Todas las medidas que pretende aplicar el Gobierno de España en Cataluña

Las medidas del Gobierno para Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución afectan al Govern, al Parlament y a la Administración catalana y entrarán en vigor a finales de mes cuando sean aprobadas por el Senado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado estas medidas:

> Presidente, vicepresidente y Govern. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consellers serán “cesados”. Sus funciones pasarán a ser ejercidas “por los órganos y autoridades que cree a tal efecto el Gobierno”. De momento, no se sabe quién suplirá al Ejecutivo catalán. La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que, una vez el Senado apruebe el 155, el Gobierno diseñará un organigrama y designará a las personas encargadas de suplir a los miembros del Govern.

> Parlament. Seguirá funcionando pero con limitaciones. No podrá nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat o designar a otro Govern. En general, no tomará ninguna decisión que vaya en contra de la aplicación del propio artículo 155. Sí podrá, por ejemplo, legislar sobre las carretaras catalanas”, explicó la vicepresidenta. Los diputados seguirán en sus escaños, entre ellos la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, quien, a diferencia del Govern, no será cesada. Las proposiciones de ley serán supervisadas por una “autoridad” que designará el Gobierno y que dispondrá de un plazo de 30 días para decidir si procede su tramitación. Si esa “autoridad” considera que la norma en cuestión va en contra de la previsto en el artículo 155, la ley dejará de tramitarse.

> Administración catalana. Una vez cesado el Govern, serán los ministerios los que tomarán el control de la Generalitat. La intervención afectará a las conselleries, las entidades que dependan de ellas y al sector público empresarial. Los interventores gubernamentales podrán dictar resoluciones y dar instrucciones y los funcionarios estarán obligados a cumplir esas órdenes. Además, tendrán capacidad para acordar el “nombramiento, cese o sustitución temporal” del personal de la Generalitat.

El acuerdo del 155 contempla la posibilidad de que los funcionarios de la Generalitat se nieguen a acatar las órdenes de las nuevas autoridades y por eso advierte de que el incumplimiento “podría ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria” y que esa situación puede tener consecuencias “patrimoniales, contables, penales, o de otro orden a que pudieran dar lugar”.

> Mossos. La vicepresidenta del Gobierno no ha querido concretar qué pasará con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y con el director de TV3, Vicenç Sanchis, pero, de acuerdo con esta disposición, podrán ser cesados una vez entre en vigor el acuerdo del Senado. 

> TV3 y radio autonómica. El acuerdo prevé que “se garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatut”.

> Seguridad. El documento presentado por el Gobierno ante el Senado hace especial referencia a la cuestión de la seguridad y establece que desde el Gobierno se darán “instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los Mossos. Además, el ejecutivo central podrá acordar “el despliegue” de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña para que actúen de forma “coordinada” con la Policía catalana.

> Intervención financiera. Las finanzas de la Generalitat ya fueron intervenidas por el Ministerio de Hacienda en septiembre cuando Oriol Junqueras se negó a mandar informes semanales del gasto de la Generalitat a Cristóbal Montoro. Ahora, el Gobierno ahondará en ese control “en beneficio del interés general” y garantizará de forma específica que ni las transferencias del Estado a la Generalitat ni los tributos que recauda la Administración catalana se destinen “a actividades relacionadas con el proceso secesionista”.

> TIC. El Gobierno tomará también el control de las funciones de “telecomunicaciones y servicios digitales” y todas las actividades relativas a “las tecnologías de la información” y al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya.

> Elecciones autonómicas. El fin último de la aplicación del 155 es la convocatoria de elecciones autonómicas para “restituir la legalidad”. Una vez destituido Puigdemont, la prerrogativa para llamar a las urnas corresponderá a Rajoy, quien tendrá un plazo de seis meses para hacer efectiva la convocatoria. Si Rajoy agota el plazo, los comicios podrían celebrarse hasta el mes de julio del año que viene.

> Control al Gobierno desde el Senado. La aplicación del 155 no implica que el Gobierno central pueda actuar en la autonomía catalana sin dar explicaciones a nadie. Tendrá que darlas y lo hará cada dos meses ante el Senado. La vicepresidenta ha destacado que en la Cámara alta están representados los partidos independentistas, por lo que tanto ERC como PDeCAT tendrán ocasión de interrogar al Gobierno sobre la marcha de la intervención.

> Puesta en marcha. La aplicación del 155 no se hará efectiva hasta que sea ratificada por el pleno del Senado. Los trámites se iniciarán de inmediato, dado que el Gobierno ya ha remitido su propuesta al presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero. Una comisión senatorial se encargará de dar voz a Puigdemont para que formule alegaciones. Después, elevará una propuesta al pleno, que deberá ser ratificada por mayoría absoluta. El PP cuenta con esa mayoría absoluta en la Cámara. Se calcula que la votación podría tener lugar a finales de mes. Una vez oficializado el 155, el Gobierno designará al equipo que tomará el control de la Administración catalana. Según La Vanguardia, hay voces que apuntan al delegado del Ejecutivo central en Cataluña, Enric Millo.