Las víctimas del 11-S podrán demandar a Arabia Saudí tras la anulación del veto

Barack Obama ha perdido un pequeño pulso legislativo relacionado con los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la implicación del Gobierno de Arabia Saudí en ellos. Esta es la primera ocasión en la que el legislativo invalida un veto presidencial en ocho años con Obama al frente de la Administración estadounidense. 

Los argumentos del Presidente y sus asesores para mantener vigente el veto a la ley que permitiría a las víctimas de los atentados perseguir acciones legales, son entre otros, la posibilidad de comprometer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Arabia Saudí, además de que por el principio de reciprocidad del derecho, se podría incitar a que personas individuales de otros países denuncien a diplomáticos y militares estadounidenses ante tribunales extranjeros.

A pesar de dichos argumentos, una mayoría de Senadores y Congresistas norteamericanos, de ambos partidos, han estimado que hay indicios suficiente para comprobar la implicación de altos funcionarios del Gobierno Saudí en la red de financiación que llevó a los atentados del 2001, y por ello han impulsado la iniciativa de la "Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo".

John Brennan, Director de la CIA, ha asegurado en un comunicado que la ley tendrá “graves implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos. El principio de inmunidad soberana protege a los funcionarios de EE.UU., y se basa en la reciprocidad. Si no respetamos ese estándar para otros países, ponemos en peligro a nuestros propios funcionarios”, ha dicho Brennan. 

La lógica está en que al abrir la vía legal para perseguir a un extranjero en los tribunales locales de los Estados Unidos, se comprometería en mayor medida a los diplomáticos basados en distintos países, o bien a los agentes que realizan trabajo de inteligencia en suelo extranjero.