El clientelismo político de algunos medios es proporcional al dinero que reciben

Al mismo tiempo, el sometimiento ideológico de los medios públicos al Gobierno de la nación, a los gobiernos autonómicos y a los municipales alcanzan límites insostenibles.

El panorama político que se ha configurado con las elecciones del 24-M y las posteriores alianzas de gobiernos municipales y autonómicos con nuevos actores políticos en la sociedad española, debería también concretarse en nuevas reglas para gestionar los medios de comunicación públicos y establecer un nuevo trato con los privados. Los ciudadanos nos gastamos algo más de 2.000 millones de euros en subvencionar a las televisiones y radios públicas (incluida RTVE) y el Gobierno de la nación destina 170 millones a publicidad institucional y comercial. Los diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas, a su vez, gastan por este concepto en torno a 50 millones y además otorgan diferentes subvenciones a los medios privados de comunicación sin criterios objetivos.

El clientelismo político de algunos medios privados es proporcional a la cantidad económica que el erario les inyecta y el sometimiento ideológico de los medios públicos al Gobierno de la nación, a los gobiernos autonómicos y a los municipales alcanzan límites insostenibles.

La publicidad y las subvenciones se reparten entre los medios privados sin objetividad

La publicidad y las subvenciones se reparten entre los medios privados sin objetividad y transparencia, y los medios públicos están sometidos al dictado de los gobernantes en cada plaza.

El nuevo panorama político ofrece una oportunidad magnífica para erradicar las prácticas de oscurantismo y manipulación mediática. La nueva política no debe controlar la información y debe permitir que los profesionales del periodismo la ejerzan con libertad apoyando a sus empresas periodísticas con objetividad y transparencia.

Que diarios como La Razón o ABC, por poner dos ejemplos, sean “premiados” en las campañas publicitarias y subvenciones del poder político, frente a otros medios con mayor audiencia, tiene que acabarse. No soy tan iluso para desconocer que las grandes empresas y entidades financieras seguirán haciéndolo buscando réditos informativos, pero el dinero que es de todos debe emplearse de una manera ecuánime y eficaz.

Hay muchos países europeos que tienen establecidas ayudas a la prensa como garantía de la pluralidad informativa y a la libertad de expresión, pero estas ayudas son transparentes y controladas por los parlamentos con criterios objetivos y, por descontado, la distribución de los ingresos publicitarios está siempre en relación con la audiencia de los medios y no con su complacencia con el poder.