Luces y sombras del Parlamento de Galicia en sus 35 años de vida
La actividad desarrollada por las distintas fuerzas de la oposición permitió conjurar el peligro de una desconexión letal entre representantes y representados: lo que se movió en la calle llegó a la institución.
En el pasado mes de diciembre, el Parlamento de Galicia cumplió 35 años de vida. La envergadura de la cifra invita a hacer algunas reflexiones sobre las luces y las sombras de una institución que tiene mucha importancia en el desarrollo de cualquier sistema político democrático.
Toda cámara parlamentaria debe realizar, por lo menos, tres funciones básicas: debatir y aprobar leyes que determinen los derechos y los deberes de las personas que conviven en el tejido social existente; analizar las opiniones y las reivindicaciones que se susciten en el seno de la ciudadanía y practicar un riguroso control del gobierno. Semejantes tareas serán acometidas con mayor o menor eficacia dependiendo, en una buena medida, de la composición y del funcionamiento reglamentario de la propia institución.
La capacidad legislativa del Parlamento gallego estuvo condicionada por el marco competencial recogido en la Constitución de 1978 y en el actual Estatuto de Autonomía y, también, por el alcance de las transferencias acontecidas en las décadas posteriores . Obviamente, no se puede olvidar una circunstancia decisiva en este período histórico: en los 35 años -y sin considerar el sucedido en las elecciones del pasado Septiembre-, el PPdG administró una mayoría absoluta de escaños durante 24 años (16 con Fraga y 8 con Feijóo) y sólo hubo un gobierno diferente durante 6 años (1987-1989 y 2005-2009). La dinámica de la institución padeció las circunstancias de esta hegemonía continuada: se mantuvo vigente un reglamento restrictivo para las minorías y se consolidó una dependencia excesiva del poder ejecutivo.
A pesar de estas limitaciones significativas, se puede afirmar que la Cámara gallega conoció y discutió todos los problemas y demandas relevantes surgidas en el cuerpo social. La actividad desarrollada por las distintas fuerzas de la oposición permitió conjurar el peligro de una desconexión letal entre representantes y representados: todo lo que se movió en la calle fue trasladado al interior de la institución. Otra cosa fue la poca receptividad demostrada, habitualmente, por la mayoría parlamentaria y, por tanto, la poca capacidad exhibida para mejorar la credibilidad del propio Parlamento ante el cuerpo electoral.
Si bien es cierto que la democracia legitima el gobierno de la mayoría expresada en las urnas también resulta indiscutible que la calidad de este sistema está directamente vinculada con el adecuado ejercicio del control por parte de las fuerzas políticas minoritarias. Esta labor de oposición sólo puede conseguir niveles óptimos si hay una elevada transparencia en la gestión de los recursos públicos y un clima mediático favorable al respeto de la pluralidad y de la libertad de expresión (medios públicos no gubernamentalizados y grupos de comunicación privados no enfeudados al poder político vigente). En este ámbito, el balance de la vida parlamentaria gallega presentó serias deficiencias:la continuidad de las mayorías absolutas erosionó notablemente la posibilidad de un control efectivo de la gestión gubernamental. El complemento de un sistema mediático que, en la mayor parte de los casos, no ejerció un contrapeso real a las dinámicas impuestas desde San Caetano, dificultó gravemente el impulso de propuestas regeneradoras de los defectos persistentes durante estas décadas.
La conversión del Parlamento gallego en el centro de la vida política sigue siendo una asignatura pendiente. Serán necesarios cambios legales y una mayor exigencia ciudadana para que esta pieza básica de la arquitectura institucional del autogobierno gallego sea capaz de conectar con las fuerzas mas creativas que habitan en el cuerpo social.
