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¿Le faltó capacidad de negociación al Gobierno español con Cataluña?

La ONU ha establecido que un país solo se puede declarar independiente en el caso de invasión militar, dominio colonial o de violaciones a los derechos humanos.

¿Le faltó capacidad de negociación al Gobierno español con Cataluña?
La bandera de España –en el centro–, junto a las de Europa y Cataluña.
La bandera de España –en el centro–, junto a las de Europa y Cataluña.

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Verónica Ormachea

Verónica Ormachea

Esta columnista de MUNDIARIO es escritora, periodista y politóloga. Fue colaboradora de los diarios 'Presencia', 'La Razón' y 'El Nuevo Día' y actualmente también escribe en 'Página Siete' de Bolivia. Cursó estudios en las universidades de La Sorbona y de Harvard.

Los catalanes ejercieron su derecho legitimo y democrático de votar al expresar su deseo de independizarse de España el 1-O. A pesar de que obtuvieron el 90% de los votos, su victoria es sólo un dato que quedará en los anales de su historia. Y, mientras no haya reconocimiento, no hay independencia. Su anhelo es abstracto porque el referéndum es inconstitucional y no tiene ningún valor legal. Han vulnerado el Estado de Derecho y tratado de anular la soberanía nacional de España. Incluso no han cumplido con su propio estatuto autonómico.

Les será imposible lograr su equivoca independencia aunque el presidente de la Generalitat Puigdemont la declare. Solo quedará en un discurso. No es políticamente correcto que una región declare su independencia de forma unilateral de una nación. Que busque un nacionalismo absurdo.

Lo grave es que Cataluña ha marcado una escisión peligrosa para la democracia española y dado mala imagen al mundo. El Gobierno central intervino y hubo más de ochocientos heridos. Otra situación hubiera sido si el Gobierno de España convocase al referéndum, aunque aquello jamás tendrá lugar para evitar la arriesgada secesión.

Las naciones se forman con gobiernos soberanos, en territorios consolidados y delimitados, con leyes definidas, y en el marco de la democracia, libertad y unidad nacionales. Los países son indivisibles y cuando les han usurpado territorios han luchado –incluso con las armas– por recuperarlos. No existe en la Constitución española ni en ninguna el derecho de una región a declararse independiente.

La ONU ha establecido que un país solo se puede declarar independiente en el caso de invasión militar, dominio colonial o de violaciones a los derechos humanos, como en el caso de Kosovo, que logró la independencia de la ex Yugoslavia, aunque con el reconocimiento de pocos países. Una situación muy distinta a la de Cataluña. El estatus de Cataluña, tendría que ser reconocido por la ONU así como por la UE, lo cual España no aceptará.

El Consejo de Seguridad de la ONU – al que pertenece Francia- tiene reticencias a la secesión ya que otras regiones también buscan independizarse, como Córcega. También temen que su aprobación provoque el efecto domino lo cual complicaría el escenario internacional. Recordemos que uno de los objetivos de crear la UE fue para unir Europa y evitar las guerras y divisiones.

Cataluña es una de las 17 regiones autonómicas de España. Sus ciudadanos buscan su independencia porque tienen gobierno propio, idioma, policía, bandera, parlamento y una suerte de idiosincrasia particular. Contempla el 16% de los habitantes de España. Tiene la economía más importante entre las comunidades autónomas. Genera el 19% de PIB español y el 25% de las exportaciones de España. También vive de los ingresos del turismo ya que es la región mas visitada del país.  Es el territorio más industrializado de España y cuenta con un importante sector financiero que ahora, a raíz del 1-O, está trasladando sus sedes a otras regiones.

Los catalanes pagan más impuestos de los que el Gobierno central  invierte en su región. Dicen: “Mientras nosotros trabajamos, los demás viven de nuestro trabajo”, dicen. Rearmar un país no es cosa fácil. Hay que crear instituciones como un banco central, oficinas de impuestos, definir que moneda van a usar, buscar mercados para exportar sus productos. Es más, todo esto cuesta mucho dinero que no se sabe si podrán afrontar, más aun cuando tienen una deuda de U$ 90.000 millones, gran parte de la cual, deben al gobierno español.

Al Gobierno central le faltó capacidad de negociación con los catalanes. Debería ignorar la votación. Anularla es reconocerla. Ésta ha sido la peor crisis de gobernabilidad en España desde el intento de golpe de Estado de Tejero en 1981.