Sólo intereses oscuros pueden impedir que A Coruña modernice su fachada marítima
Si se trata de hacer ciudad, y no sólo negocio, basta seguir los pasos de Bilbao, Barcelona, Gijón, Sidney.... El Ayuntamiento de A Coruña dispone de herramientas legales y administrativas que pueden volver muy costosa la actuación precipitada, aunque no consigan revertir la especulación.
Las operaciones en marcha para la venta de espacios portuarios en Coruña, de espaldas a la ciudad y a su ayuntamiento, están provocando perplejidad ante una situación inédita en la memoria reciente de la urbe.
Las anteriores grandes transformaciones, como la de la Dársena o la del Paseo Marítimo, fueron consecuencia de acuerdos entre la ciudad y el Ministerio de Fomento. En otro caso relevante, la desafección de instalaciones militares (Maestranza, Gobierno Militar, Hípica, Punta Herminia y otras varias), la ciudad se benefició de nuevo del acuerdo con el Ministerio de Defensa. Ambas operaciones, bajo el mandato del alcalde Francisco Vázquez.
La falta de acuerdo define la actual situación. Cuando el Ayuntamiento se ofrece a comprar las instalaciones de La Solana, ubicadas sobre una antigua playa de uso público y privatizadas en los años 60, la Autoridad Portuaria responde acumulándolas a la venta del Hotel Finisterre, edificado en la misma época sobre el solar donde se ubicaba la cárcel, de nuevo pública. Es decir, haciendo difícil para el Ayuntamiento la justificación de una puja para conseguir un hotel de cinco estrellas. Extraña conducta cuyos antecedentes habrá que rastrearlos en dos direcciones: en el ámbito de los que ganan y en el ámbito de los que promueven. Anotemos entre estos últimos a las autoridades del Partido Popular. Volveremos sobre ello.
Otras muchas ciudades han abordado procesos de transformación de instalaciones portuarias o en línea de costa que habiendo perdido su uso habitual pasaron a formar parte de la malla urbana
Otras muchas ciudades han abordado procesos de transformación de instalaciones portuarias o en línea de costa que habiendo perdido su uso habitual pasaron a formar parte de la malla urbana. Habitualmente a través del diálogo y cooperación entre la ciudad, representada por su gobierno local, y otras Administraciones. Revisemos algunos casos de éxito:
> Bilbao es, sin duda, el ejemplo más próximo a Coruña. Allí se constituyó la Sociedad “Bilbao Ría 2000”, cuyas acciones se repartieron por mitades entre el Gobierno central, a su vez distribuido entre SEPES, Autoridad Portuaria y Adif, y Gobierno autonómico, en este caso repartido entre Ejecutivo Vasco, Diputación de Vizcaya y Ayuntamientos de Bilbao y Baracaldo. Esa sociedad recibió los activos de cada una de esas entidades y procedió a su transformación a través de un conjunto de actuaciones tanto públicas como privadas. El resultado ha sido espectacular y ha redundado en beneficios de todo orden para la ciudad.
> Barcelona aprovechó inicialmente el impulso de las Olimpiadas de 1992 para un ambicioso programa de transformación urbana y marítima, mediante un acuerdo entre Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Fomento. Fruto de ese acuerdo y de su desarrollo posterior se han producido múltiples actuaciones sobre una extensa franja litoral.
> En Gijón, de nuevo la alianza entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, permitió cambiar la faz de la fachada marítima.
En otras latitudes hay numerosos ejemplos, desde el paradigmático de Sidney, al espectacular, por su dimensión e inversión, de los Docklands londinenses, hoy espacio financiero, de ocio y comercial, con una arquitectura moderna. O la transformación del puerto de Liverpool, presidida por el impacto cultural. O el ejemplo de Glasgow...
Sólo intereses oscuros pueden impedir que Coruña aproveche las experiencias de tantos casos de éxito y evite los errores cometidos en otras épocas. Carece de sentido político y económico que las autoridades de puertos se escuden en el magro beneficio, 25 millones de euros frente a una deuda de 300, para defender la venta apresurada de la fachada marítima del centro de la ciudad. Y produce sospecha que se haga sin el mínimo debate público y sin el consenso institucional imprescindible. El Ayuntamiento dispone de herramientas legales y administrativas que pueden volver muy costosa la actuación precipitada, aunque no consigan revertir la especulación. Asumir esa senda, plagada de conflictos judiciales y demoras onerosas, no conviene a los intereses de la ciudad. Entonces ¿quién gana?, ¿solamente el capital especulativo?.
