La invocada eficiencia de Núñez Feijóo, puesta en entredicho

La mayoría de los relatos biográficos que se construyen sobre Núñez Feijóo señalan como virtud aparentemente indiscutible su capacidad para realizar una gestión adecuada de los importantes recursos (políticos, económicos, mediáticos) que le proporciona su puesto institucional de presidente de la Xunta.

En los últimos meses, ese lugar común de la supuesta eficiencia del máximo responsable del gobierno gallego quedó seriamente cuestionado en dos asuntos de notable relevancia: la reordenación del sistema de transporte por carretera y la reclamación de la transferencia de la titularidad de la AP-9. En el primero, no fue capaz de actuar con la capacidad de anticipación que resulta exigible a cualquier mandatario gubernamental. Su falta de diligencia provocó la emergencia y radicalización de un conflicto que causó daños visibles a millares de personas que hacen uso habitual de ese servicio público.

En el caso de la AP-9, llovió sobre mojado. El ministro de Fomento, que algunos pronosticadores mediáticos especializados en las luchas cainitas del PP sitúan en la futura carrera sucesoria de Rajoy, llegó y mandó callar al político nacido en Os Peares. La verdad es que no resulta fácil establecer si es más grave la negativa a la petición unánime formulada por el Parlamento gallego o el argumento principal utilizado por el representante del gobierno central para justificar semejante posición. Despreciar la opinión de la Cámara del Hórreo ya tiene precedentes en la historia del PP: antes Aznar y ahora Mariano Rajoy no tuvieron escrúpulos a la hora de practicar una singular “doma” de la organización galaica de su partido aunque dispusiese de una mayoría absoluta y hubiese tenido liderazgos tan consolidados como los de Fraga y Feijóo.

No sabemos si el argumento exhibido por Iñigo de la Serna –los efectos perniciosos de la posible generalización de la tansferencia demandada por el poder legislativo gallego– es un farol verbal provocado por este tórrido verano o pretende sentar el principio de que mientras dure el conflicto catalán las demás instituciones deben de estar en posición de firmes y en el primer tiempo del saludo militar. Feijóo tendrá que elegir entre aceptar esa parálisis permanente que le ordenan desde la Moncloa o asumir que la presidencia del gobierno gallego implica un mínimo de coherencia y que la redistribución de las competencias entre las distintas instancias que operan en los territorios del Estado no figura en el catálogo de iniciativas prohibidas por el designio de un ser superior que decide sobre las vidas y las haciendas de los “súbditos” que habitan en el “noroeste” peninsular.