El Gobierno del PP creó una policía política que llegó a investigar ciudadanos sin orden judicial

Existen fundadas sospechas de que el anterior ministro del Interior del Gobierno español, Jorge Fernández Díaz, construyó una policía patriótica o política que solo respondia ante él, orientada a debilitar el independentismo catalán y a investigar personas del interés del Ministerio del Interior sin orden judicial. ¿Hacia un Estado policial en España?

Me tengo por persona de ley. O, como diría mi difunta abuela, por lo que antes llamaban "hombre de orden". Por eso cuando fue del 11-M, en el ya lejano 2004, creí  el relato del Ministro del Interior por lo menos durante las primeras tres o cuatro horas, hasta que  quedó claro  que mentía. Como había mentido su Gobierno en pleno pocos meses antes, cuando ocurrió  la catástrofe (ambiental y democrática) del Prestige. Desde entonces sigo defendiendo a los funcionarios policiales, pero desconfío siempre de sus mandos políticos, ora ministros del Interior, directores generales de la Policía y Guardia Civil, ora delegados del Gobierno o determinados comisarios generales "pata negra", que creen  responder sólo ante su ministro y ante la Historia.

Existen ya pruebas de cargo  suficientes que demuestran la conspiración delictiva, cuando no  la autonomía de actuación al margen de cualquier control democrático, de  unidades policiales completas

Existen ya pruebas de cargo  suficientes que demuestran la conspiración delictiva, cuando no  la autonomía de actuación al margen de cualquier control democrático, de  unidades policiales completas. La llamada policía política o policía patriótica, creada por el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, parece ya una realidad acreditada. Una policía usada fraudulentamente para combatir el independentismo catalán –pacífico, conviene no olvidarlo–. Son vergonzosas las grabaciones donde el ministro animaba al jefe de la oficina Anti-fraude catalán para espiar parientes de Francesc Homs, Artur Màs u Oriol Junqueras, prometiéndole apoyo abierto desde la Fiscalía y  vanagloriándose ambos de haber deshecho la sanidad catalana.

Qué decir del comisario Villarejo, sospechoso de herir a cuchillo a una doctora supuestamente acosada por el presidente de Ferroglobe, Javier López Madrid, y de usar los medios de la Administración en beneficio de su agencia de información? O de las interferencias  en relación con  las pesquisas policiales sobre el duplex del ex presidente madrileño, Ignacio González, en la Costa del Sol? O del absoluto ridículo de  atribuirle al entonces alcalde barcelonés, Xavier Trías, la titularidad de una cuenta falsa en Suiza?

Pues bien, hasta  ahora solo el Parlament catalán abrió una investigación oficial sobre estos hechos delictivos, mientras que PP, Cs y, hasta ahora, el PSOE –buena oportunidad para que Pedro Sánchez muestre su cambio  de paradigma– bloquearon cualquier investigación  desde el Congreso de los Diputados.

En una democracia solo nos pueden investigar en virtud de orden judicial. Lo otro se llama Estado policial o Estado autoritario.