario a la administración de justicia en la resolución de conflictos a nivel nacional y se le está dando impulso con la implantación de este servicio en otras ciudades de Galicia, no tendría sentido frenar el número de derivaciones del equipo de mediación intrajudicial más antiguo de Galicia porque el equipo tenga limitado su horario y no pueda asumir más carga de trabajo. De incrementar el horario de atención, el número de asuntos derivables podría aumentar en 4 o 5 veces más de los que se están a derivar en este momento. En consecuencia, se propone:

    Una urgente ampliación del horario actual (dos mañanas semanales) del equipo de mediación intrajudicial que le permita ser efectivo y resolutivo y poder asumir la carga de trabajo entrante.

    Solicitar, en la próxima Comisión Mixta, a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia el aumento de recursos para la mediación intrajudicial en Santiago de Compostela.

    La inversión necesaria para aumentar el horario del equipo es absoluta- mente insignificante si lo comparamos con el ahorro que supone en la administración de justicia.

    Dotar al servicio de mediación intrajudicial de una deseable estabilidad, realizando convenios bianuales o trianuales (en vez de los actuales con vigencia de una anualidad) para eliminar la incerteza  de su renovación anual.

Una quinta entrega pendiente
> La quinta y última entrega de esta serie aportará los capítulos Las lecciones de la catástrofe del buque “Prestige”, Protección jurídica de personas con discapacidad, Documentos de investigación con valor estratégico, Memoria Anual, Idioma cooficial, Comparecencias parlamentarias, Inspecciones ordinarias, Publicaciones y ponencias, y A modo de conclusión.

 

Delincuencia económico-financiera y corrupción, un fenómeno dinámico
Comentarios