¿Será posible alcanzar un consenso sobre el relato de la historia de ETA?

En el año 2011 ETA anunció el final unilateral de su acción violenta. A pesar de que tal decisión no fue acompañada de una iniciativa específica sobre su desarme ni concretaba un plazo determinado para la disolución de la propia organización, resultaba indiscutible que ETA renunciaba a la negociación política que siempre había exigido como condición indispensable para no seguir con su actividad. Desde esta perspectiva, la organización terrorista reconocía implícitamente su derrota.

Son varios los factores que explican el desenlace que comenzó hace más de 5 años. Además de la fuerte y continuada presión policial y judicial desarrollada por las Administraciones española y francesa, ETA padeció una notable pérdida de apoyo en aquella parte de la sociedad vasca que justificaba su existencia y/o compartía las reivindicaciones principales que había formulado en las últimas décadas. La constatación de que no poseía la fortaleza necesaria para provocar un proceso formal de negociación que posibilitara la consecución -siquiera parcial- de alguno de los objetivos planteados, tuvo como consecuencia la aceptación de una fórmula de retirada unilateral sin contrapartidas políticas.

Ciertamente, ETA demoró mucho la toma de conciencia sobre su creciente debilidad.Instalada en un universo muy cerrado no fue capaz de percibir los cambios registrados en la sociedad vasca. El propio Otegui reconoció, recientemente, que la izquierda abertzale ignoraba esa parte decisiva de la realidad. En ese grave defecto tal vez influyó la lógica resistencia a la aceptación de un balance muy duro:varias décadas de utilización de la violencia con un elevado nivel de daño humano asociado a la misma para no conseguir más que la consolidación de una fuerza política que recibe alrededor del 20% de los votos emitidos. La comparación con lo sucedido en Catalunya o incluso en Galicia resulta significativo:en ambas naciones hay fuerzas nacionalistas que consiguieron igual o superior influencia electoral sin mediar el fenómeno del empleo sistemático de la violencia con objetivos políticos. Y eso sin incorporar una evaluación ética de lo que supone practicar la lucha armada en un contexto social en el que no hay un consenso mayoritario sobre la pertinencia de tal uso.

Aunque la disolución formal de ETA sigue pendiente, será inevitable en un futuro no muy lejano. En ese momento, seguirá el debate que ya comenzó en estos últimos años:¿cual debe ser el relato histórico de lo sucedido desde los años 50 del pasado siglo? ¿Es posible que exista una única versión sustentada en un amplio acuerdo social?

Por el momento, no se verifica un acuerdo unánime en la sociedad vasca sobre esa trágica vivencia colectiva.Más allá de los deseos de unas o de otras personas, no resultaría realista aspirar a semejante consenso sin esperar que exista una mayor distancia temporal. Por lo demás, las pretensiones de los sectores vinculados al PP resultan de una hipocresía palmaria:los mismos que siguen profesando una visión sectaria sobre las causas y los efectos de la guerra civil, exigen una coincidencia en el análisis de la génesis y desarrollo de la violencia etarra. Las urgencias que exhiben para este caso, desaparecen cuando se trata de evaluar el drama registrado en los años treinta del pasado siglo.

Mirar para el futuro sin olvidar el pasado.Un criterio que resulta más necesario que nunca para asegurar una convivencia democrática en Euskadi.