La reivindicación catalana muestra las limitaciones del sistema autonómico

Ahora que la gran mayoría de la opinión pública española se escandaliza ante la pretensión de las fuerzas nacionalistas catalanas de convocar una consulta para decidir sobre la relación entre Cataluña y España, y una buena parte de esa opinión empieza a renegar de lo que consideran excesos autonomistas, quizá es el momento de hacer otras lecturas de un proceso que a veces se presentó como ejemplar pero que no parece atravesar ahora por sus mejores  momentos.

Fue uno de los grandes asuntos polémicos en la elaboración de aquella Constitución consensuada bajo la mirada recelosa de los que entonces se les llamaba “poderes fácticos” (Ejército, Iglesia, vieja guardia del franquismo, poderes económicos… ). La introducción de la expresión “nacionalidades” (que no pasaba de ser una mera concesión formal) levantó ampollas en la derecha centralista, la más ligada a la herencia ideológica de la dictadura. Como el título VIII sobre la organización territorial del Estado, que provocó la división y finalmente la ruptura de la coalición electoral que representó entonces a esa derecha centralista, Alianza Popular, de la que la fracción fraguista fue prácticamente la única que asumió el consenso constitucional, no sin muchas reservas.

Parecía que el título VIII podía ser una vía adecuada para encajar en el conjunto del Estado los territorios periféricos en los que se reivindicaba el carácter de nacionalidad y se reclamaba el reconocimiento y el respeto de sus particularidades históricas y culturales. Como parecía adecuado  establecer dos vías de acceso al régimen autonómico, una como de “primera”, apoyada directamente por la ciudadanía mediante referéndum, y otra como de “segunda”, elaborada y aprobada sólo por los políticos y con un ritmo más lento de asunción de competencias. Pero lo que parecía darle preeminencia institucional a las autonomías de “primera” (a las que consiguió incorporarse Andalucía, que tuvo que pasar por un referéndum previo, del que se libraban las otras nacionalidades históricas, a las que se les computaban los referendos que habían celebrado en la Segunda República) termina por parecer más bien una carga más.

Entre que los procesos de transferencia de competencias han sido siempre más lentos de lo previsto (todavía están sin culminar) y que a las comunidades de “segunda”, sin necesidad de referendos, se les concedieron las mismas competencias que a las otras, cuando gobernó Aznar, en estos momentos apenas hay diferencias entre comunidades de una o de otra vía. Paradójicamente, puede que la diferencia principal sea que, para reformar sus Estatutos, las comunidades de “primera”, después de todo el proceso de tramitación parlamentaria, tienen que someterlo a referéndum (algo que, por cierto, no le libra de recursos de inconstitucionalidad), y a las otras comunidades les bastan los acuerdos parlamentarios. Mientras las reformas de los estatutos catalán y andaluz promovieron toda clase de polémicas y tensiones, la mayoría de las comunidades de “segunda” modificaron sin apenas repercusión en la opinión pública sus respectivos estatutos, en algunos casos hasta incorporando artículos de los considerados malditos en las reformas con referéndum.

Si añadimos que los niveles de competencias autonómicas también son relativos, porque la mayor parte de los presupuestos vienen ya marcados por las transferencias económicas finalistas desde el Gobierno central, no debe de extrañar que se produzcan intentos de menor o mayor nivel de enfrentamientos para ensanchar los horizontes de autonomía económica. En este sentido, Euskadi y Navarra son las comunidades que gozan de la mayor autonomía presupuestaria, que es tanto como decir mayor autonomía real. Por algo Cataluña reclamaba un estatus parecido y, en su defecto, directamente la independencia. Coincide con la crisis –en la que el gobierno catalán, por cierto, es tan austericida como los de toda la Unión Europea de la que no quiere salir– y coincide con el gobierno central menos autonomista. Mal momento para llegar a arreglos entre posiciones que cada una de las partes considera muy rentables electoralmente.