México no facilita la entrada de niños que huyen de la violencia de las pandillas en Centroamérica

La violencia de las pandillas ha plagado los países del 'Triángulo Norte' de América Central, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, desde hace más de diez años. Los niños son un blanco particular de las maras y pandillas en estos tres países.

En un reciente informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch se recogen testimonios de niños que salieron en busca de seguridad, con o sin sus padres u otros familiares, después de que ellos o sus familias fueran presionados para unirse a pandillas locales, amenazados con violencia sexual y explotación, secuestrados, sometidos a la extorsión, o tras sufrir violencia doméstica.

El informe, de 165 páginas, y denominado Puertas Cerrados: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central documenta "grandes contradicciones" entre la legislación mexicana y su puesta en práctica.

Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad corren peligro si son devueltos a su país de origen, pero menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados. "Sobre el papel, la ley mexicana parece proporcionar todas las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de origen porque temen por sus vidas", dijo Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. "Pero en realidad sólo unos cuantos reciben asilo, lo que refleja que, a pesar de que los niños y adultos de América Central afrontan serias amenazas, el gobierno no está tomando debidamente en consideración sus solicitudes".

Human Rights Watch entrevistó a 61 niños y más de 100 adultos que llegaron a México desde El Salvador, Guatemala y Honduras. También habló con funcionarios del gobierno mexicano; representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la agencia de la ONU para los refugiados, y representantes de organizaciones no gubernamentales. Además, revisó archivos de casos y datos recopilados por las agencias de inmigración y protección de refugiados de México.

El caso de Edgar

Entre los testimonios recogidos se encuentra el de Edgar V, de 17 años, quien huyó de Honduras por problemas con la pandilla. "Querían que me uniera a ellos y yo no quería, así que tuve que huir", contó Edgar a Human Rights Watch.

La intimidación que sufría en la escuela era intensa y, poco después de que uno de sus compañeros de clase fuera asesinado por llevar una camisa de un color asociado con una banda rival, Edgar dejó de asistir.

A pesar de que trató de no llamar la atención, la pandilla continuó presionándole para que se sumara a sus filas. "Vinieron a mi casa y me dijeron que me uniera a la banda", recordó. "Me pegaron. Me golpearon y me caí al suelo. A partir de entonces, ya no me golpearon, pero amenazaron a mi madre. Dijeron que me matarían a mí y a mi madre".

Edgar calcula que su familia gastó alrededor de 1.000 dólares (unos 880 euros) para que viajara desde Tegucigalpa a San Pedro Sula y luego en autobús hasta la frontera con Guatemala. "En Guatemala me quedé en un hotel una noche y luego tomé otro autobús. Después otro hotel, no recuerdo el nombre de la ciudad ,y luego otro autobús. Seguí haciendo eso" comenta el adolescente.

Edgar consiguió llegar hasta el estado mexicano de Oaxaca. "Estaba en un autobús en Oaxaca y habíamos llegado a un punto donde había unos tres policías de inmigración en la carretera. Pararon el autobús. Empezaron a preguntar a todos: '¿tienes papeles? ¿de dónde eres?' Los que respondimos de El Salvador u Honduras tuvimos que bajarnos del autobús".

 "En la comisaría me hicieron muchas preguntas. Me preguntaron si viajaba solo, quién me había dado el dinero. Me preguntaron todas esas cosas. Cómo había cruzado la frontera".

"Le dije al oficial de inmigración que no podía volver aquí", contó Edgar. Incluso le enseñó al agente una copia de la denuncia que él y su madre habían presentado. "Entonces me dijeron que podía pedir asilo. Les dije que sí, pero para entonces yo ya estaba encerrado y me dijeron que eso llevaría mucho tiempo. Yo no podía soportar eso. Al menos entre dos y seis meses (más en detención) sólo para recibir la respuesta", expone.

"Cuando me dijeron que pasarían al menos seis meses hasta recibir una respuesta, dije que no, yo no quiero eso. Me enviaron aquí", dijo, refiriéndose al centro de recepción en San Pedro Sula, donde habló con Human Rights Watch el día en que fue devuelto a Honduras.

Aumentan las detenciones

Estos hallazgos se producen en un momento en el que el número de niños indocumentados que han sido detenidos por las autoridades mexicanas registra un gran aumento. Las autoridades migratorias de México detuvieron a más de 35.000 niños en 2015, casi un 55 por ciento más que en 2014, y un 270 por ciento más que en 2013.

Según el informe, consultado por OTR/Press, este incremento refleja en parte el creciente apoyo financiero que el gobierno de Estados Unidos ha concedido a México para que implemente un control migratorio más estricto desde mediados de 2014, cuando empezaron a llegar a EE UU cifras récord de centroamericanos, niños no acompañados y familias con niños.

Este incremento refleja en parte el creciente apoyo financiero que el gobierno de Estados Unidos ha concedido a México para que implemente un control migratorio más estricto desde mediados de 2014, cuando empezaron a llegar a EE UU cifras récord de centroamericanos, niños no acompañados y familias con niños.

Human Rights denuncia que cuando los niños huyen a México, los agentes migratorios con frecuencia no les informan sobre su derecho a pedir asilo ni los evalúan adecuadamente para determinar si cumplen con los criterios válidos para ser reconocidos como refugiados, descubrió la organización.

Los menores que solicitan asilo no reciben asesoría jurídica ni de ningún otro tipo a menos que tengan la suerte de ser representados por una de las pocas organizaciones no gubernamentales que proveen asistencia jurídica a los solicitantes de asilo. Los procesos de asilo no están diseñados teniendo en cuenta a los niños y con frecuencia sólo los confunden.

Los niños que quieren solicitar asilo también afrontan la amenaza de la detención prolongada. Varios niños contaron a Human Rights Watch que los agentes migratorios les advirtieron que la mera presentación de una solicitud de asilo resultaría en un período de detención más largo. Human Rights Watch también habló con varios niños y padres que decidieron no pedir asilo o retirar su solicitud, e incluso aceptar la devolución a sus países de origen a pesar de los riesgos, debido a que no querían permanecer encerrados.

La legislación mexicana establece que los niños no acompañados deberían ser transferidos al cuidado del sistema de protección de menores de México y que sólo deberían ser detenidos bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, la detención de niños migrantes parece ser la norma.

Incluso los niños con la suerte suficiente para acabar en refugios operados por la agencia de protección de los menores de México experimentan una variante de detención. No acuden a las escuelas locales y apenas tienen contacto con la comunidad. A menos que necesiten atención médica especializada, permanecen encerrados en el recinto del refugio durante la duración de su estancia.

Bajo las leyes internacionales, los niños no deben ser detenidos como medida de control migratorio; en su lugar, los Estados deben "poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su estatus migratorio", tal como establece el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. "México tiene la obligación de proporcionarles a estos niños protección y cuidados adecuados en un entorno apropiado", concluye Human Rights Watch.