10 meses sin Gobierno en España y 98 demandas por incumplir las normas de la UE

Congreso de diputados de España.
Congreso de diputados de España. / Wiki

En el último año la UE ha abierto 98 procedimientos de infracción contra España, que afectan a prácticamente todas las materias: energía, medio ambiente, mercado interior, justicia o funcionamiento del mercado de capitales.

10 meses sin Gobierno en España y 98 demandas por incumplir las normas de la UE

A España le está pasando factura el hecho de tener un Gobierno en funciones e inactividad práctica del Parlamento, sobre todo en lo que a las relaciones entre la Unión Europea y España se refiere. Bruselas ha abierto en el último año nada menos que 98 procedimientos de sanción por incumplimiento reiterado de las diferentes normativas comunitarias a las que la inactividad del Parlamento, y por tanto la nula aprobación de leyes, no dan respuesta.

Los 98 procedimientos de infracción contra España afectan a prácticamente todas las materias: energía, medio ambiente, mercado interior, justicia o funcionamiento del mercado de capitales. Unas veces por no haber hecho la trasposición de la directiva y otras por ejecutarla de forma incorrecta.

El Confidencial recopila algunas de estas denuncias que resumimos aquí:

> Cuatro procedimientos abiertos contra España por no haber realizado la trasposición de las respectivas directivas comunitarias a la legislación española. La más relevante tiene que ver con la libre circulación de profesionales. En concreto, Bruselas denuncia que España ha hecho caso omiso del reconocimiento de cualificaciones profesionales entre países miembros.

> Bruselas, igualmente, recrimina a España por las dificultades que pone para que avance el mercado interior de la energía. Y en concreto, insta al Gobierno a que cumpla plenamente las disposiciones del llamado tercer paquete energético, que garantice la correcta aplicación de las directivas sobre electricidad y el gas.

> El tercer asunto que afecta directamente a España en el paquete de incumplimientos de septiembre se refiere a la directiva de la UE sobre retorno. En este caso, lo que se reclama es que se acelere su aplicación en determinados ámbitos específicos, garantizando la plena trasposición de todas las disposiciones al derecho nacional. Las disposiciones que España no ha traspuesto correctamente incluyen la definición de retorno, la obligación de adoptar decisiones de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular y una definición clara de la función del Defensor del Pueblo como órgano de supervisión con arreglo a la directiva.

 

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