El 'caso Urdargarin' es el más grave escándalo de todas las casas reales europeas

En 1976, la Reina Juliana de Holanda amenazó con abdicar si su marido, el príncipe Bernardo, que recibía comisiones de la Lockheed Corporation por la compra de aviones, era procesado.

Es evidente que mientras se suceden las noticias negativas sobre su conducta, un equipo bien pertrechado trabaja para impedir la imputación de la Infanta Cristina en el caso Noòs y conseguir amortiguar sus efectos penales sobre su marido. Se pueden determinarlos perfiles del doble frente en que trabajan, por un lado un equipo de juristas –no sólo el abogado barcelonés que da la cara- y por otro de expertos en cálculo de riesgos en situaciones de crisis, a fin de librar definitivamente a Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina de la actual pesadilla en la que se hallan inmersos.

Aparte del paso inteligente de apartarlos del foco de los medios, veamos las estrategias a los enfrentamos. Es una cuestión de libro.

1º. Una infanta de España no puede ser procesada penalmente, bajo ningún concepto. Los dos partidos monárquicos, PSOE y PP están de acuerdo. Es razón de Estado. Por eso la fiscalía y el abogado del Estado, ambos dependientes del Gobierno, actúan como defensores. Hay que encontrar salidas como sea. Una Infanta sentada en el banquillo sería el comienzo del fin de la Monarquía. Hay antecedentes no tan lejanos.

2º. Hay que desmontar las imputaciones que pudieran recaer sobre el yerno del Rey, reducirlas o amortiguarlas, deshabilitando los elementos incriminatorios más graves de la fase procesal. 

3º. Si esto no se logra, hay que estudiar el modo de: reducir los delitos o acumularlos de modo que la pena pueda ser menor y, en todo caso, que pueda solventarse con una represión simbólica: multa, restitución y/o reposición civil de lo apropiado.

4º.  Si todo lo demás fallara o esto mismo no se alcanzara, se valoran medidas excepcionales, como que el tribunal propusiera en el mismo fallo un indulto. En este caso, el equipo de crisis analiza, desde la peor a la mejor perspectiva, el costo de imagen para esta salida supondría para la monarquía, las contramedidas, el momento de proceder a ejecutarlas, y el riesgo de reacción.

Esta es una fase interesante y se formula de este modo: a) Acción. B) Riesgo. C) Cálculo de reacciones y efectos.

Es decir, que se van a estudiar todas las posibilidades, según se opte por una u otra salida. Es imprescindible el apoyo político, que está asegurado, dada la mayoría de partidos dinásticos, el Gobierno, y los medios afines o los que se puedan incorporar, empezando desde luego por los públicos.

Antecedente de gravedad semejante

Para encontrar un antecedente de gravedad semejante en Europa (pese a la enorme diferencia económica de ambos casos), hay que retroceder al escándalo que afectó a la familia real holandesa en 1976 cuando se descubrió que el príncipe Bernardo, abuelo del actual monarca, había aceptado un soborno de 1.100.000 dólares de la Lockheed Corporation, una empresa estadounidense de ingeniería aeronáutica, para que influyera en el gobierno holandés en la compra de varios aviones de combate F-104. Joop den Uyl, primer ministro holandés, ordenó una investigación de aquel escándalo, pero el príncipe Bernardo se negó en redondo a contestar a las preguntas de los periodistas, declarando: “Estoy por encima de esas cosas.” Esta altanera respuesta supuso que la prensa holandesa se le echara literalmente encima: se relataron con detalle sus aventuras extramatrimoniales, se descubrió que había adquirido un apartamento en París para su amante Hélène Grinda, con quien había tenido una hija ilegítima, Alexia, si bien ya tenía otra hija fuera del matrimonio, Alicia, en los Estados Unidos.

Como en el caso Urdangarin, los documentos comenzaron a aflorar, incluida una carta, fechada en 1974, donde con todo descaro exigía a la Lockheed Corporation, “comisiones” por haber intervenido de forma impropia en la compra de los aviones por parte del gobierno holandés.  El Gobierno no inició proceso judicial, por razón de Estado: la reina Juliana amenazó con abdicar si su marido era juzgado. Las sanciones fueron apenas un maquillaje simbólico. Lo destituyeron como Inspector General de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos, y aceptó no volver a vestir su uniforme, si bien lo hizo en funeral de Lord Mountbatten y en la conmemoración del día D. Incluso fue enterrado con su uniforme de las Fuerzas Aéreas Holandesas.

Conviene observar lo que ocurre en otros lugares del mundo, especialmente, en el Reino Unido, donde la Corte Penal abrió juicio por supuesta conspiración en el accidente de coche que costó la vida a la princesa de Gales, Diana Spencer. Existen puntos oscuros en dicho siniestro, sobre todo, una carta escrita por Diana donde decía que su marido, Carlos de Inglaterra, planeaba asesinarla simulando un accidente para casarse con Camilla. El Príncipe de Gales tuvo que prestar declaración ante la policía, aunque, dada su condición de heredero, lo hizo en su residencia de Clarence House. No obstante, el juez que inició el caso, Michael Burguess, aseguró que, si era necesario, llamaría al estrado a la mismísima reina. Y eso que en el Reino Unido el Estatuto de la Corona señala que la reina «goza de una inmunidad total en el ejercicio de su cargo, y es irresponsable civil, penal y políticamente». Resulta ejemplar, en este sentido, el modo en que la Justicia ordinaria trata a los miembros de las familias reales, en las democracias consolidadas: Mas recientemente el príncipe Laurent, hijo del Rey Alberto de Bélgica, tuvo que sentarse en el banquillo y testificar en un juicio por supuesta malversación, pues sobre él pesaba la sospecha de costear la reforma de su mansión con dinero de la Marina. Previamente, el gobierno dio un permiso especial para que compareciera. La jueza, en vez de tratarle de monseigneur, como hijo de Rey, le trató de monsieur, igual que al resto de los testigos.

Pero eso pasa en otros países.