España vuelve a apostar por las energías renovables
El Gobierno celebra dos subastas en las que adjudica 8.037 MW, repartidos principalmente en proyectos de fotovoltaica y eólica. Los proyectos se llevarán a cabo sin necesidad de primas y deberán entrar en funcionamiento antes del año 2020.
Los pasados meses de mayo y julio se han celebrado en España dos subastas para introducir nuevas energías renovables en el sistema eléctrico. El Gobierno quiere de esta manera reducir la dependencia energética y avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la UE para 2020, alcanzar con renovables el 20% del consumo de energía final.
Según datos de Eurostat en 2015 España alcanzó el 16,2%. Eso hace necesario un importante esfuerzo de cara a 2020. El sector ha estado paralizado tras la reforma energética iniciada por el Gobierno en 2012. Entonces se suprimieron las primas a las renovables, incluso con efecto retroactivo, lo que provocó un récord de arbitrajes internacionales contra España, aún por resolver.
En 2016 el Gobierno celebró una primera subasta en la que adjudicó 700 MW repartidos en 500 MW de eólica y 200 MW de biomasa. Los adjudicatarios, al igual que han hecho en las de este año, ofertaron el máximo descuento posible. Eso supone que los proyectos se llevan a cabo sin necesidad de primas adicionales al mercado.
La primera subasta de 2017 se celebró el 17 de mayo. De los 3.000 MW adjudicados, 2.979 MW lo fueron a instalaciones eólicas bajo el criterio de ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada. Los 21 MW restantes fueron adjudicados a otras tecnologías.
En la segunda subasta, celebrada el 26 de julio, y ante la enorme demanda, se aplicó una cláusula prevista en la convocatoria que permitía adjudicar más de los 3.000 MW iniciales y se alcanzó la cifra de 5.037 MW. De ellos se adjudicaron 3.909 MW a instalaciones fotovoltaicas y 1.128 MW a parques eólicos.
Entre las dos subastas se adjudicaron un total de 8.037 MW de nuevas energías renovables distribuidos en 4.107 MW de energía eólica, 3.910 MW de energía fotovoltaica y 20 MW de otras renovables. Los proyectos adjudicados tienen que estar finalizados para entrar en funcionamiento antes de 2020.
Satisfacción en el sector eólico, que cuenta con industria propia en España
Tras la primera subasta, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) recibía con satisfacción los resultados y consideraba inversiones por encima de los 3.000 millones de euros y la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) durante el periodo de instalación. La eólica cuenta con industria propia en España para toda la cadena de valor, con más de 200 centros de fabricación.
La asociación aprovechaba para demandar una adecuada planificación energética para los próximos años, que considere las necesidades energéticas y de decarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías. Demanda un calendario de subastas que vaya más allá de los objetivos de 2020, considerando los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París de 2015 y los Objetivos de la UE a 2030) y los hitos necesarios para una correcta transición energética.
El sector fotovoltaico reivindica la importancia de la seguridad jurídica
Tras la celebración de la segunda subasta era la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) la que valoraba positivamente el resultado y destacaba el alto nivel de competitividad alcanzado por esta tecnología. Consideraba unas inversiones estimadas en 3.500 millones de euros, y la creación de un importante número de puestos de trabajo.
La asociación incidía en que las empresas españolas habían sido las principales adjudicatarias, y la potencia asignada era superior a la instalada entre 2007 y 2008, los años de mayor crecimiento del sector. También reivindicaba la importancia de la seguridad jurídica para facilitar el acceso a la financiación de los proyectos.
ANPIER considera sesgados los criterios de adjudicación de las subastas
No todo el sector ha recibido con la misma satisfacción las subastas. ANPIER, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, denunciaba, ya tras la primera, que el Ministerio de Energía, con el beneplácito del Gobierno, había adjudicado los nuevos proyectos bajo criterios sesgados que penalizaban cualquier pretensión de generación social.
Las pequeñas y medianas iniciativas se habrían quedado fuera, pese a ofertar con el máximo de los descuentos posibles, debido a que las condiciones establecidas en la convocatoria favorecían proyectos eólicos y fotovoltaicos de grandes dimensiones.
ANPIER denuncia que en base a ese criterio, los ciudadanos españoles quedan privados de poder absorber una parte de los ingresos del sistema eléctrico y quedan limitados a la compra de acciones de empresas del sector.
Acusa al Ministerio de practicar una política errónea en lo referente a la integración de las energías renovables en el sistema energético español, expulsando a las familias productoras, evitando la socialización de la generación de energía y ralentizando la entrada del autoconsumo. ANPIER considera que la estrategia en política energética del Gobierno se limita a garantizar que el negocio de la energía esté controlado exclusivamente por un reducido grupo de operadores.
