Se les acabó la justicia

Tribunal Constitucional. / RR SS.
Tribunal Constitucional.

La utilización bastarda del judicial no será capaz de solucionar el problema de base planteado con las demandas catalanas de independencia. Es un problema de Estado a resolver por el Estado con mecanismos que arreglen la convivencia futura.

Se les acabó la justicia

Una canción de Rocío Jurado decía que se le acabó el amor de tanto usarlo. Aún sabiendo que se refería al sexo y le llamaba amor, para este caso es perfectamente válida la cita. Al Gobierno español se le acabó la justicia de tanto usarla, llamando justicia, en este caso al poder judicial. Se ha hecho un uso mas que abusivo y no adecuado de la justicia para presuntamente resolver los problemas políticos. En lugar de marcar espacio de diálogo, generador de encuentros o desencuentros solucionables de nuevo con diálogo, se ha utilizado el aparato de la justicia –desde fiscales al Tribunal Constitucional– para resolver problemas que no son competencia judicial.

Si al Tribunal Constitucional se le pregunta de forma cerrada/circular sobre la constitucionalidad de un asunto que no está contemplado en la constitución, el susodicho tribunal –so pena de negarse a si mismo– asegura su carácter no constitucional. Lo que en buena lógica es igual que no decir nada. Por ejemplo, si le preguntáramos al citado tribunal si es constitucional obligar a todos los ciudadanos a tener conexión a internet, ser titulares de una cuenta bancaria, o escolarizar en centros de enseñanza a sus hijos, tendría que responder en los tres casos que no, no es constitucional, no hay ningún apartado en la citada ley fundamental que permita de modo silente, de oficio,  sin estar contemplado obligar a los ciudadanos de facto a poseer cosas y servicios que se han convertido en medios usuales para la vida administrativa “normal”. En estos casos no vale como contraargumento que en las administraciones o delegaciones de la Agencia Tributaria, previa cita por teléfono o internet, realizan los trámites correspondientes de la declaración de renta o de cualquier otro impuesto: pero como se observa se precisa teléfono, conexión a internet y uso de tiempo laborable para las gestiones. Preguntado el Alto Tribunal no podría nunca argumentar que es constitucional, excepto que como en otros casos conocidos se haya convertido en correa de transmisión de un ejecutivo que trabaja sobre la marcha algo apresurado y pendiente de tantos problemas de una democracia en construcción falta de poso histórico. Las leyes y normas de menor rango que las fundamentales son no solo legales sino legítimas siempre y cuando sean bien generadas, bien nacidas y bien desarrolladas: no es necesario preguntar al alto tribunal por la legalidad de cada norma legal existente. No es misión del Constitucional asumir el rol del ejecutivo ni del legislativo, y, no es misión de fiscales y jueces realizar prevención y apagafuegos de hogueras encendidas por la acción política o por la omisión política. Y, es negativo social y políticamente que se asuma este papel porque queda deslegitimada como institución vinculada a la justicia poniendo en cuestión ante toda la sociedad precisamente ese aspecto deseable del poder judicial: un cierto vínculo con la justicia. Obsérvese que resulta satisfactorio que exista un cierto vínculo, ya que no confundimos –dadas las pruebas evidentes en contra– el poder judicial con la justicia. Esta se vincula necesariamente en ética política con un rol arbitral, interpretadora de la ley, igualitaria en interpretación y en reparto de penas, pero nunca sería esperable una misión de brazo armado del poder ejecutivo para conflictos exclusivamente de índole política. Es penoso, deplorable y nada constructivo desde la perspectiva de la mejora social que el poder judicial manejado por el ejecutivo de turno haya violado un pacto social nacido en la ya superada Revolución francesa: cada poder en su sitio.

La utilización bastarda del judicial no será capaz de solucionar el problema de base planteado con las demandas catalanas de independencia. Es un problema de Estado a resolver por el Estado con mecanismos que arreglen la convivencia futura de mutuo acuerdo si es posible y si no con un pacto de relación que sea civlizado y en correspondencia con los tiempos presentes. Convierte en dudosa la esperable madurez de la democracia española el hecho de mostrar incapacidad política de superar problemas de naturaleza política: frente al hecho evidente de que la Constitución española ha demostrado con el paso del tiempo ser un corsé para la articulación de las naciones que existen en el Estado –Galiza, Euskadi y Catalunya–, con el mismo Estado entre ellas y el resto. No es edificante frente a Europa y el mundo civilizado al que nos gusta pertenecer que ante la evidencia de un movimiento social robustísimo y en crecimiento de independencia se arguya con la ley-dura lex- y con la fuerza del poder judicial sin jamás utilizar un lugar político de encuentro de dialogo, de discusión y finalmente de acuerdo. Es probable que en las cercanías políticas de Madrid –entendido en el sentido político/financiero– aún no se hayan enterado de cierta evolución del mundo: ya no se llevan los matrimonios a la fuerza, ni siquiera los de interés son permanentes, existe el divorcio y se deben pactar los asuntos comunes de forma civilizada en beneficio de la salud y bienestar propios y los de los herederos.

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