¿Por qué no pasa nada cuando es el Gobierno el que incumple sentencias del Constitucional?

Palacio de la Moncloa. / Archivo
Palacio de la Moncloa.

Varios ministerios incumplieron sentencias del Tribunal Constitucional y los gobiernos de Cataluña y Euskadi echan en falta medidas al respecto. Cataluña contabiliza once sentencias incumplidas y desde Euskadi se aprecia otro caso de inconstitucionalidad en políticas de empleo.

¿Por qué no pasa nada cuando es el Gobierno el que incumple sentencias del Constitucional?

Desde Cataluña y Euskadi se preguntan por qué no pasa nada cuando es el Gobierno de España el que incumple sentencias del Tribunal Constitucional (TC). De hecho, varios ministerios han incumplido sentencias del alto tribunal.

El Tribunal Constitucional tiene potestad sancionadora para castigar a quien se salte la Constitución, pero ese estatus no parece que afecte al Gobierno. Sí, en cambio, a las comunidades autónomas. En ese sentido, desde Cataluña y Euskadi, sus gobiernos se preguntan si los ministerios también van a ser sancionados tras haber incumplido sentencias del Tribunal Constitucional.

Lo único cierto es que Artur Mas se ha convertido este lunes en el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha impuesto al expresidente Mas la pena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, pese a que había sido prohibida por el TC.

Mientras, el Gobierno central ha incumplido varias veces y lo sigue haciendo sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en relación al reparto de competencias con las comunidades autónomas.

Cataluña contabiliza once sentencias incumplidas por parte de tres ministerios y desde Euskadi se aprecia otro caso de inconstitucionalidad que afecta a las políticas de empleo

El Gobierno de Cataluña ha contabilizado once sentencias incumplidas por parte de los ministerios de Agricultura, Trabajo y Sanidad.

Otro caso de inconstitucionalidad del Gobierno que preside Mariano Rajoy afecta a las políticas de empleo en la comunidad autónoma vasca.

La Generalitat catalana recuerda que hay al menos tres sentencias del Constitucional que piden que Sanidad devuelva a las autonomías la potestad para otorgar subvenciones a programas de cooperación y voluntariado social a cargo del 0,7% del IRPF. La sentencia obliga al Gobierno central a ceder a la Generalitat la recaudación de la casilla de la declaración de la renta destinada a fines sociales. Además, otras cuatro sentencias recriminan que se asuma desde el Estado las subvenciones para la integración de inmigrantes, servicios sociales e igualdad, las dedicadas a proyectos de innovación social y las de política social y consumo.

El Tribunal Constitucional recordó en 2013 y 2014 al Ministerio de Agricultura que estaba invadiendo competencias autonómicas al repartir ayudas para programas contra contaminación y cambio climático, así como subvenciones para fines de interés medioambiental.

A su vez, el TC sentenció en 2011 y 2013 que el Ministerio de Trabajo debía dejar de repartir ayudas para plazas de alojamiento para inmigrantes y subvenciones en el área de servicios sociales, familias y discapacidad. Estas ayudas, advertía el Tribunal Constitucional, son competencia de las comunidades autónomas.

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