Buscar

Núñez Feijóo, en el laberinto de la financiación autonómica

La discusión sobre la aplicación concreta del sistema de concierto entre las autoridades vascas y las estatales nunca se redujo a un terreno estrictamente técnico.

Núñez Feijóo, en el laberinto de la financiación autonómica
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta. / Twitter
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta. / Twitter

Firma

Suso Veiga

Suso Veiga

Profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Portavoz económico del BNG en el Parlamento de Galicia entre 1993 y 2005. Asesor del Gabinete de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia desde setiembre de 2005 hasta abril de 2009. Columnista político de MUNDIARIO.

Es bien sabido que Alberto Núñez Feijoo es un dirigente político que no acepta circunscribir su proyección pública al estricto ámbito de su actual función institucional.Y por eso elige aquellos temas y momentos que le parecen más propicios para conseguir una adecuada visualización de esa dimensión de potencial líder estatal.

Feijoo sabe bien lo que hay pero, además de otras utilidades mediáticas, ha deseado jugar el papel de ofendido

Por eso, las recientes comparecencias del presidente gallego para criticar la aprobación del cupo para el País Vasco y el eventual establecimiento de un modelo de financiación singular para Catalunya no cabe interpretarlas como una carencia de conocimiento de las características que posee el sistema de concierto y la trayectoria histórica registrada en los mecanismos de la financiación pública territorial en el Estado español. Ya se sabe que la ignorancia es muy atrevida pero en este caso resulta impensable considerar tal circunstancia a menos que supongamos que el staff de asesores del presidente de la Xunta alcanza el máximo nivel de incompetencia.

Feijoo sabe bien lo que hay pero, además de otras utilidades mediáticas, ha deseado jugar el papel de ofendido y aparentar una amenaza de supuesto enfrentamiento con Montoro -más que con Rajoy- para cumplir con esa imagen publicitaria de “militante de Galicia” que patentó en la campaña electoral del año pasado.

La discusión sobre la aplicación concreta del sistema de concierto entre las autoridades vascas y las estatales nunca se redujo a un terreno estrictamente técnico. Si fuera así no existirían dificultades especiales para fijar la cuantía de la aportación anual de la Hacienda vasca a los recursos públicos que administra el gobierno del Estado. La dimensión política siempre estuvo presente en esas negociaciones, con dos factores condicionantes:la coyuntura por la que atravesaba la vida pública de Euskadi y la capacidad de pacto del PNV -la fuerza nacionalista con una mayor continuidad histórica en la gobernanza de aquel territorio- con el partido hegemónico en el Congreso de los Diputados.Y todo eso con un telón de fondo indiscutible:la existencia de un notable consenso entre las formaciones políticas del Parlamento de Vitoria -traducción de un reiterado y amplio acuerdo social- respecto del mantenimiento de este específico modelo de financiación.

En la presidencia de la Xunta también conocen el papel destacado que jugaron las instituciones de Catalunya en la determinación del sistema que ha regido para las restantes comunidades durante los últimos treinta años. Como tiene trascendido en diversas ocasiones, CiU no quiso apostar por el mecanismo del concierto porque sus dirigentes no deseaban asumir los riesgos asociados al mismo:una eventual insuficiencia de recursos como consecuencia de una evolución negativa de las variables económicas y el coste social derivado del ejercicio de la capacidad normativa sobre las distintas figuras fiscales. Esta demostración de “realpolitik” por parte de Jordi Pujol tuvo repercusiones prácticas cuando el PSOE y el PP necesitaron el apoyo parlamentario de esa formación nacionalista.

Los sucesivos sistemas de financiación siguieron el mismo procedimiento:la negociación principal estaba protagonizada por los ejecutivos del Estado y de la Generalitat, certificando posteriormente sus resultados en el foro multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La lógica política dominaba el escenario: las demandas y las razones exhibidas por los gobiernos de la Xunta quedaban subordinadas a lo que se acordaba en esa real -y nunca admitida oficialmente- negociación bilateral. Fraga y, ahora Feijoo, tenían dos salidas: protestar aparatosamente cuando los socialistas ocupaban la Moncloa - recuérdese que, en la mitad de los años 90, la Xunta presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el modelo pactado entre González y Pujol- o buscar algunas contrapartidas que le permitiesen salvar la cara cuando Aznar o Rajoy disponían de la llave de la Hacienda estatal.

Abandonar la obsesión con Euskadi y Catalunya y confrontarse con los que toman las decisiones en la Administración del Estado

Si el presidente de la Xunta quiere pasar de la sobreactuación teatral a una posición dotada de la suficiente credibilidad debería optar por una hoja de ruta sustancialmente diferente: utilizar la mayoría absoluta del pazo del Hórreo para exigir al gobierno de Rajoy un modelo de financiación adaptado a las necesidades específicas de la sociedad gallega. Abandonar la obsesión con Euskadi y Catalunya y confrontarse con los que toman las decisiones en la Administración del Estado. Incluso, si quiere, puede estudiar la experiencia de la UPN (Unión del Pueblo Navarro): gobernó durante muchos años la Comunidad Foral, defendió sin ninguna duda el concierto de aquel territorio y pactó habitualmente con el PP estatal. @mundiario