¿Resulta imposible el debate de la reforma constitucional en España?
Ni existe consenso sobre lo que se debe reformar, menos aún sobre su alcance y todavía menos sobre los objetivos a lograr. Sin duda la financiación autonómica y los límites en el ejercicio de las competencias, son los dos principales problemas.
Seis millones y medio de personas, aproximadamente, votan a grupos políticos que defienden la ruptura con el actual sistema democrático y la apertura de un nuevo proceso constituyente. Frente a ellos, 16 millones y medio votan a partidos constitucionales, mientras más de diez millones de personas se abstienen de votar. Es el resumen de las últimas elecciones, hace un año solamente. En otros términos dos tercios de los electores defienden la Constitución actual mientras la cuarta parte la rechaza. Unos 40 puntos de diferencia entre unos y otros.
Simplificando, quienes defienden otra sociedad se pueden agrupar en dos tendencias, la estrictamente nacionalista, con millón y medio de sufragios y la coalición de Podemos con varios grupos territoriales que cuenta con cinco millones de votos, básicamente 3´2 millones de grupos de izquierda y 1´8 de grupos más o menos nacionalistas coaligados con ellos. Y todavía debemos considerar a otras facciones minoritarias como los animalistas, con casi 300.000 votos, los mismos que el PNV, por ejemplo.
PP, PSOE y Ciudadanos aspiran a mantener un régimen similar al actual, sin perjuicio de los cambios necesarios, mínimos para los populares, ambiguos para Ciudadanos y etéreos para los socialistas
Las tendencias nacionalistas plantean una modificación del Estado de tipo confederal cuando no directamente la separación mediante el subterfugio del “derecho a decidir”. Significaría Estado mínimo, sistema de cupo generalizado y tendencias centrífugas aún más acusadas. Aunque no lo plantean abiertamente, esa opción la defienden exclusivamente para Cataluña, País Vasco, Navarra, tal vez Galicia y Baleares. Va de suyo que las demás Comunidades Autónomas, en especial Andalucía, Valencia o Canarias, no aceptarán ninguna modificación que no sea generalizable. Las tendencias agrupadas alrededor de Podemos, carentes de un modelo propio, aceptan el anterior añadiéndole todas las reivindicaciones que puedan socavar el modelo actual, en una clara renuncia a formar parte de las democracias occidentales. Unos y otros sitúan los llamados “derechos de los pueblos” como eje de la nueva política, en castellano claro, las mayorías de cada territorio serían los nuevos sujetos políticos en lugar de la representación proporcional actual. Los partidos constitucionales, PP, PSOE y Ciudadanos, aspiran a mantener un régimen similar al actual, sin perjuicio de los cambios necesarios, mínimos para los populares, ambiguos para Ciudadanos y etéreos para los socialistas.
El panorama expuesto no facilita una reforma constitucional. Ni existe consenso sobre lo que se debe reformar, menos aún sobre su alcance y todavía menos sobre los objetivos a lograr. Sin duda la financiación autonómica y los límites en el ejercicio de las competencias, son los dos principales problemas. Todo lo demás es secundario o directamente inviable, como transformar el Senado en una Cámara de los gobiernos autonómicos con poder de veto sobre la legislación estatal. Para reformas menores no existe voluntad alguna.
Hay constituciones de larga vigencia, como la de Estados Unidos que han conocido 27 enmiendas puntuales, la de Francia con pocas modificaciones o la de Alemania con 52 enmiendas en siete décadas. La española como es sabido sólo ha tenido dos enmiendas puntuales. El problema no es sólo reformar un texto con la mayoría suficiente, sino lograr una adhesión popular en referéndum que no lo deje deslegitimado. No parece que el ambiente de crispación de la vida política ayude en ninguna de las dos instancias. Así que seguiremos hablando de la reforma constitucional durante mucho tiempo sin que a los ciudadanos les preocupe grandemente. Un debate típico de la clase política, con palabras grandilocuentes y poco riesgo electoral.
