La crisis humanitaria del sistema penitenciario guatemalteco amenaza la seguridad pública

Por Danilo Santos y Erivan Campos

“Exigimos al Estado de Guatemala que se dé seguimiento, denuncie y procese a quienes resulten responsables de los delitos contra la vida cometidos en la Granja Pavón”, dice Carlos Alberto Solórzano, relator presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT). La Granja Modelo de Rehabilitación Pavón es el nombre que recibe una cárcel en Guatemala, ubicada a las afueras del pueblo de Fraijanes, cercano a la ciudada capital.  Esta fue construida a finales de los años 70 y actualmente es un centro carcelario con un hacinamiento de mas del doscientos porciento, las autoridades penitenciarias solo controlan el perímetro y las puertas, dejando a a los privados de libertad el control interno.

El 18 de julio de este año 2016 se produjo un incidente dentro del reclusorio, dejando el saldo de 14 personas muertas, entre ellas el excapitan Byron Lima Oliva, quien guardaba prisión por el asesinato de Monseñor Gerardi.  Una de las hipotesis es que se debió a una disputa por el control de los negocios que se manejan dentro del Penal.

— ¿Qué es la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPT)?

— Se creó en atención a que el Gobierno suscribió (25 de septiembre de 2003) el "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", y mediante el Decreto 53-2007 el Congreso de la República, aprobó dicho instrumento asumiendo el compromiso de prevenir toda práctica de tortura dentro del territorio nacional. La OPT actúa con imparcialidad, objetividad e independencia ante cualquier organismo de Estado, goza de independencia orgánica funcional, de personal y presupuesto.

— ¿De qué medios hacen uso para cumplir con su mandato?

— Los Relatores (5) ejercen en cumplimiento de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas o Crueles, Inhumanos o Degradantes, Decreto Legislativo 40-2010 mediante mecanismos no judiciales preventivos, nos basamos en visitas “in situ” periódicas a los lugares de detención que pueden ser programadas o sorpresivas.

— ¿Dónde realizan dichas visitas?

— Se llevan a cabo en los diferentes lugares de privación de libertad, lugar de detención, rehabilitación o reeducación socioeducativa, o cualquier lugar donde se encuentren o bien pudieran encontrarse personas privadas de libertad (sean estos públicos o privados). Incluimos, entre otros, centros de detención, prisiones (centros de prisión preventiva o de cumplimiento de condena, cárceles militares) estaciones de policía, zonas de tránsito en aeropuertos, puertos y zonas fronterizas, albergues para migrantes y solicitantes de asilo, hospitales incluyendo psiquiátricos, centros de protección y abrigo para la niñez y adolescencia amenazada y vulnerada en sus derechos y centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley.

— ¿Qué consideran como tortura o pena cruel la ley y la oficina que usted preside?

— Tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona, bien sean dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella (o de un tercero) información, una confesión o bien castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.  Todo acto con el que se busque intimidar o coaccionar y cualquier tipo de discriminación. No importando si dichas acciones sean infligidas por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas. Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son todo acto u omisión, cometido por un funcionario, empleado público u otra persona que actúe por instigación o con el consentimiento o la aprobación del Estado, que atente contra la dignidad física o psicológica de la persona, pero que por falta de gravedad no llega a constituirse como un acto de tortura.

— ¿Cuál es el proceder de la OPT al determinar la existencia de faltas a la Ley que les mandata?

— Una vez se haya establecido la posible existencia de delitos u otras situaciones que requieran investigación, se deberá comunicar o denunciar inmediatamente ante las autoridades competentes, y emitir recomendaciones para que cese la tortura o el trato cruel.

– Esta semana la OPT rindió un informe sobre los acontecimientos registrados en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, donde fallecieron 14 reclusos, ¿Cuáles son los principales problemas y causas que se han detectado en el Sistema Penitenciario?

– La raíz de las deficiencias de los centros penitenciarios está en tener un presupuesto insuficiente y en la corrupción dentro del sistema que confluye en mala alimentación, “talacha”, comercialización de ilícitos,  condiciones antihigiénicas y de hacinamiento,  el olvido de los privados de libertad y beneficios penitenciarios solo para unos cuantos.  Otros problemas son la falta de clasificación de privados de libertad según su condición, la inadecuada custodia y seguridad en los traslados, la situación calamitosa en el área de salud de las penitenciarías y la ausencia de registros de discapacidades físicas y mentales.

La precariedad, el horror y la muerte han convertido a los centros de privación de libertad en recintos de crimen organizado.

— ¿Cómo resumiría usted, en una frase, sus visitas a los diferentes centros carcelarios del país?

— La precariedad, el horror y la muerte han convertido a los centros de privación de libertad en recintos de crimen organizado; esto como producto del olvido por parte del Estado y el autogobierno de los reclusos.

— Por estas condiciones inhumanas, ¿son las cárceles son bombas de tiempo?

— Si tomamos en cuenta que estamos hablando de mala alimentación, hacinamiento, falta de atención médica y medicamentos, extorsiones entre los propios privados de libertad, solo por mencionar algunas situaciones, claro, se puede decir que todo esto se puede catalogar como una bomba de tiempo, ya que en cualquier momento, al no tener respuesta por parte de las autoridades del sistema penitenciario a sus necesidades, pueden proceder a tomar medidas de hecho, traduciéndose en cualquier tipo de amotinamiento que en muchos de los casos llegan a disturbios, conatos de amotinamiento, trifulcas, etc., con resultados lamentables como heridos y muertos entre privados de libertad, guardias y personas civiles.

— Luego del análisis de ésta oficina, ¿cuál sería la forma correcta de minimizar o evitar la ocurrencia de hechos delictivos en los centros penitenciarios?

— Pues no vemos otra que actuar con base en el profundo respeto a los Derechos Humanos y definiendo las conductas delictivas y, en los casos donde sea posible, impulsando la resocialización, rehabilitación y reinserción social-económica de las personas que egresan de los centros de detención del país y eliminando el uso excesivo de la reclusión carcelaria como sanción anticipada como el aumento de penas.

— ¿Qué mecanismos de solución sugiere la OPT?

— Se ha hablado de una reforma penitenciaria integral la cual nunca se ha realizado, constituyendo un sistema carcelario, en realidad es necesaria una refundación del Sistema Penitenciario  porque la crisis humanitaria que allí se vive amenaza la seguridad pública. Sugerimos la profesionalización del personal penitenciario, eliminar el uso excesivo de la reclusión para evitar el hacinamiento y sea así posible velar por una reclusión digna con un modelo penitenciario que permita la rehabilitación efectiva de los reclusos.  Transformar los centros de detención, especialmente en cuanto a la atención al sector salud, creación de programas educativos, la promoción de la cultura, el deporte.  La capacitación y fuentes de trabajo en los centros de detención. En cuanto al tratamiento integral de los privados de libertad los centros de detención deberían contar con recursos humanos que le permitan constituir equipos multidisciplinarios, directores y subdirectores profesionales, programas de trabajo y etapas programadas para agotar los procesos de implementación requeridos.

— ¿Cuál es la conclusión del informe de la OPT?

— Que es necesaria la creación de estrategias articuladas que permitan a las instituciones del sector justicia y seguridad ciudadana, el abordaje de los principales hechos de violencia y criminalidad que ocurren en el país y que afectan los bienes jurídicos tutelados. Dicha  articulación para ser efectiva debe considerar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones estatales, la academia, la cooperación internacional, etc. y debe contar con un enfoque integral que parta del reconocimiento del fenómeno criminal como multicausal y complejo.