Con el mismo fundamento, Cataluña puede declarar la independencia, la guerra a Andorra o tomar la Bastilla

Me he aburrido de explicar que la única diferencia jurídica entre un español residente en Cataluña y uno de Cabra o de Barallobre es la “vecindad civil”; es decir, que los españoles y extranjeros nacionalizados que viven en Cataluña son sujetos (activos o pasivos) del ejercicio de las competencias cedidas por el Estado que competen a los gobiernos regionales o, en su caso, del derecho foral o de aquellas instituciones de Derecho Civil propias de la comunidad y diferentes o alternativas al Derecho Civil común. Y no hay otra.

El Parlamento de Cataluña posee unas competencias tasadas, dentro del Estatuto y de la Constitución. Y se acabó. La plena legitimidad y la absoluta legalidad soberanas pertenecen al Estado de Derecho configurado y definido por nuestra Constitución. No puede ser que un parlamento autonómico creativo acuerde válidamente por mayoría lo que les venga en gana hasta remodelar el Estado. Están en ello. Es decir, que una parte de los españoles con vecindad civil en Cataluña van a decidir, ellos solos, el futuro del conjunto de España, incluido a quien se le otorga el ejercicio de la nacionalidad española o con qué otras es compatibles. Es de locos.

Un medio para la independencia.

La legitimidad es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública. Y conviene recordar que sólo el poder legítimo obliga a la obediencia, pero no el ilegítimo no. Pero, ¿qué otorga legitimidad al poder? ¿Qué genera para los ciudadanos la obligación moral de obedecer?: La Ley. En Cataluña se la saltan según conviene. E inventan otra.

Nos enseña Duverger  que legitimidad es en sí misma una creencia final que depende estrechamente de las ideologías y de los mitos extendidos en la sociedad: “Cada ideología trata de definir la imagen de un gobierno ideal. Considera como legítimos los gobiernos que se acercan a esta imagen, siendo ilegítimos los otros”. De tal modo, que podemos encontrar legitimidades para todos o, lo que es lo mismo, justificar todas las legitimidades. El politólogo francés es muy crítico en cuanto al uso que de la legitimidad hacen los partidos políticos: “Cada partido tiende a considerar que el poder se ejerce de acuerdo con el interés general cuando lo ejerce él, mientras que cuando se encuentra en manos del adversario persigue sólo el interés particular”. Parece que pensaba en el proceso que vive ahora la región catalana.

¿De dónde sale, con qué fundamento jurídico, se puede sostener que si se rompe con la legalidad de la que es en sí mismo consecuencia, el parlamento autonómico asume o adquiere otra distinta. Otra legitimidad, ¿otorgada por quién? ¿Acaso por la mayoría de los españoles que tienen vecindad civil en aquella comunidad (insisto en que los catalanes no son otra cosa)? Pues no parece que sé de eso. Pero se pretende y si no, se disfraza. El parlamento no fue elegido para otra cosa que dotar a aquella comunidad de un gobierno autonómico que resuelva los problemas de los ciudadanos y ejercer, dentro del Estatuto y la Constitución, sus competencias legislativas. No para ejercer otras que no posee.

¿Quién va a reconocer a una Cataluña rebelde?

Cataluña no figura entre los territorios a los que la comunidad internacional reconoce el derecho a la autodeterminación, porque no es un territorio sometido por nadie, sino una parte de una nación soberana. Ni el Estado permitiría, ni creo que nadie (salvo Gibraltar y Biafra) se atreverían no ya a reconocer, sino e interferir la secesión unilateral de una parte de un estado soberano, miembro de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Que no sueñen. ¿A qué vienen esas ensoñaciones con pretensiones de dictamen, augurando que la rebelión de una parte de Cataluña hallará valedores que la apuntalen frente al Estado que debe cercenarla y reconducirla?

Y hay que aplicar la ley, esa Constitución que se quiere ignorar desde instituciones que de la propia Carta Magna emanan; pero sin miedo, con plena responsabilidad. Que el Estado se defienda cree nuevos enemigos de ese Estado es una sesgada interpretación para llevar al agua a otros molinos. Que el Estado se defienda debe confortarnos, no todo lo contrario. Además, ¿es que cabe otra cosa?

Si una parte de la sociedad catalana quiere separarse de España tienen un camino: promover la reforma de la Constitución y convencernos a los demás. Y sus panegiristas de por aquí lo saben. El Estado no tiene que confrontar su legalidad y su legitimidad con los rebeldes. Tiene que cumplir la Ley con todos los instrumentos en su mano. Como se hizo en su día, como se deberá hacer ahora.

El Parlamento de Cataluña es soberano. O sea, que puede, decidir lo que quiera: la toma de la Bastilla, declarar la guerra a Andorra o la independencia. Por acordar, “la cómoda mayoría” nacionalista, puede acordar lo que le apetezca. Pero vamos a ser un poco más serios y no seguir haciéndoles el juego a estos padres fundadores de la nada.Ya nos han explicado cómo van a declarar la independencia de Cataluña y hasta han avanzado las medidas legislativas tales como que han resuelto que los habitantes de la República Catalana podrán conservar la nacionalidad de ciudadanos del Reino de España.

Los otros responsables

Pero no olvidemos quiénes coadyuvaron a que llegáramos hasta aquí. El primero el expresidente Zapatero, aquel que dijo que “la nación es un concepto discutible y discutido” o “manden lo que sea, que Madrid lo aprobará” y lo mandaron. Y el otro es el actual presidente, Mariano Rajoy por no actuar a tiempo. Si no podía contar con el apoyo del PSOE (nadador entre dos aguas) para intervenir la autonomía, sí tendría el respaldo del conjunto de los españoles. Si el choque de trenes era inevitable, como lo será, al menos pudo impedir que el la secesión tomara velocidad.

Zapatero y Rajoy, caricutarizados.

Si, como esperemos, los planes y acuerdos que van avanzando Puigdemont y los suyos fracasan, no hay duda de que se habrá fabricado un nuevo agravio histórico para Cataluña, por ello, como dijo Ortega, es un problema sin solución que debemos acostumbrarnos a conllevar.