Para cumplir la Ley no hacen falta pactos, sino sentido moral y convencimiento

Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy.

Ya existía un Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, recuerda este periodista y profesor universitario.

Para cumplir la Ley no hacen falta pactos, sino sentido moral y convencimiento

Ya existía un Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, recuerda este periodista y profesor universitario.

Una de las evidencias del empobrecimiento de la vida política española es que los dos partidos mayoritarios (evitemos llamarles “grandes partidos”, pues el concepto de grandeza puede dar a entender que ambos agregados son otra cosa que un vulgar conjunto de personas adscritas por los más diversos motivos, a veces simplemente tener un empleo), digo que una de esas evidencias es que para algo tan sencillo y de obligado cumplimiento como respetar la Ley se proponga hacer un pacto.

¿Acaso un pacto contra la corrupción es otra cosa que un pacto para cumplir la Ley? O sea, que somos conscientes de que la Ley no se cumple “motu proprio”; decir, de manera natural y espontánea.

Dice Kelsen que la Ley es mucho más efectiva cuando se cumple por convencimiento que por miedo a la sanción. En España, como en otro país civilizado, el Código Penal contiene el minucioso relato de las conductas tipificadas como faltas o delitos y las consecuencias que se derivan de incurrir en las previsiones que establecen. No es preciso pacto alguno, es preciso convencimiento.

Todos los ciudadanos, y especialmente los cargos públicos deben cumplir la Ley. Hace falta cultura democrática, honradez y convencimiento. O sea, que todo este espectáculo que nos están dando unos y otros es un brindis al sol, un simulacro, una apariencia, una ficción teatral para que uno se crea que realmente las cosas van a cambiar. Ni Rajoy y los suyos, ni Pedro Sánchez y su tropa tienen legitimidad moral como para erigirse en los paladines de la regeneración que proclaman, empezando por echarse a la cara las sucesivas conductas inmorales e ilegales de sus conmilitones de aquí y de allá.

Conviene recordar que el Consejo de Ministros, el 18 de febrero de 2005, había aprobado el llamado “”. Se publicó en el BOE núm. 56, de 07/03/2005 y entró en vigor a los veinte días. Gobernaba el PSOE

Vale la pena recuperar ahora aquel documento, que se supone estaba vigente, pues nunca fue derogado. Entre otras cosas, dice su preámbulo (copio)

……”En el momento actual, se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas y que conforman un código de buen gobierno”. […]. “Los valores de referencia no suponen un repertorio de principios éticos sin trascendencia jurídica alguna. Se trata, por el contrario, de principios inducidos de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico español, de forma que cada uno de ellos tiene su manifestación concreta en una norma que prevé la consecuencia jurídica de su incumplimiento o cumplimiento defectuoso”.

O sea, que los cargos públicos deberían ser ejemplares cumpliendo la Ley, todas las Leyes. Y es evidente, por analogía, que esa obligación de los altos cargos recaía igualmente, por analogía, en todos los escalones de las diversas administraciones del Estado, cuyos principios éticos y de conducta eran: “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres”.

Y más adelante: “La adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”. También se indicaba: “En el ejercicio de sus funciones extremarán el celo de modo que el desempeño de las obligaciones contraídas sea una efectiva referencia de ejemplaridad en la actuación de los empleados públicos. Esta ejemplaridad habrá de predicarse, igualmente, en el cumplimiento de las obligaciones que, como ciudadanos, les exigen las leyes”.

O sea, que volvemos sobre lo mismo. Lo esencial es cumplir la Ley, no formular Códigos que no se cumplen ni medidas reformadores que no se ejecutan. A mí, de todo esto, lo que más me molesta es que piensen que los españoles somos idiotas. La inmensa mayoría de las llamadas “70 medidas de regeneración democrática”, que por su parte despliega Rajoy, son música vieja con algunos retoques de letra. Y pese a que llevan más de un año en un Congreso donde la derecha tiene holgada mayoría para imponer el ritmo al Parlamento, estos viejos propósitos se nos vuelven a presentar como novedades.

Y es la vieja música, porque se fue orquestando en la medida que hubo que ir dando respuesta a los sucesivos escándalos con que, hasta nuestros días, nos hace desayunar el partido de Mariano Rajoy. Está muy bien poner límites a la financiación de los partidos controlar las donaciones que reciben, perseguir la obtención de fondos ilegales (por cierto que hace tiempo que debería haberse tipificado como delito) o no permitir que los bancos condonen las deudas contraídas por aquéllos.

Pero otros asuntos ya deberían estar regulados y nos habrían librado de algunos bochornos, como el necesario control de gastos de altos cargos y el establecimiento del  estatuto del cargo público.  Ya veremos qué pasa (vista la experiencia de los diputados) para que los altos cargos hagan públicas sus declaraciones de bienes e intereses, y estén controlados durante su mandado.

Todo esto está muy bien, ¿pero no sería más sencillo cumplir las leyes de que ya disponemos? La supresión de los indultos a políticos corruptos, tipificar nuevos delitos y endurecer las penas en determinados casos quedan todavía por concretar en ese programa de “regeneración democrática”. Y no digamos de la drástica reducción de los políticos aforados que, entre otras cosas, ayudaría a la tramitación de los procesos contra los corruptos.

Hay que limpiar las sentinas de todos los partidos. Luego baldear bien, echar sosa cáustica y no embarcar a nuevos ladrones.

Para cumplir la Ley no hacen falta pactos, sino sentido moral y convencimiento
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