El Parlament apura la aprobación para saltarse la legislación española

El Parlamento catalán aprobará en algún punto de los próximos 35 días la Ley de Transitoriedad Jurídica, la principal de las bautizadas como "leyes de ruptura" catalanas, con vistas al referendo independentista del 1 de octubre. Los grupos independentistas han hecho piña para dar vía a esta iniciativa, a la cual se oponía inicialmente el PDECat, pero cedió a la presión de la CUP y ERC. La ley, aun si es aprobada, no entrará en vigor hasta que se sepa el resultado de la consulta en cuestión y en todo caso se aplicará solo si gana el sí, según rezan los artículos de la misma ley.

"Esta ley da seguridad jurídica al periodo inmediatamente posterior al referéndum si gana el sí", presumió Lluís Corominas, líder parlamentario de JxSí, quien también explicó que con esta ley se garantiza que se conozcan públicamente "los efectos del sí, el carácter vinculante del referéndum y la seguridad jurídica del proceso". Benet Salellas, diputado por la CUP, ha dicho que esta ley "pone fin al procés", puesto que "es la garantía de que después del referéndum no habrá el enésimo debate procesista entre partidos" .

Así, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, pretende regular el régimen jurídico entre el referéndum y la celebración de unas elecciones constituyentes, en el caso que Cataluña sea votada como un Estado Independidente. Debido a eso, entre sus incisos incluye su misma entrada en vigor en caso de que el referendo sea ganado por el sí, y también prevé su propia anulación si se registran más votos contrarios a la secesión.

Esta nueva ley también regula el traspaso institucional entre el régimen jurídico constitucional español y el de una Cataluña ya independiente de España. La idea es llevar a cabo un desdoblamiento legal en Cataluña por el que las leyes del país siguen operando, aprovechando la ausencia de leyes propias. Es una fórmula que hace pensar inevitablemente en la cláusula de supletoriedad, la cual fue vista en el artículo 149.3 de la Constitución de España, la cual indica que si las leyes autonómicas no incluyen una para determinadas situaciones, se podrán aplicar las leyes estatales.

Esta ley anticipa todo un conjunto de artículos determinados a la sucesión del Estado español y su administración general en la potencial República catalana y su nueva Generalitat. Así, dentro de otros tantos, hay artículos que presentan el proceso para la adquisición de nacionalidad catalana, para la cual no habrá que renunciar a otras, mantener intactas muchas de las leyes del actual régimen catalán y europeo, e incluso la subrogación por parte del nuevo Estado de todos los contratos que tenga el Estado español en Cataluña, como por ejemplo, obras, servicios y hasta convenios, sin que las condiciones sean modificadas.

"Hemos querido garantizar que todo lo que ahora funciona siga funcionando y que se mantenga igual hasta el proceso constituyente", cita eldiario.es a Salellas. Otros temas como la labor de funcionarios, derechos ciudadanos e incluso las grandes estructuras políticas como el Parlamento y los órganos de la Generalitat se quedarían tal y como están a día de hoy.

Esta ley también anticipa cómo procederán los órganos de justicia que, de acuerdo a los diputados de las agrupaciones independentistas, reproducirían una importante fracción de la estructura española, aunque sí sufrirían algunos cambios, como la erradicación de la jurisdicción del Ejército, modificaciones en el gobierno judicial o la dependencia orgánica de la Fiscalía, explica eldiario.es.

De paso, esta ley también propone una amnistía para todos aquellos políticos ya sea investigados o encausados por su actividad independentista pacífica. "Solo en esos casos. No amnistía la corrupción", explica Salellas. De acuerdo a los legisladores, esta ley será complementada por cinco decretos que presentarían algunos de sus artículos.

Cierre al debate en torno a su aprobación

La redacción de esta ley estuvo a cargo de los legisladores de JxSí y la CUP en una ponencia conjunta en la que los demás partidos se negaron a participar, y mantendría así el secreto a fin de no permitir que los tribunales procedan contra ella. En diciembre del año pasado, los dos grupos independentistas proclamaron haber llegado a un acuerdo general sobre el contenido de esta ley, la cual anunciaron en su primer artículo y los enunciados de sus epígrafes mediante una nota de prensa, aunque luego se negaron a explicar su contenido ante los medios, recuerda el mismo diario.

Lo cierto es que los partidos independentistas se habían mostrado contrariados entre sí hasta este lunes pues no eran capaces de llegar a un acuerdo sobre el momento en que esta ley debía ser aprobada, pues muchos preferían que su aprobación se diera tras la consulta de octubre. La CUP insistió hasta el cansanció en que lo más conveniente era hacerlo antes del referéndum, una postura que fue apoyada por la esquerra republicana bajo el pretexto de que es la forma de que los votantes estén conscientes de cuáles serán las consecuencias de que voten en favor de independizarse. Entretanto, el PDECaT creía que el resultado podría ser aplicado solo si se aprobaba la ley tras el referendo.

Al final, la mayoría de independentistas optaron por seguir la corriente de aprobar esta norma antes del 1 de octubre. Esto hace que la ley sea sacada del trasto hermético en que estaba guardada y la exponen a la Mesa de la Cámara, tal y como se hizo en su momento con la ley del Referéndum.

Esta norma estará todavía fuera del margen de maniobra que tiene el Gobierno central, por lo que el Tribunal Constitucional no podrá suspender ni bloquear nada hasta que el Parlament la admitra a trámite. Los independentistas, que controlan el órgano rector de la Cámara catalana, aplazaron a mediados de agosto la admisión a trámite del referéndum a fin de evitar una impugnación de parte del Constitucional.