Una veintena de países traza una hoja de ruta para devolver la democracia a Venezuela

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha manifestado en una declaración conjunta, una petición al gobierno de Caracas para que libere a sus presos políticos y reconozca la legitimidad de las decisiones parlamentarias.

Junto con representantes de Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, diplomáticos de varios países gobernados por la izquierda como Chile y Uruguay, firmaron la declaración emitida en una reunión especial de la OEA en Washington. Dieciocho de los 35 Estados Miembros de la OEA habían solicitado la reunión para analizar la situación en Venezuela. La advertencia que los estados emitieron, sin embargo, no cumplió con la petición del Secretario General Luis Almagro de suspender a Venezuela. Su dura línea contra Caracas también es polémica entre los analistas políticos.

A mediados de marzo, Almagro publicó un informe dolorosamente contundente detallando la situación social, económica, política, y humanitaria de Venezuela. El país, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha caído cada vez más en una crisis de suministros, que ahora está poniendo en riesgo a millones de vidas. Los políticos de la oposición y los periodistas críticos están siendo amenazados. Algunos han sido encarcelados, o incluso asesinados.

Desde finales de 2015, la oposición ha mantenido una mayoría en el congreso de Venezuela. Sin embargo, es virtualmente incapaz de actuar porque el gobierno se niega a poner en práctica sus resoluciones, o bien el Tribunal Constitucional dominado por el PSUV los bloquea. Almagro acusa al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno, de violar los 28 artículos de la Carta Democrática Interamericana.

En respuesta, Maduro exigió el despido de Almagro y lo insultó de la manera habitual, llamándolo "payaso". La OEA se abstuvo no obstante de imponer sanciones. A pesar de su vaguedad, la declaración representa que una mayoría de las naciones integrantes de la OEA se posiciona en contra de las actuaciones del Gobierno de Maduro. El Gobierno venezolano por su parte, rechazó tanto la celebración de la sesión, como su contenido.