¿Cómo será el retorno a la normalidad institucional en Cataluña?

El presidente del Gobierno, que a ojos de una gran mayoría, más nutrida entre sus propios votantes, ha actuado con exasperante indeterminación desde que el Parlamento catalán aprobara con alevosía la ley de transitoriedad hacia la independencia, se ajusta al fin a la textualidad del artículo 155 de la Constitución: "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Mucho ha tardado Mariano Rajoy y mucho habría evitado si, incluso antes de la comparecencia del Rey, hubiera actuado con la diligencia y firmeza que requería y requiere la afrenta secesionista del Gobierno de la Generalitat y otras organizaciones que proceden públicamente contra la legalidad democrática. Los motivos y razones que haya tenido el presidente para obrar con tanta demora pueden ser muy respetables, sobre todo si hubiera tenido a bien explicarlos a la ciudadanía, alarmada y decepcionada, adscrita a la Carta Magna. Pero la actitud del presidente se torna criticable y produce inseguridad cuando ocurren hechos tan lamentables como los del 1-O, o como el patético espectáculo político que tuvo lugar ayer en el Parlamento catalán. El Gobierno debió haber impedido ambas intentonas, máxime cuando Puigdemont, mascarón de proa de un independentismo crónico, incentivaba el desorden y continuaba su carrera hacia la declaración de independencia, amparado también en una suerte de impunidad esotérica. Pero todo eso es sabido y es pasado -en política, el tiempo corre a velocidad de vértigo- y cada cual asumirá la responsabilidad que le aplique la historia y la justicia, y lo que procede en este difícil momento es apoyar las medidas que adopte el Ejecutivo para restablecer, de forma sostenida y con todos los medios legales a su alcance, el orden constitucional en Cataluña y arbitre los mecanismos necesarios, incluidos los didácticos, para regenerar un clima de convivencia.

Llegados hasta aquí, el Gobierno está obligado a cumplir a rajatabla el dictado del artículo 155 y por eso el presidente Rajoy ha pedido de nuevo a Puigdemont que diga si mantiene o no la declaración de independencia de Cataluña, requerimiento previo para trasladar el caso al Senado, donde el PP tiene mayoría, y que el Estado pueda intervenir la autonomía. Cualquier otra acción sería ceder al chantaje y arrojaría a la papelera el crédito constitucional.

El Gobierno ha emprendido el camino que una gran mayoría de ciudadanos reclamaban, los mismos ciudadanos que, tras escuchar el discurso formal y medido del presidente, se preguntan, ni más ni menos, qué pasará con los dirigentes secesionistas que estos días han puesto en grave peligro la Democracia. ¿Comparecerán de inmediato ante la Justicia, serán, de entrada, inhabilitados para ejercer cargos públicos? ¿Serán ilegalizados los partidos y organizaciones que han promovido el levantamiento? Y, ya puestos, ¿existiría la posibilidad de que, en el muy remoto caso de que Puigdemont retirara lo dicho, continuara al frente de la Generalitat? Visto lo que llevamos visto, es casi mejor no preguntar.

El retorno a la normalidad institucional en Cataluña será abrupto y la recuperación de la convivencia una larga tarea de titanes. Por eso; sin prisa, pero sin pausa.