La leve condena a la hermana del Rey y a su cuñado les hace escaso favor

La infanta Cristina, junto a Iñaki Urdangarin.
La infanta Cristina, junto a Iñaki Urdangarin.

El único que sale bien parado es Felipe VI, que ha tomado la suficiente distancia de los hechos  y ha adoptado un estilo sobrio y profesional en su magistratura, bien alejado del estilo campechano de su antecesor, que solo le honra.

La leve condena a la hermana del Rey y a su cuñado les hace escaso favor

Históricamente la justicia era atributo del rey o del señor feudal, de quien tenía la fuerza. Y la ejercía frecuentemente en forma muy visible, a través de juicios o ejecuciones concebidos como  espectáculos dirigidos a exhibir  el poder. La entronización de la Justicia como poder público independiente del Ejecutivo y basado exclusivamente en la ley ha ido acompañada de la demanda de igualdad de todos ante la ley, acabando con el sistema del viejo régimen, de justicia estamental, distinta para cada clase social. 

Simbólicamente la Justicia se representa como una cariátide ciega que ostenta en una mano la espada de la fuerza y en la otra la balanza para ponderar delitos y penas. Fuerza ciega y balanza sutil. La realidad cotidiana de los tribunales ofrece con frecuencia motivos de espanto o de maravilla, según la percepción de cada ciudadano.

Hace unas semanas eran enjuiciados una hermana del Rey, e hija de otro Rey, y su marido, de profesión sus influencias. Ambos agraciados con un título nobiliario, no por menospreciado  menos irrelevante, como el de Duques de Palma, ya que, como se acreditó en autos judiciales, abría puertas en ámbitos institucionales y empresariales. Con ellos, se sentaban en estrados una variada cohorte de intermediarios, políticos y colaboradores. Un juicio por corrupción de larga y azarosa instrucción, bajo una espectacular cobertura mediática y cuyos efectos están dinamitando la imagen de la Justicia institucional.

Esta columna de opinión no es lugar para el análisis jurídico de la sentencia ni de sus fundamentos de derecho. Nos limitaremos al análisis de la sentencia bajo el prisma de la situación política española. Algo relevante pues la denuncia y el juicio forman parte de la cruzada anti-corrupción emprendida en los últimos años como reacción ante la evidencia de los desmanes y excesos de todo tipo que tuvieron lugar en nuestro país durante los años de la bonanza económica.

La primera cuestión que salta a la vista es la irregular actuación de la Justicia española en este y en otros casos de similares características. En primer lugar por las instrucciones judiciales. Jueces y fiscales tienen dificultades para sustraerse a la presión mediática en sucesos de corrupción. En el caso Nóos, juez instructor y fiscal han rivalizado en competencia mediática, abandonando la aburrida función jurisdiccional que se les supone en beneficio de la agradecida presencia mediática, comentando durante meses preocupaciones, posibilidades o simplemente ocurrencias sobre asuntos en los que intervenían profesionalmente. Luego, el Tribunal del caso, ha pronunciado un veredicto que cuestiona el papel de aquellos durante la instrucción,  dejando exonerados a la mayor parte de los acusados y con penas muy inferiores a las solicitadas, al resto de procesados. Caben dos interpretaciones: o bien la sentencia supone una censura profunda de la instrucción, o bien se dicta atendiendo a otras consideraciones. En cualquiera de los casos sufre la Justicia. Además el tribunal balear rechaza las medidas cautelares trasladando la decisión definitiva al Tribunal Supremo, lo que implica al menos un año de demora.

¿Existen suficientes medios para la instrucción o cualificación profesional adecuada para abordar casos complejos con múltiples investigados que disponen a su favor de otros tantos bufetes especializados en exprimir las garantías procesales mejor acomodadas a sus clientes?

Como viene siendo habitual en los juicios por corrupción, el número de condenas dista mucho tanto de las imputaciones o investigaciones practicadas como de las demandas de la instrucción o de la fiscalía. Pareciera que éstas actuasen bajo la presión social o mediática, mientras que los tribunales, más distanciados emocionalmente de los fenómenos, solo reconocerían una parte de las imputaciones. Nadie del Poder Judicial ha abordado esta cuestión, tan preocupante para la salud democrática del país. Como no se ha abordado la instrucción prolongada en el tiempo de tantas causas, con decenas de investigados sobre quienes pesan acusaciones poco consistentes mientras se filtran a los medios de comunicación, sistemáticamente, aspectos de la instrucción sometidos a reserva. Cabe preguntarse si existen suficientes medios para la instrucción o  cualificación profesional adecuada para abordar casos complejos con múltiples investigados que disponen a su favor de otros tantos bufetes especializados en exprimir las garantías procesales mejor acomodadas a sus clientes. Problema que no se solucionará trasladando la instrucción del juez al fiscal que adolece de los mismos problemas.

Como cabe preguntarse por los mensajes sutiles que, de forma discrecional, envían jueces y magistrados a la opinión pública, de suerte que unos investigados comparecen esposados y desaseados mientras otros lo hacen literalmente en una pasarela mediática. Lógicamente aquellos son de inmediato condenados en el tribunal de la opinión publicada mientras los otros caen en el lado de la ambigüedad y el posibilismo.

La leve condena a la hermana del Rey y a su cuñado les hace escaso favor. Ante la opinión pública han quedado destrozados, ella por inútil y él por aprovechado. Les ha faltado la mínima talla moral para asumir responsabilidades y pedir perdón. La altivez ha sido en este caso el disfraz de quienes han supuesto que disponen todavía de influencia suficiente como para lograr que por vía de sentencia o de su aplicación, el sufrimiento sea mínimo. Queda para los robagallinas el sufrimiento carcelario.  El único que sale bien parado es Felipe VI, que ha tomado la suficiente distancia de los hechos  y ha adoptado un estilo sobrio y profesional en su magistratura, bien alejado del estilo campechano de su antecesor, que solo le honra.

El Consejo General del Poder Judicial concentra los peores vicios del sistema político español. Sus miembros son designados en muchos casos por los partidos políticos, en base a criterios de lealtad y no de idoneidad 

Todo lo anterior remite a la Justicia como poder del Estado. Su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, concentra los peores vicios del sistema político español. Sus miembros son designados en muchos casos por los partidos políticos, en base a criterios de lealtad y no de idoneidad. Repasar el curriculum de muchos de ellos causa desazón, pues sus méritos deberían de incapacitarlos para la función que ocupan. Y sus funciones no son menores: designan a todos los Presidentes de los Tribunales Superiores autonómicos, a los Presidentes de Audiencias Provinciales, magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de sus Salas, dirigen la formación de los futuros jueces y ejercen la potestad disciplinaria. Si atendemos a la Fiscalía, cuyo Jefe es designado por el Ejecutivo y a su vez designa a todos los Fiscales-Jefe provinciales, entre otros, y puede determinar el sesgo de cualquier investigación, tenemos una imagen clara de subordinación al gobierno. Sistema judicial politizado y Fiscalía gubernamental. Una mezcla que deteriora el Estado de Derecho.

Los nuevos partidos políticos surgieron contra las prácticas de los tradicionales. Conseguida su respectiva cuota de poder han bajado el nivel de sus críticas. Ahora aspiran a su cuota en las instituciones, no a regenerarlas. Y sin embargo una de las principales asignaturas pendientes de la democracia española, sigue siendo la revisión del papel de los partidos. De un lado reduciendo su peso en las listas electorales  cerradas y bloqueadas en favor de una mayor participación del electorado, al  igual que reduciendo el tamaño de las circunscripciones para posibilitar mayor proximidad entre elegidos y electores. Y de otro acabando con el control partidario sobre los organismos reguladores: Mercados, Competencia, Valores, Banco de España, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, la lista no es exhaustiva.

La desazón provocada por la sentencia de la Audiencia de Palma, resume todo lo anterior. Una Justicia ciega, sobre todo ante la sociedad a la que sirve, luchas de poder en toda la superestructura judicial y la evidencia de que la igualdad ante la justicia, es como la igualdad de oportunidades. El lugar de nacimiento sigue siendo un buen predictor. Que se lo pregunten a la Infanta de España, Duquesa de Palma, representante de su país en innumerables actos y a la postre, carente de la dignidad moral mínima para asumir las consecuencias de su vida privada. La sentencia que la exonera es el  peor ejemplo posible para una sociedad asolada por la corrupción y la impunidad.

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