El Supremo asume todas las causas contra el independentismo por rebelión

El Tribunal Supremo será el encargado de investigar a toda la cúpula de la Generalitat acusada de rebelión por el proceso independentista, causa que unirá a la que ya instruía y por la que están imputados los miembros de la Mesa del Parlament. El juez Pablo Llarena ha acordado este viernes asumir la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el expresident Carles Puigdemont y todos los consejeros de su Gobierno cesado, recoge El País. Llarena investigará también a los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La decisión de Llarena implica que el Supremo asume el procedimiento de todos los investigados por rebelión y la Audiencia Nacional se queda con los encausados por sedición, el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana. En el auto dictado este viernes, Llarena explica su decisión en la conexión "inescindible" de los hechos presuntamente cometidos por el Govern y los líderes de ANC y Òmnium con los cometidos por los miembros de la Mesa a los que el Supremo ya investigaba. La juez Lamela envió esta semana al alto tribunal, a petición de Llarena, un informe con los hechos atribuidos a los líderes independentistas investigados en la Audiencia Nacional.

Llarena, como Lamela, considera que el proceso independentista es fruto de una estrategia conjunta desarrollada por el poder ejecutivo (el Govern), el legislativo (el Parlament) y la sociedad civil (encabezada por Sànchez y Cuixart), por lo que no es posible investigarlos por separado. En el mismo auto, Llarena acuerda que la juez Lamela debe continuar investigando la actuación del exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, así como de "cualesquiera otros eventuales responsables sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad".

Esta semana, la Fiscalía había presentado un escrito en el que se mostraba en contra de unificar la investigación. El principal argumento del Ministerio Público era que el Supremo debía limitarse a investigar a los miembros de la Mesa porque son los únicos que, una vez disuelto el Parlament, mantienen la condición de aforados. Pero en su auto, Llarena explica que la doctrina del Tribunal Supremo es que este tribunal es competente para investigar hechos cometidos por personas no aforadas cuando "se aprecie una conexión material inescindible" con los hechos por los que se investiga a las personas aforadas. Llarena afirma que la unificación del procedimiento busca facilitar la tramitación y resolver los problemas derivados de la indivisibilidad de los hechos que deberán juzgarse en un futuro.

En el informe enviado por Lamela al Supremo, la juez de la Audiencia eliminaba el delito de rebelión (que castiga con hasta 30 años de cárcel a quienes se levanten “violenta y públicamente” para, entre otros objetivos, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”) a todos los investigados y lo cambiaba por el de sedición (castigado con penas menores y que persigue a los que se alcen "pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”). Sin embargo, Llarena considera que sigue habiendo indicios de que los líderes del procés pudieron cometer rebelión. En la atribución de este delito a todos ellos está la clave para que el Supremo asuma la causa, ya que la rebelión es siempre un delito colectivo (hace falta un grupo de personas para cometerlo), lo que, según el instructor, "marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto". Según el magistrado, esta conexión de hechos lleva a que las actuaciones ejecutadas por Forcadell y el resto de miembros de la Mesapara lograr la independencia necesiten de las realizadas por el Govern y por ANC y Òmnium para que exista el delito de rebelión. Llarena considera que hubo una "actuación coordinada" entre todos ellos.

El magistrado deja fuera del Supremo la actuación de los Mossos que describió Lamela en su informe y la "un conjunto de personas" que han podido colaborar en la elaboración de las leyes destinadas a la declaración de la independencia de Cataluña. Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y "otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación" pueden examinarse de manera autónoma.

A partir del auto del juez Llarena, quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas: el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers cuya entrega España ha reclamado a Bélgica (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los 8 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva en España (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borras, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila, y los expresidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament a los que ya investigaba. @mundiario